
Un juzgado civil y comercial de Mar del Plata condenó a una concesionaria y a una fabricante de automóviles a indemnizar a un cliente que compró hace 18 años un vehículo 0 km y denunció fallas mecánicas pocos meses después de recibirlo. La sentencia fijó una reparación de $5,7 millones por privación de uso y daño moral, además de una multa civil equivalente a siete Canastas Básicas Totales para un hogar de tres integrantes, cuyo valor de referencia era de $11,8 millones al momento del fallo.
El reclamante había adquirido en junio de 2008 un automóvil nuevo mediante un plan de ahorro. Según la demanda, desde agosto de ese año comenzó a advertir vibraciones, ruidos en el habitáculo y problemas en la dirección, que se acentuaban al superar los 80 kilómetros por hora. Sostuvo que esas fallas no resultaban compatibles con las condiciones esperables de un vehículo recién comprado.
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La unidad ingresó al taller de la concesionaria en varias oportunidades entre agosto de 2008 y agosto de 2009. Las órdenes de reparación incorporadas al expediente registraron reclamos por desvíos en la dirección, ruidos constantes, una guantera que se desprendía, fallas en el tablero, puertas con ruidos, vibraciones del motor y movimientos que, según el cliente, afectaban a todo el automóvil.

El demandante afirmó que las reparaciones no resolvieron el problema principal. También relató que envió una carta documento para reclamar una respuesta definitiva y que la empresa atribuyó inicialmente las fallas a los neumáticos. La cuestión fue derivada al fabricante de las cubiertas, que habría descartado que el origen estuviera en ese componente y recomendó revisar la alineación y el tren rodante del vehículo.
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Ante la falta de una solución, el comprador presentó un reclamo en la oficina municipal de defensa del consumidor. Durante aquella instancia se propuso una revisión técnica y participaron representantes de las firmas involucradas y de la empresa de neumáticos. De acuerdo con la resolución judicial, el procedimiento administrativo terminó con sanciones para las empresas demandadas por incumplimientos vinculados con el caso.
La concesionaria sostuvo que había cumplido con sus obligaciones de servicio técnico y posventa. Señaló que no intervenía en la fabricación del automóvil y afirmó que la solución recomendada consistía en reemplazar las cuatro cubiertas, alinear el vehículo y balancearlo. También alegó que el cliente no aceptó esa alternativa, lo que, según su postura, impidió completar el arreglo.
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La fabricante, en tanto, cuestionó la demanda y afirmó que los ingresos al taller no demostraban por sí mismos la existencia de todas las fallas denunciadas. Reconoció reparaciones vinculadas con la tapa de la guantera, el tablero, las puertas y el sistema de aire acondicionado. Además, destacó que el vehículo recorrió varios kilómetros durante el período en discusión, lo cual, a su entender, demostraba que se encontraba en condiciones de circular.
Ambas compañías plantearon que la acción estaba prescripta. Una de ellas sostuvo que había transcurrido el plazo de tres años contemplado en la Ley de Defensa del Consumidor, mientras que la otra invocó el plazo previsto para reclamos por vicios ocultos. El juzgado rechazó esas defensas y consideró que correspondía aplicar el plazo más favorable para el consumidor.
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La sentencia entendió que la relación entre las partes estaba alcanzada por las normas de defensa del consumidor. Bajo ese criterio, tanto la concesionaria que vendió el vehículo como la firma que lo fabricó integraban la cadena de comercialización y garantía. Por ese motivo, el fallo estableció que ambas debían responder frente al comprador, sin perjuicio de los reclamos internos que pudieran formular entre ellas.

Para resolver la cuestión, el juzgado valoró las órdenes de reparación, la carta documento, los antecedentes administrativos y una pericia mecánica realizada durante el juicio. El especialista informó que el automóvil todavía presentaba una vibración leve en su parte trasera al circular en ruta y detectó elementos colocados para disminuir ruidos, una situación que consideró fuera de lo habitual.
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El perito indicó que los problemas relatados podían ser compatibles con una falla en el tren trasero o con una deficiencia de alineación. Aclaró que no era posible determinar el origen exacto sin desmontar componentes del vehículo, aunque sostuvo que la vibración detectada no guardaba relación necesaria con el kilometraje acumulado ni con el desgaste propio del uso. También señaló una posible falla técnica de fábrica.
El juez consideró acreditado que el vehículo había presentado desperfectos a poco de ser entregado y que las demandadas no demostraron que el problema les fuera ajeno. Señaló, además, que las empresas no brindaron información suficiente sobre algunos de los ingresos al taller ni sobre las reparaciones efectuadas, pese a que tenían la obligación de dejar constancia de esos trabajos y de informar al consumidor.
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El fallo rechazó el pedido de indemnización por pérdida de valor de reventa del automóvil porque no se produjo una prueba técnica que permitiera calcular una depreciación concreta. En cambio, admitió la compensación por privación de uso. El juzgado estimó que el vehículo permaneció fuera de disponibilidad durante 70 días, al sumar los períodos en que estuvo en el servicio técnico y otros lapsos sin fecha de entrega registrada.
Por ese concepto, la resolución fijó $700.000, a razón de $10.000 por cada día sin uso del automóvil. También reconoció $5 millones por daño moral, al considerar que las reiteradas visitas al taller, la falta de una respuesta que resolviera el conflicto y la necesidad de atravesar instancias administrativas, de mediación y judiciales afectaron la tranquilidad del comprador.
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La sentencia también aplicó una multa civil por daño punitivo. El juzgado entendió que las empresas incumplieron sus obligaciones de garantía y que su conducta justificaba una sanción con finalidad disuasoria. La condena quedó fijada en siete Canastas Básicas Totales para un hogar de tres personas, según el valor vigente al momento del pago. Las demandadas deberán cumplir con la resolución dentro de los diez días posteriores a que quede firme, aunque pueden apelar bajo las condiciones establecidas por la normativa provincial.
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