ARA San Juan: Casación avanza con la revisión del fallo y la audiencia podría realizarse en diciembre

El expediente ingresó a la vocalía de Javier Carbajo, presidente de la Sala IV y encargado del primer voto. Los camaristas deberán examinar los recursos contra la condena a Claudio Villamide y las absoluciones de otros tres ex altos mandos de la Armada por el hundimiento del submarino

La Sala IV de Casación revisa el fallo por el hundimiento del ARA San Juan y podría celebrar en diciembre una audiencia para escuchar los recursos de las partes (Gentileza: Revista DeySeg)
La Sala IV de Casación revisa el fallo por el hundimiento del ARA San Juan y podría celebrar en diciembre una audiencia para escuchar los recursos de las partes (Gentileza: Revista DeySeg)
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A pocos días de haberse cumplido nueve años de la tragedia naval más importante del país, la Cámara Federal de Casación Penal avanza con la revisión de la sentencia por el hundimiento del submarino ARA San Juan, en el que murieron sus 44 tripulantes. Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales cercanas al expediente, las actuaciones ingresaron el pasado 11 de noviembre a la vocalía del juez Javier Carbajo, presidente de la Sala IV y encargado de elaborar el primer voto. Previo a esa instancia, y aunque todavía no existe una convocatoria formal, la audiencia en la que las partes expondrán los fundamentos de sus recursos de casación podría celebrarse durante diciembre, de acuerdo con las previsiones recogidas por este medio.

La causa tramita ante la Sala IV, que también integran los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Los magistrados deberán revisar el fallo dictado el 8 de julio pasado por el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, que condenó al excapitán de navío Claudio Javier Villamide a tres años de prisión en suspenso y absolvió a otros tres ex altos mandos de la Armada que habían llegado a juicio por el siniestro ocurrido el 15 de noviembre de 2017.

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La audiencia de informes, en efecto, constituye una instancia obligatoria y un paso previo a la deliberación de los jueces. En esa oportunidad, el Ministerio Público Fiscal, las dos querellas y la defensa del único condenado podrán desarrollar oralmente los fundamentos de sus respectivas impugnaciones. Los planteos persiguen resultados diferentes: mientras la acusación pública y una de las representaciones de los familiares buscan revertir las absoluciones, otra reclama la nulidad del juicio y los abogados de Villamide pretenden dejar sin efecto la condena en su contra.

El expediente por el hundimiento del ARA San Juan se encuentra en la Vocalía N.º 3 de Casación desde el 11 de noviembre, luego de agotarse el plazo para que las partes examinaran las actuaciones y ampliaran los fundamentos de sus recursos (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)
El expediente por el hundimiento del ARA San Juan se encuentra en la Vocalía N.º 3 de Casación desde el 11 de noviembre, luego de agotarse el plazo para que las partes examinaran las actuaciones y ampliaran los fundamentos de sus recursos (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

El expediente quedó radicado en Casación a fines de septiembre. A comienzos de octubre, el máximo tribunal penal del país habilitó un plazo de diez días hábiles para que las partes examinaran las actuaciones y ampliaran por escrito los argumentos de sus recursos. Cumplida esa etapa, corresponde avanzar hacia la mencionada audiencia, cuya convocatoria debe disponer el presidente de la Sala, de acuerdo con el artículo 465 del Código Procesal Penal de la Nación.

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En ese contexto se produjo el ingreso de las actuaciones a la vocalía de Carbajo, a quien corresponderá dictar el primer voto. La posibilidad de que la audiencia tenga lugar en diciembre todavía no se tradujo en una fecha oficial, pero permitiría completar esa instancia antes de la feria judicial de enero.

La revisión del caso, con todo, volverá a centrarse en una de las principales discusiones del juicio oral: si los mandos de la Armada tuvieron responsabilidad penal por el estado del submarino al momento de zarpar y por las decisiones que tomaron antes del hundimiento.

