ARA San Juan: qué concluyó el Consejo Asesor del Arma Submarina siete meses antes de la tragedia

Siete meses antes del naufragio del ARA San Juan, la Armada reunió a sus submarinistas más experimentados para evaluar el estado operativo de la Fuerza de Submarinos, las reparaciones pendientes de las unidades, las limitaciones presupuestarias y el futuro de la capacidad submarina nacional. La jornada se realizó a fines de abril de 2017 en la ciudad de Mar del Plata, y concluyó con una serie de recomendaciones técnicas plasmadas en un acta firmada por los “vocales permanentes” del Consejo Asesor del Arma Submarina.

Esas conclusiones, adoptadas en el ámbito interno de la fuerza, son hoy objeto de un análisis riguroso por parte de los participantes del juicio oral que intenta determinar si hubo responsabilidades penales en la tragedia.

Y es que ese documento forma parte de los elementos centrales que se están examinando en el proceso en curso, iniciado en marzo ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, con sede en Río Gallegos. El debate apunta a conocer si el submarino San Juan (SUSJ) zarpó en condiciones de seguridad para cumplir una misión que combinaba tareas de adiestramiento con una operación de Vigilancia y Control del Mar Argentino, y si existieron negligencias u omisiones de parte de los cuatro ex altos mandos navales imputados que hubieran aumentado aún más el riesgo inherente a una actividad militar de por sí riesgosa. Para eso, se intenta calibrar y poner en contexto las distintas “novedades”, “averías” y “tareas pendientes” que presentaba el buque antes de hacerse a la mar.

Los acusadores plantean que la sumatoria de esos faltantes fue la causa eficiente que desembocó en el suceso fatídico. En contraposición, las defensas sostienen que ninguna de esas novedades registradas afectaba la seguridad náutica del submarino.

La implosión de la embarcación compuesta de acero HY80 ocurrió el 15 de noviembre de 2017 a las 10:51, horario que surge de los registros acústicos internacionales incorporados al expediente.

Así las cosas, el Consejo Asesor del Arma Submarina funciona como un ámbito interno de consulta técnica y estratégica integrado por submarinistas de mayor experiencia dentro de la Marina. En aquella convocatoria del 30 de abril de 2017, traída a cuenta tanto por los acusadores como por las defensas en el juicio oral, participaron 14 capitanes de navío con voz y voto para abordar distintos asuntos vinculados al arma submarina. También estuvieron presentes oficiales invitados, entre ellos el entonces comandante del ARA Salta, capitán de fragata Sebastián Marcó, y el comandante del SUSJ, capitán de fragata Pedro Martín Fernández, quienes expusieron sobre la situación de sus respectivas unidades a cargo.

Las exposiciones fueron presididas por el entonces inspector del Arma Submarina, capitán de navío Gabriel Attis, el submarinista de mayor antigüedad dentro de la fuerza. Según consta en el documento oficial, Attis abrió la sesión relatando una conversación previa mantenida con el entonces jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Marcelo Eduardo Srur, quien había manifestado preocupación por el riesgo de que la Armada volviera a quedarse sin submarinos operativos mientras las unidades atravesaban sus respectivos procesos de mantenimiento.

Para ese momento, la Armada contaba con tres unidades de esa índole en servicio: el ARA Salta, de la clase Tipo 209; y los ARA Santa Cruz y ARA San Juan, ambos de la clase TR-1700. El problema de fondo era cómo administrar los tiempos de reparación y entrada a dique de esas embarcaciones para evitar períodos sin ningún submarino en el mar.

“Tratar de concatenar cómo van a hacer las reparaciones para que, al menos, siempre tengamos un submarino navegando; eso fue lo que hablé con el Sr. Almirante Srur, lo que motivó toda esta reunión”, expresó Attis durante la apertura realizada en el microcine de la Escuela de Submarinos y Buceo.

