
La discusión sobre el futuro del sector energético argentino tuvo este miércoles en el AmCham Energy Forum una síntesis concreta: el desafío ya no pasa por describir el potencial del país, sino por traducirlo en infraestructura, reglas estables y proyectos de escala. En el encuentro realizado en el Hotel Alvear Icon de Buenos Aires, el funcionario que concentró las definiciones más precisas fue Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía, con anuncios y diagnósticos sobre transmisión eléctrica, subsidios, Vaca Muerta y el régimen de incentivos a las inversiones.
La jornada, organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) bajo el lema “La energía en clave federal”, reunió a funcionarios nacionales, gobernadores, empresarios y ejecutivos del sector en un momento en que la producción de hidrocarburos, la discusión sobre tarifas y la necesidad de nueva infraestructura aparecen en el centro de la agenda oficial y privada.
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En su conversación con la periodista Sofía Diamante, González colocó al sistema eléctrico entre las urgencias inmediatas. El secretario destacó la salida del pliego de AMBA I, una obra de ampliación de transmisión que, según explicó, beneficiará al área metropolitana y al sistema interconectado en su conjunto. “Es parte de lo que necesitamos hacer urgente”, sostuvo, al describir una red “estresada en forma permanente” después de años de falta de inversión.
El funcionario dijo que la obra forma parte de una secuencia más amplia, que incluye nuevas ampliaciones de red y las licitaciones de almacenamiento con baterías para el AMBA y el sistema interconectado. En esa línea, fijó una definición política y económica sobre el esquema de financiamiento: si el objetivo es contar con un mejor servicio y mayor disponibilidad, el costo subirá y quedará a cargo de la demanda. “No lo va a pagar el Estado nacional”, afirmó.
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Ese punto le permitió conectar la situación actual del sistema con la discusión de fondo sobre tarifas y subsidios. González sostuvo que la meta de la política energética no se limita a recortar transferencias estatales, sino a reducir el costo de la energía en el mediano plazo a partir de mayor inversión y desregulación. “La mejor manera de reducir los subsidios es bajar el costo de la energía”, planteó, aunque aclaró que en el corto plazo las mejoras de infraestructura implican un costo adicional.
Al hacer un balance del año, el secretario reconoció que el invierno tuvo un costo mayor al previsto por la suba del GNL y por una menor hidraulicidad al comienzo de la estación. Aun así, defendió la trayectoria oficial de reducción de subsidios y dijo que, desde la llegada del actual Gobierno, el recorte acumulado ronda casi un punto del producto. Para este año, estimó un ajuste de alrededor de 0,55 puntos del PBI, apenas por encima de la meta inicial de medio punto.
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González también puso el foco en la composición del esquema de subsidios. Señaló que más de la mitad de los usuarios residenciales aún recibe asistencia y que, en el caso de la electricidad, esa cobertura supera el 60% del costo de la energía, mientras que en gas llega al 75% durante el invierno. La discusión hacia adelante, señaló, pasa por decidir si la prioridad será reducir la cantidad de usuarios subsidiados, achicar el porcentaje subsidiado o avanzar con una combinación de ambas herramientas.
Dentro de ese capítulo, uno de los pasajes más duros de su exposición estuvo dedicado al régimen de zonas frías. González calificó de “aberración” que el esquema se haya extendido a localidades que, a su juicio, no reúnen esas condiciones y criticó que el subsidio alcance el total de la factura y no solo el costo del gas. Para ilustrar esa distorsión, usó un ejemplo que buscó contrastar ingresos y beneficiarios: “No tiene ningún sentido que un jubilado en La Matanza esté subsidiando al dueño de un departamento para alquilar en Mar del Plata”.
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El otro gran eje de su intervención estuvo en Vaca Muerta, que dominó buena parte del intercambio y volvió a aparecer como la principal plataforma de crecimiento del sector. González reveló que un nuevo estudio del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas estimó en 30.000 millones de barriles los recursos técnicamente recuperables de petróleo en la formación, casi el doble de las estimaciones integrales disponibles hasta ahora, que tenían unos quince años.

Ese cálculo le permitió reforzar la idea de urgencia en torno al desarrollo del shale. Según planteó, al ritmo actual de producción el volumen estimado equivaldría a casi un siglo de actividad, mientras que medido sobre las exportaciones presentes implicaría unos 250 años. Bajo esa lógica, defendió la necesidad de acelerar proyectos y evitó cualquier lectura gradualista. “Un barril perdido de petróleo hoy lo perdiste”, afirmó, con el argumento de que esa producción no se recupera después en términos económicos.