Para ello, los jueces deberán analizar qué sabía cada uno sobre las condiciones de la nave, qué obligaciones tenía y si adoptó las medidas necesarias para garantizar su seguridad. También deberán determinar si existieron negligencias u omisiones que aumentaron los riesgos propios de la navegación militar y si tuvieron relación con el desenlace fatal.

Claudio Javier Villamide, entonces capitán de navío de la Armada Argentina y posteriormente destituido, durante una audiencia de la Comisión Bicameral del Congreso creada para investigar el hundimiento del submarino
Claudio Javier Villamide, entonces capitán de navío de la Armada Argentina y posteriormente destituido, durante una audiencia de la Comisión Bicameral del Congreso creada para investigar el hundimiento del submarino

La última misión y el estado del submarino

El ARA San Juan formaba parte de la Tercera Etapa de Mar de 2017, una serie de actividades que comprendían ejercicios de adiestramiento táctico y operativo con otras unidades de la flota, desplazamientos marítimos y tareas de vigilancia y control de los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina.

El submarino zarpó de Mar del Plata el 25 de octubre, arribó a Ushuaia el 4 de noviembre sin reportar novedades de consideración y volvió a hacerse a la mar el día 8 para completar las operaciones previstas antes de regresar a su apostadero habitual.

Las condiciones en que se encontraba al emprender ese despliegue ocuparon buena parte del juicio oral, que comenzó el 3 de marzo pasado en Río Gallegos y se extendió durante más de 30 audiencias. A lo largo del debate declararon más de 90 testigos, entre submarinistas, exjefes de la Armada, oficiales, suboficiales, técnicos y especialistas.

Para reconstruir el estado material de la unidad y las decisiones que precedieron a su última navegación, el tribunal se vio obligado a examinar una extensa documentación técnica, operativa y reglamentaria. El análisis abarcó desde la reparación de media vida realizada entre 2008 y 2014 en el Complejo Industrial y Naval Argentino (CINAR) hasta los informes de mantenimiento, las inspecciones de seguridad, los reglamentos de la institución y las órdenes operativas que regularon su último despliegue, además de comunicaciones y documentación estratégico-operativa de carácter reservado de la Armada que fue expuesta durante el debate.

El submarino ARA San Juan (S-42) durante su ingreso a la plataforma elevadora del Complejo Industrial y Naval Argentino (CINAR), utilizada para sacar embarcaciones del agua y realizar tareas de mantenimiento y reparación (Gentileza: Tandanor / Revista DeySeg)
El submarino ARA San Juan (S-42) durante su ingreso a la plataforma elevadora del Complejo Industrial y Naval Argentino (CINAR), utilizada para sacar embarcaciones del agua y realizar tareas de mantenimiento y reparación (Gentileza: Tandanor / Revista DeySeg)

Las pruebas también abarcaron las listas de trabajos pendientes, los elementos faltantes en el buque y las actas de evaluación técnica confeccionadas por la propia tripulación antes de la zarpada, con el propósito de determinar qué deficiencias presentaba el submarino, si comprometían su seguridad náutica o incrementaban los riesgos inherentes a la navegación militar, qué conocimiento tenían de ellas los mandos superiores y qué medidas habían adoptado al respecto.

Entre los antecedentes examinados figuró un informe del Consejo Asesor del Arma Submarina, que en abril de 2017 recomendó gestionar el ingreso de la unidad a dique seco durante el primer semestre de 2018. La evaluación se produjo en un contexto en el que el submarino acumulaba trabajos pendientes y tenía vencidos los intervalos previstos para determinadas tareas de mantenimiento.

También se estudió la Orden de Operaciones COFS N.º 04/17, emitida en octubre de ese año, mediante la cual el Comando de la Fuerza de Submarinos asignó al ARA San Juan las actividades correspondientes a su última misión. Su elaboración y aprobación fueron examinadas para establecer qué información se tuvo en cuenta al disponer la participación de la nave y cuáles eran las responsabilidades de los distintos oficiales que intervinieron en la planificación.