Entre los asistentes también se encontraban dos de los actuales imputados del juicio oral: Claudio Javier Villamide, entonces comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS) -a quien el documento menciona como uno de los destinatarios del “apoyo” que debía brindar el Consejo- y Héctor Aníbal Alonso, entonces jefe del Estado Mayor del COFS, quien además actuó como secretario de la jornada. Años más tarde, ya retirado con el grado de comodoro de Marina, Attis declaró como testigo en una de las primeras audiencias del debate oral, que actualmente acumula 24 jornadas.

Por lo demás, otro de los ejes abordados fue el futuro de la capacidad submarina argentina. El titular del organismo asesor explicó que el jefe de la Armada había reclamado un estudio “realista” sobre una eventual “sexta generación” de submarinos y había cuestionado que esa Fuerza no tuviera proyectos formalmente presentados ante el Ministerio de Defensa, a diferencia de otros programas navales.

“Si hoy en día alguien de Defensa le pregunta al Sr. almirante -Srur- qué submarino comprarnos el almirante no tiene ninguna carpeta que pueda decir ‘este es el proyecto y -está- respaldado por este estudio’”, quedó asentado en el acta.

El deterioro operativo del ARA Salta ocupó buena parte de las intervenciones. El capitán Marcó describió un escenario de desgaste acumulado y reparaciones parciales que se arrastraban desde hacía años. Según explicó, las entradas a dique se reducían a intervenciones de corta duración destinadas a resolver problemas inmediatos.

“Se hace solo el problema del momento, carenado y algunas válvulas, lo demás se deja y pasa a ser grave en el dique siguiente”, sostuvo el entonces comandante del buque.

En paralelo, el jefe del Proyecto Submarino, capitán de navío Fabián Krawinkel, actualizó el estado de la reparación general del ARA Santa Cruz, en ese momento en los astilleros de Tandanor. Allí informó que las obras acumulaban una demora de 19 meses y que la finalización real podía extenderse hasta el primer semestre de 2020. También alertó sobre dificultades presupuestarias y retrasos en la adquisición de equipos y repuestos.

Pero uno de los capítulos más extensos del acta quedó dedicado al San Juan. Durante su exposición, el capitán Fernández enumeró una lista de novedades técnicas pendientes luego de la reparación de media vida realizada en el Complejo Industrial Naval Argentino (CINAR), varias de las cuales -según dijo entonces- debían ser reparadas durante la próxima entrada de la unidad a dique seco, es decir, fuera del agua.

Entre otros puntos, mencionó problemas en el sistema de refrigeración de agua de mar, pérdidas hidráulicas, filtraciones de aire, detectores de gases fuera de servicio por falta de reactivos, fallas en sensores y ruidos en la línea de eje que debían verificarse en dique. También señaló una filtración desde un tanque de combustible hacia un tanque de baterías que había sido reparada en dos oportunidades pero requería una intervención mayor en futuras reparaciones generales.

Aún así, el comandante del SUSJ aclaró ante el Consejo que el estado del buque era “operativo”, aunque sujeto a limitaciones de seguridad. Según detalló, el submarino se encontraba restringido a una profundidad máxima de 100 metros -una limitación autoimpuesta por la Fuerza de Submarinos- mientras permanecían “pendientes” algunas pruebas y verificaciones que debían realizarse durante la próxima entrada de la unidad a dique seco.

“El estado actual de la unidad es operativo, con una profundidad limitada a 100 metros, una velocidad autoimpuesta a máxima etapa 3 y como importante la indiscreción del ruido de la línea de eje al momento de parar máquinas”, aseveró, en sus términos, el capitán Fernández ante el Consejo.

Al cierre de las deliberaciones, el acta dejó asentada una serie de conclusiones vinculadas a reparaciones, mantenimiento, modernización y planificación de las próximas puestas en seco de las unidades del Arma Submarina. Entre otras recomendaciones, el documento planteó “tramitar la imperiosa entrada a dique seco del SUSJ durante el primer semestre del año 2018 a fin de asegurar su operatividad”, y advirtió que el buque llevaba “39 meses sin realizar el mantenimiento correspondiente, que de acuerdo al manual del fabricante debería ser cada 18 meses”.

El acta fue ratificada por los 14 capitanes de navío presentes en la sesión.