
Desde el 3 de marzo de 2026, cuatro ex altos mandos de la Armada Argentina enfrentan un juicio oral en Río Gallegos por el hundimiento del ARA San Juan (SUSJ), ocurrido el 15 de noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo. Los cargos son por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de los deberes del oficio y estrago culposo agravado por la muerte de la tripulación. El debate procura dilucidar si existen conductas reprochables penalmente por parte de los ahora acusados, como permitir o no impedir la zarpada del buque en supuesto mal estado.
El corazón del juicio radica precisamente en el análisis técnico de las condiciones del submarino: cuál era su estado de alistamiento a la hora de hacerse a la mar con el fin de cumplir su última orden. Cuáles eran las tareas y reparaciones pendientes y en qué grado afectaban -si afectaban- la seguridad de la nave a la hora de navegar.
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Así las cosas, Infobae analizó una serie de documentos clasificados como confidenciales que integran el acervo probatorio del proceso en curso, a cargo del juez Mario Reynaldi, presidente del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz. Leídos en secuencia, permiten reconstruir cómo la Marina planificó la misión que el SUSJ llevaba a cabo cuando naufragó a unos 500 kilómetros de la costa: una cascada de órdenes que fue delineando de lo más general a lo más preciso de la actividad, desde el alto mando operacional hasta llegar al comando del buque.
Los cuatro imputados ocupaban, al momento de los hechos, diferentes posiciones jerárquicas dentro del escalafón. El de mayor rango es Luis Enrique López Mazzeo, entonces contralmirante en manos del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA). Bajo sus órdenes directas actuaba Claudio Javier Villamide, ex capitán de navío y comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS), uno de los componentes que integran el COAA. Los otros dos son Héctor Aníbal Alonso, capitán de navío y ex jefe del Estado Mayor del COFS, y Hugo Miguel Correa, capitán de fragata y ex jefe del Departamento de Operaciones de ese mismo órgano.
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<b>La primera orden que puso en marcha la misión</b>
El primer documento es el más abarcativo y traza el marco general de las operaciones que se desarrollarían luego entre octubre y noviembre. El 5 de septiembre de 2017 a las 7:50, López Mazzeo cursó desde el COAA un mensaje naval al Comando de la Flota de Mar (COFM), con copia informativa al Área Naval Austral, al Comando de Aviación Naval, al Comando de la Fuerza de Submarinos y al Comando de Infantería de Marina.

El mensaje ordenaba al COFM “efectuar planificación” de las actividades en el marco de la denominada “Tercera Etapa de Mar” del año naval 2017. Los parámetros: comenzar el 26 de octubre con un cronograma de entre 25 y 30 días de duración, 12 días propulsados y tres de estadía en la Base Naval de Ushuaia.
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Las actividades previstas incluían el hundimiento del ex aviso ARA Comodoro Somellera y ejercicios de tiro naval sobre blanco remolcado; reconocimiento del litoral marítimo y puertos patagónicos; vigilancia y control de los espacios marítimos en áreas de jurisdicción e interés y en el Área Marina Protegida Namuncurá-Banco Burwood; tránsito por canales fueguinos, ejercitación anfibia y juego táctico, entre otras. En ese nivel del escalafón, la misión era todavía un conjunto de objetivos sin designación de medios navales ni responsabilidades específicas para cada unidad.
El documento convocaba además a una reunión de coordinación para el 14 de septiembre a las 10 en la Base Naval Puerto Belgrano, con todos los comandos destinatarios del mensaje.
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<b>El plan esquemático de la Tercera Etapa de Mar</b>
La respuesta llegó en forma de Plan Esquemático RGP–11/17 «C», confeccionado por el contralmirante Rafael Prieto desde el Comando de la Flota de Mar en Puerto Belgrano, con fecha 17 de septiembre de 2017 -tres días después de esa reunión-. Prieto, aunque par orgánico de los comandantes de Aviación Naval, Infantería de Marina y la Fuerza de Submarinos (todos dependientes del COAA), fue designado como Oficial en Comando Táctico con el fin de definir con mayor precisión el proceso de planeamiento de las tareas a realizar. El plan, luego aprobado por el COAA, ya fijó una duración tentativa de entre 28 y 30 días y precisó que la zona del hundimiento del ex ARA Comodoro Somellera estaría comprendida en un cuadrado de 25 millas náuticas “con centro situado en posición LAT 54° 00,0′ S LONG 064°,0′ W”.