Sobre esa base, el tribunal debió evaluar si el buque reunía las condiciones necesarias para cumplir las tareas encomendadas y si las eventuales deficiencias habían sido suficientemente consideradas por quienes tenían obligaciones sobre su mantenimiento, alistamiento y conducción.

ARA SAN JUAN
La sala de audiencias del Tribunal Oral de Santa Cruz, con sede en la avenida Presidente Néstor Kirchner, Río Gallegos

Durante el debate oral también se examinaron las distintas hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido a bordo antes de la implosión del casco resistente a las 10:52. En ese marco, se analizó el funcionamiento de la válvula ECO-19, vinculada con el ingreso de agua de mar, el estado de los detectores de hidrógeno y la operatividad de los sistemas de emergencia del submarino.

Las declaraciones de especialistas y los antecedentes técnicos permitieron, en rigor, abordar posibles secuencias del hecho material, aunque sin establecer de manera concluyente qué provocó la pérdida de control de la nave.

A esa incertidumbre se sumaron las decisiones adoptadas durante la avería registrada entre la noche del 14 y la madrugada del 15 de noviembre, cuando el submarino , en medio de un fuerte temporal, informó un ingreso de agua hacia el sector de baterías, seguido de un cortocircuito y un principio de incendio. Aunque desde la unidad comunicaron que la situación había sido controlada, horas después se produjo el evento hidroacústico asociado con su implosión.

ARA SAN JUAN
El ARA San Juan (S-42), submarino de la clase TR-1700, fue construido durante la década de 1980 en los astilleros Thyssen Nordseewerke de Emden, en la entonces República Federal de Alemania. Botado en 1983, fue incorporado a la Armada Argentina en 1985

Una condena por mayoría y tres absoluciones unánimes

La sentencia apelada fue dictada por los jueces Mario Gabriel Reynaldi, Enrique Nicolás Baronetto y Luis Alberto Giménez, integrantes del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz.

Los cuatro acusados ocupaban diferentes posiciones dentro de la cadena de mando naval. El de mayor jerarquía era el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA). Bajo su dependencia se encontraba el capitán de navío Claudio Javier Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS). La estructura comprendía además al capitán de navío Héctor Aníbal Alonso, jefe del Estado Mayor de ese comando y oficial evaluador del alistamiento, y al capitán de fragata Hugo Miguel Correa, jefe de su Departamento de Operaciones.

La mayoría, conformada por Reynaldi y Baronetto, encontró penalmente responsable a Villamide por incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con estrago culposo agravado por el resultado muerte. Además de los tres años de prisión de ejecución condicional, le impuso seis años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

ARA SAN JUAN
Los jueces Luis Alberto Giménez, del Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego; Mario Gabriel Reynaldi, presidente del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz; y Enrique Nicolás Baronetto, del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, integrantes del tribunal que condenó a Claudio Villamide y absolvió a los otros tres ex altos mandos de la Armada

Los magistrados entendieron que el entonces jefe de la Fuerza de Submarinos había incumplido obligaciones vinculadas con la supervisión y seguridad de la nave. Entre los aspectos considerados figuraron ciertas anomalías detectadas durante una navegación realizada en julio de 2017, la falta de determinadas verificaciones antes de la última misión y las instrucciones impartidas ante la emergencia informada desde el ARA San Juan.

Para la mayoría, el entonces capitán de navío Villamide -luego destituido en un Consejo de Guerra- tenía una “posición de garante” respecto de las unidades bajo su responsabilidad, que le imponía deberes específicos de prevención, control e intervención frente a situaciones capaces de comprometer su seguridad.

El juez Giménez, en disidencia, votó por absolverlo. En su voto consideró que no había sido posible reconstruir con certeza qué ocurrió dentro del submarino durante sus últimas horas y cuestionó que pudiera establecerse una relación suficientemente acreditada entre los incumplimientos atribuidos al exoficial y el trágico resultado.

Los tres jueces coincidieron, en cambio, en absolver a López Mazzeo, Alonso y Correa, al considerar que no se había demostrado la responsabilidad penal que les atribuía la acusación.

