El Tribunal Oral Federal 5 condenó a Gonzalo Sánchez, alias “Chispa”, por delitos de lesa humanidad en el marco de la megacausa ESMA, en relación con hechos ocurridos en el ámbito de la Escuela de Mecánica de la Armada, entre el 1 de enero de 1976 y diciembre de 1978.
Se trata del exoficial de inteligencia de la Prefectura Naval e integrante del grupo de tareas 3.3.2 de la Armada, quien estuvo prófugo y fue extraditado desde Brasil en 2020, por lo que los hechos y su calificación fueron acotados en función de la sentencia de extradición.
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El veredicto estableció que Sánchez fue coautor penalmente responsable en 178 casos del delito de privación ilegal de la libertad triplemente agravada: por su condición de funcionario público, por haber mediado violencia o amenazas y por una duración superior a un mes. En la misma resolución, absolvió al acusado por otros 19 hechos ante la falta de acusación.
Los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Germán Castelli resolvieron por unanimidad que los hechos incluidos en este proceso son crímenes de lesa humanidad. Finalmente, fijaron para el 22 de octubre, a las 18:00, la audiencia en la que se leerán los fundamentos de la sentencia.
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El fallo también difirió una definición sobre un planteo de la querella encabezada por Patricia Walsh y Carlos Gregorio Lordkipanidse. Ese pedido buscó que Sánchez permanezca detenido hasta cumplir íntegramente la condena, sin “ningún tipo de liberación anticipada o morigeración de las condiciones de detención”.
La resolución indicó que ese punto quedará sujeto a las incidencias que se generen “en el momento procesal oportuno”. Con esa fórmula, el tribunal evitó resolver en esta etapa si el represor podrá o no acceder más adelante a beneficios vinculados con la ejecución de la pena.
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La lectura del fallo estuvo a cargo del juez Castelli, quien nombró a las 178 víctimas, entre quienes figuran Norma Esther Arrostito, Dagmar Ingrid Hagelin, Cecilia Marina Viñas, Ana María Ponce, Patricia Julia Roisinblit, Carlos Simón Poblete, Gerardo Strejilevich y Rodolfo Jorge Walsh.
Sánchez, nacido el 30 de julio de 1951 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra actualmente detenido en la Unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal, ubicada en Campo de Mayo. En el proceso intervino el fiscal general Félix Pablo Crous, junto con la auxiliar fiscal Marcela Obetko, además de varias querellas y la defensa pública oficial.
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La querella
A partir de lo solicitado por la querella unificada encabezada por Patricia Walsh y Carlos Lordkipanidse y por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, el tribunal ordenó remitir copia digital de la sentencia al Archivo Nacional de la Memoria, al Museo Sitio de Memoria ESMA y al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos.
Tras la sentencia, la representación de familiares de víctimas, a cargo del CELS, y el abogado Pablo Llonto -en representación de familiares de víctimas- habían pedido 25 años de prisión para Sánchez.
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Manifestaron sentir “un sabor agridulce con la pena dictada por el tribunal, más cuando se trata de un represor cuyo papel era muy claro en la ESMA y que además huyó dos veces de la justicia”. Anticiparon que, una vez que se conozcan los fundamentos del fallo en octubre, apelarán el monto de la pena.
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