Desde este jueves, el Gobierno comenzó a aplicar pruebas de polígrafo al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) como parte de la operación de control interno anunciada tras la ampliación del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao. El objetivo es reforzar la vigilancia sobre agentes penitenciarios y detectar posibles vínculos con redes criminales que continúan operando desde los establecimientos carcelarios.
La medida se ampara en el Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM, que autoriza el uso del polígrafo en trabajadores de penales y otros funcionarios definidos por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC).
El primer penal que pasará por el polígrafo
El presidente José Jerí anunció, a través de redes sociales, que el proceso arranca el día de hoy. La primera etapa se ejecutará exclusivamente en Lurigancho, el penal más grande y hacinado del país, que supera los 10 mil internos. El INPE confirmó que esta sede concentra un alto nivel de riesgo por la presencia de redes dedicadas a extorsiones, tráfico de comunicaciones y coordinación delictiva hacia el exterior.
Las pruebas serán aplicadas durante la jornada laboral y bajo protocolos diseñados por el Unidades de Credibilidad del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA). Aunque no se ha precisado el número total de trabajadores que pasarán por la evaluación, se ha establecido un flujo de 73 pruebas diarias como capacidad inicial.
Condiciones de los penales del país
El 28 de octubre, el jefe del INPE, Iván Paredes, adelantó que Lurigancho sería el primer penal en aplicar el polígrafo, señalando que la medida responde directamente a lo dispuesto por el estado de emergencia. Entonces, la institución se encontraba elaborando el protocolo de aplicación y seleccionando al primer grupo de evaluados.
Por otro lado, Paredes también reconoció que solo 30 de los 69 penales del país cuentan con bloqueadores de señal, muchos de ellos inoperativos o diseñados para interferencias 2G y 3G. La mayoría de teléfonos incautados hoy funcionan con tecnología 4G y 5G, lo que complica el control de comunicaciones ilícitas.
Incluso Challapalca, considerado penal de máxima seguridad, carece de bloqueadores efectivos, lo que evidencia la vulnerabilidad del sistema frente a redes criminales que coordinan desde el interior.
Sistema penitenciario bajo presión
El uso del polígrafo surge en un contexto de cuestionamientos severos sobre la capacidad del sistema penitenciario para contener las operaciones criminales que se organizan desde los penales. En las últimas semanas, autoridades ejecutaron operativos de incautación de celulares, cortes de energía para interrumpir comunicaciones ilegales y revisiones extraordinarias en pabellones de alto riesgo.
A ello se suman reportes de extorsiones dirigidas desde cárceles, fugas recientes, denuncias de corrupción en puestos clave y un déficit operativo en control tecnológico.
Corrupción interna y control de los pabellones
Testimonios recogidos en investigaciones previas describen que, en penales como Lurigancho, existen delegados internos que administran la vida cotidiana de los pabellones y gestionan pagos, privilegios y acceso a bienes prohibidos. Un exrecluso explicó que esta estructura no solo controla el ingreso de nuevos internos, sino también la distribución de recursos y la coordinación de sobornos a personal penitenciario.
Estos mecanismos se extienden incluso a beneficios penitenciarios. Según su testimonio, informes de reducción de pena por trabajo o estudio pueden emitirse sin que el interno participe realmente, a cambio de pagos directos a funcionarios o técnicos.
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