La fundamentación de la condena, por lo demás, dejó diferencias entre los propios votos mayoritarios respecto del estado material de la nave. Mientras Reynaldi sostuvo que el submarino estaba en condiciones de navegar y cumplir la misión asignada, Baronetto entendió que, aunque podía hacerse a la mar, su grado de alistamiento no resultaba adecuado para determinadas tareas operativas. Esa divergencia fue posteriormente cuestionada por la defensa de Villamide.

Los recursos de las querellas y la defensa

Una de las querellas, representada por las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias -con la participación inicial también de Fernando Burlando-, recurrió las tres absoluciones y cuestionó la pena impuesta a Villamide. Durante el juicio habían solicitado condenas para los cuatro acusados y, si bien valoraron que el entonces comandante de la Fuerza de Submarinos fuera declarado culpable, consideraron insuficientes los tres años de prisión en suspenso que recibió.

En su recurso, las letradas reclamaron una pena mayor para Villamide y que se revoquen las absoluciones de López Mazzeo, Alonso y Correa, a quienes también consideran penalmente responsables por el hundimiento del buque.

ARA SAN JUAN
Las querellantes Valeria Carreras y Lorena Arias

En la misma dirección recurrió el Ministerio Público Fiscal, cuyo equipo de acusación estuvo integrado por Julio Zárate, Lucas Colla, María Andrea Garmendia Orueta y Gastón Franco Pruzán. En sus alegatos, los fiscales habían solicitado cinco años de prisión para Villamide y López Mazzeo, cuatro años para Alonso y tres años y seis meses para Correa, además de la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Distinto es el alcance de la impugnación presentada por Luis Tagliapietra, padre del teniente de corbeta Alejandro Damián Tagliapietra, uno de los submarinistas fallecidos, quien interviene como querellante por derecho propio y en representación de otros familiares.

Su recurso pretende que se anule el juicio, se deje sin efecto la sentencia y se realice un nuevo debate ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.

ARA SAN JUAN
El querellante Luis Tagliapietra, padre de uno de los oficiales embarcados en el San Juan

Entre sus principales cuestionamientos figura la falta de medidas probatorias que considera indispensables para esclarecer las causas del hundimiento. En particular, señaló que no se habrían completado diligencias ordenadas en noviembre de 2020 por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, entre ellas estudios técnicos sobre las imágenes obtenidas después del hallazgo del submarino y la intervención de especialistas navales.

Tagliapietra también objetó la actuación de la jueza federal Marta Yáñez, que instruyó la investigación, y denunció restricciones al ejercicio de las facultades de su representación durante el debate.

A esos agravios sumó cuestionamientos sobre la competencia territorial del tribunal de Santa Cruz, una discusión que ya había sido resuelta por la propia Sala IV de Casación y que quedó firme luego de la intervención de la Corte Suprema.

La jueza Marta Yáñez, instructora de la causa FCR 17379/2017 por el hundimiento del ARA San Juan
La jueza Marta Yáñez, instructora de la causa FCR 17379/2017 por el hundimiento del ARA San Juan

Para esta querella, las irregularidades denunciadas comprometen la validez del proceso y justifican la realización de un nuevo juicio, una vez completadas las medidas de prueba que todavía resulten posibles.

En sentido contrario se encuentra la defensa de Claudio Villamide, ejercida por los abogados Juan Pablo Vigliero y Magalí Crespo, quienes solicitaron que se revoque la sentencia y se absuelva al único condenado.

Los defensores cuestionaron la validez de la acusación fiscal y sostuvieron que no se había alcanzado el grado de certeza necesario para atribuirle responsabilidad penal por la muerte de los submarinistas.

Uno de sus argumentos centrales se relaciona con la imposibilidad de determinar qué ocurrió dentro de la nave durante sus últimas horas. Según esa posición, la ausencia de una reconstrucción concluyente del hundimiento impide demostrar que las acciones u omisiones atribuidas a Villamide hayan provocado el resultado fatal.

