
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Morón confirmó la compensación económica equivalente a diez salarios mínimos que un juzgado de primera instancia había ordenado pagar a favor de una mujer luego de su divorcio. La decisión también rechazó la apelación del exesposo, quien cuestionaba tanto la procedencia de la suma como la imposición de las costas del proceso.
La Sala I del tribunal resolvió mantener sin cambios la sentencia dictada el 1 de diciembre de 2025. De ese modo, el demandado deberá abonar el monto fijado en diez cuotas mensuales y consecutivas, además de afrontar los gastos de la segunda instancia. La regulación de los honorarios profesionales quedó pendiente.
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La causa se inició a partir de una demanda por compensación económica presentada tras la disolución del matrimonio. La pareja se había casado el 2 de junio de 2005 y el divorcio fue decretado el 24 de febrero de 2021. La extinción de la comunidad de bienes tuvo efectos desde el 25 de noviembre de 2020.

La reclamante sostuvo que, luego de la ruptura, quedó en una situación económica desfavorable frente a su exesposo. La discusión judicial se centró en determinar si esa diferencia tenía relación directa con la forma en que la pareja había organizado su vida familiar durante el matrimonio y con las consecuencias de la separación.
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En primera instancia, la jueza hizo lugar a la demanda y estableció una compensación equivalente a diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Dispuso que el pago se realizara en diez cuotas mensuales consecutivas y condenó al hombre al pago de las costas, es decir, los gastos derivados del juicio.
El demandado apeló esa decisión. Alegó que no se habían cumplido las condiciones exigidas por el Código Civil y Comercial para reconocer una compensación económica. Según su postura, la distribución de tareas durante el matrimonio no había dejado a la demandante en una situación de desequilibrio manifiesto.

También cuestionó la valoración de la prueba realizada por el juzgado. Planteó que la mujer no podía recibir una compensación adicional porque ya había obtenido un resarcimiento en un expediente de daños y perjuicios, lo que, a su entender, podía representar un enriquecimiento sin causa.
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La Cámara descartó ese planteo al diferenciar las finalidades de ambos reclamos. Explicó que la indemnización por daños apunta a reparar las consecuencias de conductas antijurídicas comprobadas en otro expediente, mientras que la compensación económica busca corregir el perjuicio patrimonial que puede generar el matrimonio y su posterior ruptura.
Los jueces señalaron que la compensación económica no funciona como una sanción por la forma en que terminó la relación. El análisis, indicaron, debe concentrarse en las consecuencias económicas objetivas que dejó el divorcio y en si uno de los excónyuges quedó en una posición de desventaja como resultado de la organización familiar que sostuvieron durante años.
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Para llegar a esa conclusión, el tribunal valoró declaraciones testimoniales incorporadas al expediente. De acuerdo con esos testimonios, el hombre mantuvo una inserción laboral estable y continua durante el matrimonio e incluso después de la separación, mientras que la mujer se dedicó de forma principal al hogar y al cuidado de los tres hijos.
La Cámara consideró además que la demandante realizó distintas actividades y cursó estudios, aunque entendió que esos elementos no modificaban el cuadro general. Los testimonios también dieron cuenta de las dificultades económicas que atravesó tras la ruptura y de la necesidad de recurrir a ayuda de terceros.
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El fallo citó el artículo 441 del Código Civil y Comercial, que contempla este tipo de compensación cuando el divorcio produce un desequilibrio económico manifiesto para uno de los integrantes de la pareja. Los magistrados remarcaron que no alcanza con demostrar que uno tiene más patrimonio que el otro: debe acreditarse que la desigualdad deriva de la vida matrimonial y de su finalización.

En ese marco, la Cámara entendió que se probó una diferencia económica relevante entre las partes. Consideró que la dedicación principal de la mujer a las tareas domésticas y al cuidado de los hijos incidió en sus posibilidades de sostener una trayectoria laboral similar a la de su exesposo.
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El tribunal también confirmó la imposición de las costas al demandado. Señaló que la regla general establece que debe afrontarlas la parte que pierde el juicio y que las excepciones son restrictivas. En este caso, concluyó que el éxito parcial de la demanda no alteraba la condición de vencido del apelante.
La sentencia fue firmada por los dos integrantes de la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Morón. Con el rechazo de la apelación, quedó vigente la obligación de pagar la compensación fijada en primera instancia en diez cuotas, junto con las costas correspondientes a la revisión ante la Cámara.
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