
La Cámara Federal deberá revisar la causa por el atentado contra la AMIA en dos planos: las apelaciones contra los procesamientos de ocho ciudadanos iraníes y libaneses y el reclamo del Ministerio Público Fiscal y de la querella de familiares de las víctimas para revertir la falta de mérito de otros dos imputados.
Los jueces de la Sala I, Mariano Llorens y Pablo Yadarola, convocaron a una audiencia para este martes 24. Las partes presentaron sus memoriales sobre la resolución dictada por el juez federal Daniel Rafecas.
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La acusación sostuvo que la investigación no debe limitarse a la planificación y ejecución del ataque, sino que también se debe avanzar sobre una presunta estructura regional vinculada con Hezbollah y sobre el supuesto patrocinio de funcionarios iraníes a esa organización.
La defensa oficial de los dos imputados beneficiados con la falta de mérito cuestionó que se haya probado una asociación concreta, su programa criminal y los aportes individuales atribuidos a sus asistidos.
El expediente analiza el atentado del 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA, en Pasteur 633, que causó 85 muertes. Los ocho procesados podrían ser sometidos a juicio en ausencia, un mecanismo previsto para imputados prófugos que eluden de manera sostenida a la Justicia.
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Rafecas procesó a Alí Fallahijan, Alí Velayati, Mohsen Rezai y Ahmad Vahidi como autores, por las funciones que habrían desempeñado dentro de las estructuras superiores del Estado iraní. También procesó como cómplices necesarios a Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari y Salman Raouf Salman, conocido como Samuel El Reda.

En cambio, el magistrado dictó la falta de mérito para Abdallah Salman, alias José El Reda, hermano de Salman Raouf Salman, y Hussein Mounir Mouzannar.
La fiscalía pidió ampliar las imputaciones
La Unidad Fiscal AMIA, a cargo de Sebastián Basso, y el fiscal general José Luis Agüero Iturbe solicitaron que la Cámara revoque la decisión apelada y trate como imputaciones autónomas el supuesto patrocinio de jerarcas iraníes a Hezbollah y la eventual pertenencia o colaboración con esa estructura.
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Sostuvieron que deben investigarse, además del atentado, el apoyo político, económico, logístico, militar y de inteligencia que funcionarios iraníes habrían brindado a Hezbollah.
Su postura es que la pertenencia o la cooperación con una organización de ese tipo puede constituir un delito autónomo, aun cuando no se pruebe una participación directa en el ataque contra la AMIA.

En ese marco, Basso y Agüero Iturbe pidieron revisar la falta de mérito de Abdallah Salman y Mouzannar. Al primero le atribuyeron una posible integración a la estructura regional y al segundo una eventual colaboración por haber emitido un certificado laboral a favor de Salman Raouf Salman para su trámite de naturalización paraguaya.
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La querella reclamó nuevas medidas y procesamientos
Luis Czyzewski y Mario Averbuch, familiares de víctimas y querellantes en el expediente, con el patrocinio de Tomás Farini Duggan, pidieron que se revoque la falta de mérito y que Abdallah Salman y Mouzannar sean procesados por asociación ilícita calificada.
Los familiares quieren que Abdallah Salman sea considerado integrante de la presunta asociación y que Mouzannar responda como partícipe por haber colaborado con su mantenimiento. También solicitaron embargos sobre sus bienes y que continúen vigentes las órdenes de captura nacional e internacional.
Para sostener la imputación contra Mouzannar, la querella mencionó el certificado laboral emitido en 1993 para Salman Raouf Salman y sus posteriores vínculos comerciales con personas relacionadas con la investigación. En cuanto a Abdallah Salman, remarcó el parentesco con su hermano, el uso de documentación apócrifa, movimientos de dinero y contactos en la región.
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Por su parte, la DAIA señaló que los registros migratorios, las comunicaciones telefónicas, los documentos diplomáticos y los testimonios deben ser valorados como un conjunto de indicios convergentes que, según su postura, vinculan a funcionarios iraníes con la planificación del atentado y a integrantes de la estructura diplomática y cultural iraní en Buenos Aires con tareas de inteligencia, financiamiento y logística.
La defensa pidió el sobreseimiento
El defensor público oficial Hernán Diego Silva, en representación de Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar, pidió que la Cámara rechace las apelaciones de la fiscalía y de la querella. Solicitó, además, que ambos sean sobreseídos.
En el caso de Abdallah Salman, cuestionó que los antecedentes invocados por la acusación prueben una pertenencia a Hezbollah. Indicó que el vínculo familiar, las actividades económicas, los documentos irregulares y los movimientos en la Triple Frontera no demuestran que hubiera recibido órdenes, cumplido funciones o actuado para la organización.
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Sobre Mouzannar, afirmó que no se acreditó que el certificado laboral hubiera generado una ventaja concreta para Hezbollah ni que su asistido conociera las actividades atribuidas a esa organización y hubiera querido favorecerlas. De forma subsidiaria, pidió que, si se considerara relevante la conducta, el caso sea remitido a la Justicia de Paraguay, donde habría ocurrido el hecho.
En cuanto a los imputados procesados, Silva requirió revocar el fallo y dictar sus sobreseimientos, al sostener que la prueba reunida describe contextos, viajes, cargos, vínculos y comunicaciones, pero no acredita conductas individuales de decisión, apoyo, coordinación o ejecución del atentado contra la AMIA.
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Precisó que la hipótesis que atribuye el atentado a funcionarios iraníes y a Hezbollah se consolidó al comienzo de la causa bajo la influencia de agencias de inteligencia extranjeras, entre ellas el FBI y el Mossad. El memorial cuestionó que los datos reunidos acrediten conductas individuales y concretas de los acusados.
En particular, rechazó que los movimientos migratorios, los intercambios telefónicos y los antecedentes institucionales alcancen para probar que los acusados impartieron órdenes o realizaron aportes concretos al ataque.
La defensa oficial cuestionó el valor que el juzgado asignó a los llamados telefónicos registrados antes del atentado. Sostuvo que no está probado que Salman Raouf Salman hubiera realizado esas comunicaciones desde Buenos Aires ni que estuvieran destinadas a coordinar la operación, pese a que la acusación las considera un indicio central de su presunto rol en la fase final del ataque.
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También señaló que existen registros de su salida de Foz de Iguazú hacia Italia el 18 de junio de 1994, sin constancias de que hubiera regresado para intervenir en el atentado.
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