La Cámara Federal de Apelaciones porteña avanzó con la elevación a juicio en el caso que investiga el desvío de fondos públicos que salieron del Ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido, mediante convenios entre el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Los principales acusados son Carlos Ruta y Daniel Edgardo Di Gregorio, quienes respectivamente oficiaron como rector y vicerrector de esa casa de estudios.
La Sala II del tribunal confirmó el requerimiento de elevación a juicio que había dictado la jueza María Eugenia Capuchetti, aunque anuló un párrafo de la acusación del fiscal.
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Ambos exdirectivos habían cuestionado la validez del requerimiento al argumentar que se modificaron los hechos imputados originalmente y que se omitieron pruebas decisivas para el caso. Sin embargo, los magistrados Eduardo Farah y Roberto Boico desestimaron la mayoría de estos planteos y validaron el camino hacia el juicio.
El conflicto central que derivó en la anulación de una parte del escrito fiscal radicó en un párrafo específico que, según los jueces, excedió la imputación fijada durante la etapa de investigación.
En ese fragmento, la fiscalía atribuyó a Ruta y Di Gregorio tareas de supervisión directa sobre la ejecución de los contratos, la certificación de servicios prestados, la emisión de órdenes de pago, la transferencia de montos y la entrega de cheques.
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La Cámara consideró que estas afirmaciones no guardaban coherencia con la plataforma fáctica por la cual los acusados resultaron procesados, por lo que decidió suprimir ese pasaje para evitar futuros planteos que afecten el normal desarrollo del juicio.
A pesar de esta modificación, la Cámara ratificó la acusación general contra las exautoridades de la casa de estudios en calidad de partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
El caso
La maniobra investigada consistió en la firma de un convenio marco de cooperación en diciembre de 2012, al que luego se sumaron dos actas específicas firmadas en 2014 y 2015, para obtener asesoramiento técnico en materia hidráulica de los expertos de la universidad.
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A través de estos instrumentos, el ORSEP —que tiene la misión de fiscalizar y controlar la seguridad de las presas, embalses y otras obras, y funcionaba bajo la órbita de Planificación Federal— transfirió $8.898.167 entre 2013 y 2016 que habrían sido desviados. Actualizada por inflación, esa cifra hoy superaría los 2.000 millones de pesos.
De acuerdo con las constancias del expediente, los fondos públicos se destinaron a finalidades distintas a las pactadas originalmente, mediante la contratación de servicios que nunca se ejecutaron y la emisión de facturas “truchas”.
La acusación señala que los convenios se firmaron sin cumplir con los procedimientos administrativos internos obligatorios, ya que no contaron con la aprobación del consejo técnico del ente regulador ni del consejo superior de la universidad. Esta omisión impidió que se realizaran los controles necesarios sobre los acuerdos específicos, lo que facilitó el perjuicio patrimonial para el Estado.
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La investigación judicial determinó que la falta de intervención de los organismos de control internos permitió la suscripción de contratos de locación de servicios con personas que carecían de la idoneidad y los conocimientos técnicos requeridos.
Entre los contratados por la UNSAM había psicólogos, profesores de educación física y comerciantes del rubro alimenticio, cuyas especialidades no tenían vinculación alguna con las funciones del Organismo Regulador de Seguridad de Presas.
Otros profesionales declararon como testigos y reconocieron que no prestaron los servicios que figuran en los papeles.
Junto a Ruta y Di Gregorio también están procesados otros exdirectivos de menor jerarquía.
El ex rector de la UNSAM Carlos Ruta aparece mencionado en varias causas de corrupción. Hace un año atrás fue absuelto en el caso “Mamá Corazón”, donde compartió el banquillo de los acusados con De Vido y la actriz Andrea Del Boca. El fallo fue apelado por la fiscalía y está bajo revisión de la Cámara Federal de Casación Penal.
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Ruta también va camino a juicio en otro expediente por sobreprecios en la compra de equipos tecnológicos para producir contenidos audiovisuales en la universidad. El caso también tiene como epicentro un convenio firmado con el Ministerio de Planificación Federal.
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