El imputado Villamide junto a sus defensores Juan Pablo Vigliero y Magalí Crespo durante una audiencia en Río Gallegos, donde se celebró el juicio oral
El imputado Villamide junto a sus defensores Juan Pablo Vigliero y Magalí Crespo durante una audiencia en Río Gallegos, donde se celebró el juicio oral

La defensa también puso en discusión el alcance de las obligaciones que le correspondían como comandante de la Fuerza de Submarinos y destacó la autonomía operativa del capitán de fragata Pedro Martín Fernández (ascendido post mortem a capitán de navío), quien estaba al mando del buque durante su última navegación.

En ese sentido, planteó que las decisiones sobre la modalidad de navegación debían evaluarse a partir de la información disponible en aquel momento y que era el comandante embarcado quien tenía un conocimiento más directo y preciso de la situación que atravesaba el submarino, a diferencia de Villamide, que se encontraba en tierra, a cientos de kilómetros de distancia.

De manera subsidiaria, los abogados pidieron que se descarte el delito de estrago culposo agravado por el resultado muerte y se mantenga únicamente el incumplimiento de los deberes de funcionario público, con una pena menor. También solicitaron, como última alternativa, una reducción de la sanción impuesta.

Entre sus objeciones figura, además, la falta de coincidencia que atribuyen a los dos votos condenatorios sobre las condiciones operativas del submarino. Para los abogados, esa diferencia afecta un aspecto sustancial de la decisión y pone en cuestión la fundamentación de la mayoría que sostuvo la condena.

ARA San Juan
El capitán de Fragata Pedro Fernández -ascendido post mortem-, comandante del submarino

La audiencia y los plazos para resolver

El procedimiento está regulado por los artículos 465 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación. Una vez concluida la etapa de examen del expediente y ampliación de fundamentos, corresponde que la presidencia del tribunal fije la audiencia de informes y establezca los tiempos de estudio para cada uno de sus integrantes.

El artículo 468 dispone que esa instancia se celebre con la presencia de todos los camaristas encargados de dictar sentencia. Allí, los representantes del Ministerio Público Fiscal, las querellas y las defensas podrán sostener oralmente los agravios formulados contra el fallo del tribunal santacruceño.

Concluida la audiencia, los camaristas deberán pasar a deliberar, conforme al artículo 469 del mismo Código, que contempla la posibilidad de diferir esa instancia cuando la importancia de las cuestiones sometidas a consideración así lo aconseje. La disposición establece, además, un plazo máximo de 20 días para dictar sentencia.

Los camaristas de la Sala IV de Casación, Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos
Los camaristas de la Sala IV de Casación, Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos

El cómputo de ese término cobra especial relevancia ante la proximidad de la feria judicial de enero, ya que el artículo 162 dispone que, como regla general, los plazos procesales se cuentan en días hábiles. En consecuencia, de concretarse la audiencia durante el mes de diciembre, la resolución de los recursos podría quedar para después del receso estival.

El ARA San Juan perdió contacto con tierra la mañana del 15 de noviembre de 2017, cuando regresaba hacia Mar del Plata tras la decisión de Villamide de cancelar la patrulla debido a la avería. La tripulación había confirmado que seguía la ruta de regreso prevista. El último registro de conexión satelital se produjo entre las 8.36 y las 8.50. Poco más de dos horas después, a las 10.51, la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO) detectó un evento hidroacústico posteriormente vinculado con la implosión del submarino, cuyo casco resistente colapsó por la presión del agua al superar su profundidad límite de resistencia.

La dotación estaba integrada por 43 hombres y una mujer, la teniente de navío Eliana María Krawczyk, primera oficial submarinista de la historia de la Armada Argentina.

Después de la desaparición se desplegó un amplio operativo internacional de búsqueda. Los restos del submarino fueron encontrados un año más tarde por la empresa Ocean Infinity, a 907 metros de profundidad y a unos 600 kilómetros de la costa de Comodoro Rivadavia.

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