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En ese tramo, González ubicó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como una pieza de apoyo a la infraestructura y al desarrollo del upstream. Mencionó entre los casos relevantes el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), destinado a ampliar la salida de crudo al Atlántico, y anticipó que YPF avanzaría con la presentación de Argentina GNL al esquema de beneficios. Su lectura fue que el RIGI no solo acelera planes ya existentes, sino que vuelve viables áreas o desarrollos marginales que antes quedaban fuera de cartera.
El secretario describió esa orientación como un cambio de enfoque regulatorio. Según dijo, la política energética dejó atrás una lógica de administración de la escasez y empezó a mirar el sector desde la “gestión de la abundancia”. En esa formulación incluyó la salida de viejos conceptos de autosuficiencia y la decisión de intervenir menos en la formación de precios, con la expectativa de que el sector privado tome la delantera en la expansión de producción e infraestructura.
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Ese mensaje tuvo un eco político e internacional en la exposición del embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, quien participó en la charla “Argentina y Estados Unidos: alianza estratégica para la inserción internacional”. Frente a un auditorio dominado por ejecutivos y referentes de la cadena energética, Lamelas elogió el rumbo de las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei y ligó la atracción de inversiones a la profundización de ese proceso.
“Todo es posible en Argentina”, dijo al comienzo de su intervención. Luego sostuvo que la energía constituye una base del desarrollo económico y de la seguridad nacional y que el ingreso de capitales requiere reglas de juego claras, menos burocracia y más protagonismo del sector privado. También afirmó que muchas provincias reclaman más inversión estadounidense, aunque aclaró que el Gobierno de su país no puede ordenar a las empresas privadas dónde colocar capital.
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En ese marco, el embajador destacó que el RIGI recibió 40 proyectos por 100.000 millones de dólares y señaló que una parte ya obtuvo aprobación. Sumó a ese panorama el acuerdo comercial ATI y la posibilidad de financiamiento de la Corporación Financiera de Desarrollo de Estados Unidos (DFC) y del Exim Bank para iniciativas vinculadas con energía, minería y tecnología. Su planteo fue que la discusión ya no pasa por si la Argentina puede transformarse en una potencia energética, sino por quiénes participarán de ese proceso.

Lamelas también introdujo un componente geopolítico al advertir sobre la seguridad tecnológica y la infraestructura de datos. Cuestionó el uso de equipamiento de Huawei y sostuvo que las empresas chinas están obligadas a otorgar al Estado acceso a la información que circule por sus redes y sistemas de inteligencia artificial. En ese pasaje, vinculó la protección de datos con la seguridad nacional y con las condiciones que observan los inversores internacionales al evaluar proyectos en la Argentina.
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La apertura institucional del foro estuvo a cargo de Mariana Schoua, presidenta de AmCham Argentina, quien propuso encuadrar la discusión en una perspectiva federal. Schoua señaló que la Argentina atraviesa una oportunidad histórica después de pasar en pocos años de importador de energía a exportador neto y sostuvo que el reto consiste en transformar esa ventaja en inversiones concretas, proveedores locales y empleo de calidad en las provincias donde se genera la energía.
En su mensaje, Schoua mencionó tres elementos como diferencial argentino: recurso, previsibilidad y alineamiento estratégico con Estados Unidos. También remarcó que la continuidad macroeconómica, la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica serán determinantes para que proyectos de gran escala logren financiamiento y ejecución. Sobre el final de su discurso, anunció además el cierre de su etapa al frente de la entidad y señaló que Gabriela Renaudo asumirá la presidencia de la cámara con aprobación del board.
El programa del foro recorrió después una agenda amplia sobre producción, exportación, financiamiento e impacto territorial. Hubo paneles sobre cuencas productivas, tecnología, proveedores e infraestructura de evacuación, con participación de ejecutivos de Tenaris, TGS y AWS; sobre Vaca Muerta como plataforma exportadora, con referentes de Vista y TotalEnergies; y sobre el ingreso argentino al mercado global de GNL, con voces de Southern Energy y de la Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro.
La grilla incluyó además un bloque sobre normalización del mercado eléctrico, señales para la inversión y competitividad, con representantes de Schneider Electric, Central Puerto y AES; otro sobre capital para la energía argentina, con Facundo Gómez Minujin, de JP Morgan, y Jorge Brito, de Genneia; y un panel sobre desarrollo territorial, infraestructura y transformación productiva, con referentes del Consejo Federal de Inversiones, del Senado y de gobiernos locales.
El componente federal del evento quedó reforzado con la participación de los gobernadores Ignacio Torres, de Chubut; Alberto Weretilneck, de Río Negro; y Alfredo Cornejo, de Mendoza, en conversaciones individuales que buscaron mostrar el vínculo entre desarrollo energético, infraestructura y estrategia provincial. El cierre quedó a cargo de Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina.
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