Gregorio Dalbón denunció ante el Consejo de la Magistratura al juez de la causa AFA

El abogado Gregorio Dalbón presentó este lunes una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra el juez Diego Alejandro Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, por hechos que podrían configurar causales de remoción por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. Según la presentación, el magistrado habría mantenido “contactos y conversaciones extraprocesales” con funcionarios de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en el marco de la causa judicial vinculada a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y les habría sugerido “la conveniencia de ampliar o reformular denuncias penales ya existentes, incorporando nuevas hipótesis delictivas y agravando el alcance de las imputaciones” dirigidas contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

La denuncia del letrado sostiene que, de corroborarse esos hechos, el juez habría “abandonado su posición constitucional de tercero imparcial para asumir un rol materialmente asimilable al de colaborador o asesor informal de la acusación”, lo que excedería “ampliamente el marco de una actividad jurisdiccional legítima”.

Dalbón encuadró los hechos en las causales previstas en los artículos 24 y siguientes de la Ley 24.937 -incumplimiento de normas constitucionales y legales, negligencia grave en el ejercicio del cargo y actos de manifiesta arbitrariedad- y solicitó al Consejo que disponga la apertura de un procedimiento disciplinario y que, eventualmente, promueva la suspensión y acusación del magistrado ante el Jurado de Enjuiciamiento.

Consultado por este medio, el denunciante afirmó que “la gravedad institucional de los hechos denunciados no reside únicamente en una eventual irregularidad procesal aislada, sino en la posible afectación de uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho: la imparcialidad judicial. Un magistrado de la Nación no puede, bajo ningún concepto, abandonar su rol constitucional de tercero neutral para transformarse -aunque sea informalmente- en un articulador de estrategias acusatorias junto a organismos estatales”.

El expediente que rodea la denuncia está vinculado a Tapia y Toviggino, quienes resultaron procesados junto a Cristian Malaspina, actual secretario general de la AFA, y los ex directivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Lorenzo, por retención y omisión de depósito de impuestos y contribuciones a la seguridad social por 19.300 millones de pesos correspondientes a los años 2024 y 2025.

La AFA como persona jurídica también fue alcanzada: sus bienes fueron embargados por 350 millones de pesos. Al dictar los procesamientos en la causa, el juez Amarante consideró que el delito se consolida en el momento en que las obligaciones no son depositadas dentro del plazo de 30 días desde su retención, y advirtió que en todos los meses con vencimientos se registraron transferencias de sponsors hacia cuentas de la entidad, lo que evidenciaba disponibilidad de fondos para cumplir con el fisco.

Esa decisión está apelada ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico, en manos de los camaristas Carolina Robiglio y Roberto Hornos. Los procesados en primera instancia reclaman el sobreseimiento, mientras que los acusadores piden agravar los cargos.

La semana pasada, el mismo proceso sumó otro capítulo. Amarante rechazó un planteo de la defensa de Toviggino que buscaba apartar a ARCA de su condición de querellante. En una resolución de 15 páginas, el magistrado señaló que la actuación de la entidad impositiva “se encuentra expresamente autorizada por el ordenamiento vigente y ha sido reiteradamente admitida por la jurisprudencia del fuero”, que la ley de Inocencia Fiscal “no resulta aplicable a esta instancia procesal” por tratarse de una causa ya en pleno trámite, y que “la facultad del organismo recaudador para intervenir como parte querellante en procesos de esta naturaleza no se encuentra condicionada a la existencia actual de una deuda pendiente, sino a la presunta comisión de hechos tipificados en el Régimen Penal Tributario”.

Es ese presunto vínculo mantenido entre el juez y el organismo recaudador el que la denuncia pone ahora bajo otra luz. La presentación tiene, por lo demás, su origen en una nota publicada el 7 de mayo por el portal Data Clave y replicada por otros medios, titulada “El polémico juez Amarante le ofreció a ARCA que denuncie a la AFA nuevamente para complicar a Tapia y a Toviggino”.

Dalbón aclaró que su presentación “no persigue cuestionar el contenido de resoluciones jurisdiccionales revisables por las vías procesales ordinarias”, sino “determinar si existieron conductas extraprocesales incompatibles con los deberes de objetividad, neutralidad e independencia que la Constitución Nacional y los tratados internacionales imponen a todo magistrado”.

La denuncia en cuestión, dirigida al presidente del Consejo, Horacio Rosatti, cita el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y fallos de la Corte Interamericana para sostener que la garantía de imparcialidad “no se agota en la ausencia de interés subjetivo del magistrado”, sino que también exige “condiciones objetivas capaces de despejar dudas razonables acerca de su neutralidad”. Bajo esos parámetros, argumenta la presentación, “la eventual existencia de comunicaciones informales y coordinaciones extraprocesales entre el juez denunciado y el organismo acusador reviste una gravedad institucional evidente”.

Para respaldar los hechos denunciados, Dalbón ofreció un conjunto de medidas probatorias: solicitó la remisión íntegra de las actuaciones del Juzgado N° 5 vinculadas a la AFA, un oficio a ARCA para que aporte copia de denuncias, ampliaciones y registros internos de comunicaciones con el magistrado, informes sobre accesos al juzgado por parte de funcionarios del organismo, y la citación a declarar de quienes hubieran participado en las actuaciones vinculadas a la entidad futbolística.

“La sociedad no espera jueces militantes, operadores ni funcionarios comprometidos con intereses sectoriales. Espera magistrados independientes. Cuando la apariencia de imparcialidad se quiebra, el daño excede cualquier expediente y erosiona directamente la confianza pública en la administración de justicia. Por eso corresponde que el Consejo de la Magistratura investigue con máxima profundidad y seriedad los hechos denunciados”, cerró Dalbón.

La denuncia quedará en manos de la Comisión de Disciplina y Acusación, que deberá resolver si hay mérito suficiente para avanzar en una investigación disciplinaria contra el juez denunciado.