
La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Leonardo Cositorto como jefe de una asociación ilícita y estafas reiteradas en 1.095 oportunidades a través de la supuesta empresa de educación financiera Generación Zoe. También revocó los sobreseimientos de 23 imputados y ordenó continuar la investigación en relación a la ruta del dinero y posibles maniobras de lavado.
La hipótesis describe un perjuicio superior a USD 16 millones, además de $4.425.706, 6.500 euros y bienes registrables sin valuación determinada. Los aportes se habrían realizado mediante efectivo, transferencias bancarias, criptoactivos y USDT o criptomoneda Tether, bajo promesas de rendimientos elevados vinculados con fideicomisos, membresías, robots, cursos y otros productos.
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El caso abarca maniobras presuntamente cometidas entre 2019 y abril de 2022, cuando Generación Zoe ofrecía actividades de coaching, trading y liderazgo junto con alternativas de inversión en criptoactivos, tokens, proyectos inmobiliarios y operaciones que se presentaban como respaldadas por oro.
La defensa de Cositorto había planteado que el grupo desarrollaba actividades lícitas, que durante un tiempo pagó las rentabilidades comprometidas y que interrumpió los pagos debido a una corrida que se dio tras la difusión pública de la situación, las advertencias de la Comisión Nacional de Valores y el bloqueo de cuentas.
Para los jueces, los pagos iniciales a inversores no excluyen la existencia de un ardid. Consideraron que esos rendimientos sirvieron para sostener la confianza de los aportantes, impulsar la reinversión y favorecer la incorporación de nuevas personas al sistema.
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A su vez, señalaron que la reiteración de las maniobras, su extensión temporal y la estabilidad de la organización permiten diferenciar el caso de una colaboración ocasional para hechos determinados.
Falta de mérito
La Sala 1 de la Cámara Federal, integrada por Pablo Yadarola, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, revocó 23 sobreseimientos porque consideró que todavía no había certeza suficiente para desvincularlos de manera definitiva de las maniobras atribuidas a Generación Zoe.
Por tal motivo, les dictaron falta de mérito y ordenaron profundizar la pesquisa sobre las funciones que cumplieron, su eventual intervención en la captación de inversores y el circuito de los fondos.
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La resolución indicó que “si bien los elementos incorporados resultan insuficientes para sostener, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa, la intervención penalmente responsable de los imputados, tampoco permiten afirmar, con la certeza negativa que requiere el sobreseimiento, su ajenidad”.

El mismo criterio fue aplicado a 12 personas investigadas por el presunto lavado de activos derivados de las maniobras defraudatorias. En ese tramo, los camaristas consideraron necesario reconstruir la trazabilidad del dinero y determinar si los bienes adquiridos, las transferencias, las billeteras virtuales y otras operaciones patrimoniales tuvieron origen en los aportes de los inversores.
El fallo cuestionó el cierre anticipado de esa línea de trabajo porque aún debían verificarse operaciones económicas que, según la acusación, podían haber buscado dar apariencia lícita a recursos de origen ilícito.
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La teoría del caso sostiene que la organización ofrecía productos de inversión y promesas de rentabilidad a personas que entregaban dinero, criptomonedas y bienes. Los sospechosos proponían fideicomisos, robots, membresías, becas, Zoe Cash, lotes vinculados al “Zoe Paradise Club de Campo”, el “PIN Nación” y el “PIN Multimillonario”.
Para los investigadores, el engaño se asentó en la imagen de solvencia que Generación Zoe proyectaba mediante publicidad, exposición pública, sedes y actividades de capacitación.
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