Como medios propios de la Flota de Mar figuraban dos destructores MEKO 360, dos corbetas MEKO 140, un buque logístico, un buque transporte y un aviso, más un conjunto de aviones y helicópteros. A eso se preveía sumar, provenientes de otros organismos de la Armada, hasta dos corbetas y submarinos más, lanchas rápidas y patrulleras y una compañía de Infantería de Marina.
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La misión consignada en el documento era “conformar una Fuerza de Tareas y zarpar a partir del 26 de octubre y dirigirse al puerto de Ushuaia ejecutando adiestramiento naval integrado”, hundir el ex aviso ARA Comodoro Somellera “entre el 01 y 03 de noviembre en área asignada”, “planificar y ejecutar hasta dos operaciones anfibias” y, durante el repliegue desde Ushuaia, “realizar reconocimiento del litoral marítimo y vigilancia y control de los espacios marítimos”, previendo arribar a Puerto Belgrano a partir del 25 de noviembre. El propósito declarado en el texto era “continuar con el adiestramiento naval integrado previsto para el corriente año naval y difundir el quehacer naval en puertos del litoral marítimo argentino”.
El hundimiento del ex aviso ARA Comodoro Somellera quedó fijado entre el 1 y el 3 de noviembre. El buque había sido retirado del servicio activo por Resolución N° 63 del jefe del Estado Mayor General de la Armada, el contralmirante Marcelo Eduardo Hipólito Srur, firmada el 26 de abril de 2017: esa disposición lo llevó a la condición de Alistamiento VI -unidad radiada- y autorizó su uso como “buque blanco”.
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El Área Naval Austral debía remolcarlo desde Ushuaia hasta la zona asignada, con arribo garantizado cuatro horas antes del inicio del ejercicio, mientras buzos tácticos instalarían las cargas explosivas previo a la zarpada. El documento consignaba también las medidas del blanco a derribar: 700 toneladas de desplazamiento, 43 metros de eslora, 10 de manga y 3 de calado.
El plan distribuía responsabilidades entre cada uno de los comandos intervinientes. A la Aviación Naval le ordenaba alistar aviones y helicópteros, planificar acciones de ataque durante el tránsito y coordinar ejercicios antisubmarinos. Al Área Naval Austral le asignaba tanto la preparación del buque blanco como la elaboración de un análisis de impacto ambiental antes del 10 de octubre. A Infantería de Marina le encargaba planificar dos operaciones de desembarco en Tierra del Fuego y embarcar personal y material en las unidades de la Flota.
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Durante el repliegue desde Ushuaia, la Fuerza de Tareas debía recorrer el litoral patagónico ejerciendo vigilancia marítima, con una corbeta destacada para custodiar el Área Marina Protegida Namuncurá y la Zona Económica Exclusiva. El documento entraría en vigencia “al recibirse” y, concluida la operación, sería “incinerado sin elevar acta”.
Al Comando de la Fuerza de Submarinos, por lo demás, le imponía obligaciones precisas: alistar “hasta dos submarinos“, coordinar con la Flota las áreas y los momentos de actuación, ejecutar patrullaje continuo durante los traslados por la Zona Económica Exclusiva y designar buzos tácticos para instalar las cargas en el buque blanco y para intervenir en las operaciones de desembarco.
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<b>Las órdenes que recibió el submarino antes de zarpar</b>
Luego del “Plan Esquemático” se emitió la Orden de Operaciones General del COFM N° 14/17, que precisó aún más las disposiciones y derivó, el 24 de octubre, en la Orden de Operaciones N° 04/17 del Comando de la Fuerza de Submarinos. Clasificado como “confidencial”, el documento fue firmado por el capitán de navío Héctor Alonso, entonces jefe del Estado Mayor del COFS -con sede en Mar del Plata-, “en ausencia” de su comandante, Claudio Villamide. En la elaboración del planeamiento también intervino el capitán de fragata Hugo Correa, en su carácter de jefe operacional.
La orden asignaba misiones concretas a los dos submarinos que debían participar de la tercera etapa de mar: el ARA San Juan y el ARA Salta. Este último recibiría tareas de adiestramiento en el área del Golfo Nuevo. El San Juan, en tanto, tendría una misión en aguas más australes estructurada en tres etapas sucesivas.
La primera era el despliegue hacia la Base Naval de Ushuaia: a partir del 24 de octubre debía iniciar tránsito directo e ingresar antes del 2 de noviembre en el área denominada “Alessia”, donde realizaría patrulla antisubmarina hasta recibir instrucciones para dirigirse a Ushuaia. La segunda era la estadía en esa base, prevista a partir del 4 de noviembre por tres días, tras la cual zarparía hacia el área “Alejandra”, al noreste del Estrecho de Magallanes, para ejecutar un ejercicio de “Ataque Submarino” a un “núcleo cortinado”. En esa maniobra de entrenamiento táctico, el submarino debe infiltrarse de manera inadvertida a través de una “cortina” de buques de guerra -dispuestos para detectarlo y neutralizarlo- y alcanzar el blanco principal protegido por esa barrera.

