
Un juzgado civil y comercial de San Isidro rechazó una demanda por daños y perjuicios iniciada contra un hombre al que se atribuía el incumplimiento de un contrato para fabricar e instalar aberturas en una vivienda en construcción. La jueza consideró que no quedó probado que el demandado fuera el titular del comercio con el que el reclamante sostuvo haber contratado ni que hubiera asumido en forma personal las obligaciones reclamadas.
El caso se originó a partir de una obra en un country de Pilar. Según la demanda, el reclamante y su pareja habían adquirido un lote a fines de 2020 y comenzaron la construcción de su casa a principios de 2022. Cuando el proyecto estaba próximo a terminarse, buscaron un proveedor para las aberturas y los cerramientos de la vivienda.
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La contratación, de acuerdo con el planteo judicial, comenzó mediante intercambios por WhatsApp el 11 de octubre de 2022. Ocho días después, la pareja concurrió a un local de la zona norte del Gran Buenos Aires, donde recibió un presupuesto por $4.517.268 y entregó un anticipo equivalente al 60% del total acordado.

El pago inicial fue de USD 8.900 en efectivo, monto que las partes habrían calculado entonces sobre una cotización de $290 por dólar. La demanda sostuvo que restaban por pagar $1.721.323, además de $150.000 por la colocación, una vez que el proveedor comunicara que todas las aberturas estaban terminadas y listas para instalar.
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Según el relato del reclamante, una persona identificada luego como demandada y dos colaboradores visitaron la obra para tomar medidas. Las primeras tareas comenzaron con entregas parciales de materiales, aunque, según la presentación, no existió una convocatoria para revisar el trabajo ni para pagar el saldo pendiente en las condiciones inicialmente previstas.
La demanda indicó que hubo varias visitas a la vivienda entre noviembre y diciembre de 2022, con colocaciones parciales que luego habrían requerido correcciones. También afirmó que quedaron materiales sin instalar y que uno de los vidrios se rompió. En ese período, la pareja del reclamante habría recibido explicaciones diversas sobre las demoras en la continuidad de los trabajos.
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El conflicto se profundizó a comienzos de enero de 2023. De acuerdo con la demanda, el demandado visitó la obra, retiró herramientas que habían quedado allí y volvió a tomar medidas. En esa reunión, habría explicado que atravesaba dificultades laborales y que el trabajo demandaría más tiempo, sin precisar una fecha para su finalización.
Al día siguiente, según la documentación acompañada, el demandado habría comunicado que era necesario retirar elementos ya instalados, volver a medir algunos vidrios y actualizar el saldo pendiente conforme al valor del dólar. El reclamante sostuvo que esa exigencia no estaba contemplada en el presupuesto ni en el recibo del anticipo.
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La parte demandante afirmó que intentó concretar una nueva reunión el 16 de enero de 2023, pero que el demandado no asistió. Tras ese episodio, dio por terminado el vínculo y contrató a otra firma para completar las aberturas. Sostuvo que debió afrontar un costo total de $5.007.113,54, superior al saldo que restaba pagar en el acuerdo inicial.

La demanda reclamó la restitución de los USD 8.900 entregados como anticipo o, de modo subsidiario, $3.135.790,54 por la diferencia entre el saldo original y el costo del nuevo proveedor. Además, pidió $1 millón por daño moral, $100.000 por daño punitivo y gastos de mediación. También invocó la Ley de Defensa del Consumidor y solicitó el beneficio de gratuidad.
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La defensa negó haber celebrado un contrato con el reclamante, haber recibido el anticipo y haber emitido el recibo presentado en el expediente. Aseguró que el vínculo, en caso de haber existido, se había entablado con una firma comercial dedicada a las aberturas y no con la persona demandada a título individual.
El demandado afirmó que trabajaba de manera informal para el dueño de ese comercio y que sus tareas se limitaban a medir e instalar materiales fabricados por terceros. También sostuvo que hacia fines de diciembre de 2022 se había colocado más del 80% de los elementos comprometidos, pero que el ingreso al barrio fue restringido, lo que impidió concluir las tareas restantes.
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La jueza, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 7 de San Isidro, analizó si correspondía dirigir el reclamo contra esa persona. Explicó que, para imponer una responsabilidad contractual, no alcanza con acreditar que alguien participó en tareas vinculadas con la operación comercial. Debe demostrarse que fue parte del contrato o que existe una razón jurídica concreta para atribuirle personalmente las obligaciones incumplidas.
En ese punto, el fallo valoró que el propio escrito inicial ubicaba la contratación en una empresa de aberturas. También tuvo en cuenta un informe municipal que no registró habilitación comercial a nombre del demandado ni en el domicilio del local donde se habría cerrado el acuerdo.
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La sentencia dio relevancia a los testimonios de tres personas que trabajaban o habían trabajado para la firma. Según sus declaraciones, el demandado era un empleado o instalador, mientras que otra persona era identificada como dueña del establecimiento. La magistrada consideró que esos testimonios fueron coincidentes y que no surgieron elementos suficientes para descartarlos.

También señaló que la titularidad de una línea telefónica no probaba que el demandado fuera dueño del comercio. La pericia informática, agregó, confirmó conversaciones de la pareja del reclamante con una vendedora y un colaborador, pero no acreditó que un número atribuido al demandado le perteneciera efectivamente.
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Por esos motivos, el juzgado hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva y rechazó la demanda. Las costas fueron impuestas al reclamante. La regulación de honorarios quedó pendiente de una liquidación que deberá calcularse sobre el monto reclamado, con intereses desde el cierre de la mediación hasta la sentencia.
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