La tercera etapa, titulada “Patrulla Control del Mar”, instruía al SUSJ a desplazarse al área denominada “Juliana” para ejecutar “una patrulla de exploración con una permanencia de al menos diez días” en aguas del Atlántico Sur. El objetivo era identificar buques de interés que operaran dentro de la milla 200: el documento mencionaba expresamente “REEFERs, logísticos, petroleros” y embarcaciones pesqueras “sin AIS o con código AIS no registrado”. La orden precisaba que era “interés de este Comando obtener la identificación mediante imágenes fotográficas o video de los buques de interés en dicha área”. Entre los blancos de seguimiento figuraban el buque HMS Clyde, de la Royal Navy británica, y aeronaves RAF C-130 y de la gobernación de Malvinas.
<b>La experiencia de la dotación</b>
La orden del COFS fue enviada por un despacho (denominado en la jerga naval Grupo-Fecha-Hora) directamente al SUSJ, que para ese momento contaba con un documento administrativo firmado por su propio comandante, el capitán de fragata Pedro Fernández, donde se consignaba que la embarcación estaba apta para operar. Se trata del Índice de Calificación del Estado del Material (ICEM), que conlleva una evaluación de los distintos componentes de la nave que arroja una cifra numérica y determina el estado del buque. El resultado de examen, rubricado en septiembre de ese 2017, fue el siguiente: “4,25/5 - Buque Habilitado”.

En otro orden de cosas, los datos sobre la experiencia de la tripulación fueron recabados con posterioridad en el informe elaborado por la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA San Juan, creada por la Ley 27.433 y presentado el 18 de julio de 2019.
Al mando de la misión del buque, como se dijo, estaba el capitán Pedro Martín Fernández, de 45 años, con 366 días de navegación acumulados en tres submarinos distintos y 5.341 horas de inmersión. El segundo al mando era el capitán de corbeta Jorge Ignacio Bergallo, con 223 días de navegación y 2.045 horas de inmersión. Le seguían el teniente de navío Fernando Villareal, jefe del Centro de Informaciones en Combate y del departamento de operaciones, con 205 días y 2.037 horas, y el teniente de navío Fernando Mendoza, jefe del departamento de máquinas y responsable del control de averías y la propulsión, con 147 días y 1.691 horas.
La dotación estaba integrada por 43 hombres y una mujer: la teniente de navío Eliana María Krawczyk, jefa del departamento de armamento y de las áreas de armas submarinas, control de tiro y material naval, con 165 días de navegación y 1.559 horas de inmersión.

Los tenientes de corbeta Jorge Mealla y Alejandro Tagliapietra eran los oficiales con menos singladuras, ya que contaban con 29 días de navegación cada uno y 595 horas de inmersión: ambos cursaban el curso de capacitación en submarinos S11 en la Escuela de Submarinos.
Entre los suboficiales y cabos submarinistas -33 en total- la experiencia se medía en años de servicio. Sus escalafones cubrían las especialidades de mecánica de sistemas, maquinistas, electricistas, comunicaciones, operaciones, servicios e informaciones. Los más veteranos eran el suboficial principal Javier Gallardo, mecánico de sistemas con 25 años en la fuerza, y el suboficial principal Alberto Sánchez, también mecánico de sistemas, con 23. En el otro extremo, distintos cabos primero llevaban entre uno y dos años desde su alta, entre ellos Luis Niz, mecánico de sistemas con un año de servicio.
<b>El último ejercicio exitoso, cuatro días antes de la implosión</b>
Tal como reconstruyó Infobae, el ejercicio antisubmarino en el área “Alejandra” fue el último que el San Juan llegó a completar. Su comandante lo dejó asentado en un mensaje naval clasificado como “secreto”, remitido a su comando en tierra el 11 de noviembre de 2017 a las 15:50, cuatro días antes de la trágica implosión.
El documento, dirigido a Villamide, describía el desarrollo del despliegue táctico hora por hora. El San Juan empezó moviéndose a 40 metros de profundidad y a 4 nudos cuando, pasadas las cuatro de la mañana, sus sensores captaron las primeras emisiones de sonar provenientes de los buques que debía atacar: una corbeta MEKO 140 y un destructor MEKO 360. Casi tres horas después, a las 07:45, ascendió a profundidad de periscopio -18 metros- y los avistó. El capitán Fernández ordenó cubrir puestos de combate y el submarino comenzó a maniobrar en silencio para calcular la posición y la velocidad de los blancos. Luego bajó a 65 metros y se deslizó entre los dos buques sin ser detectado. A las 08:55 comunicó por radio un “lanzamiento simulado” sobre el objetivo.
En ese marco, Fernández cerró el reporte con la siguiente evaluación: “Ejercicio ataque submarino a un núcleo cortinado con alto grado de aprovechamiento por parte de la dotación debido a que se cumplió con el rol de combate de manera integral, se penetró la cortina y se realizó lanzamiento sobre el núcleo“.
Luego del ejercicio integrado, el submarino partió a la zona asignada para cumplir la tercera y última etapa de su misión antes de volver a su apostadero. El 15 de noviembre, cuatro días después de ese informe, el ARA San Juan perdió contacto con tierra. A las 07:19 de ese día fue su última comunicación. A las 10:51 se registró la implosión.
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