El Banco Central emitió esta tarde una circular que, apenas conocida, el mercado interpretó como una pesificación de los depósitos en dólares de los entes del sector público. Se trata de la Comunicación A7732, publicada un día después de que arreciaran los rumores respecto a la conversión de las tenencias en moneda dura de organismos estatales, lo que fue desmentido durante la jornada de ayer.
Tras la difusión de la norma, desde el Banco Central volvieron a negar que se trate de obligar a las reparticiones públicas a pesificar sus depósitos dolarizados y explicaron que la norma busca fortalecer las reservas netas y apunta a reforzar “las buenas prácticas administrativas del Estado”, aunque admitieron que el objetivo es disponer de esas divisas para, eventualmente, destinarlas a la intervención en el mercado de cambios.
En concreto, el texto de la comunicación indica lo siguiente: “Admitir, que los entes del sector público no financiero puedan acreditar en las “cuentas especiales para exportadores” –previstas en el punto 3.14. de las normas sobre “Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales”– importes por hasta el monto en pesos proveniente de las liquidaciones, realizadas a partir del 1.12.22, de financiaciones y/o aportes no reintegrables de organismos internacionales, sus agencias asociadas, bancos multilaterales de desarrollo o agencias oficiales de crédito”.
Según explicaron fuentes del BCRA, la decisión deriva de la norma establecida en enero según la cual los entes públicos quedan autorizados a convertir sus tenencias en dólares, provenientes, por ejemplo, de crédito de organismos internacionales, a moneda nacional ajustadas por el valor del dólar oficial. En ese sentido, según indicaron en la entidad, existen numerosas cuentas de organismos del Estado en dólares distribuidas por bancos comerciales. Al estar depositados en bancos comerciales, esos depósitos no integran las reservas. “Todos los organismos del Estado, para usar esos dólares, los tienen que vender en el mercado libre y único de cambios. Lo que se busca que mientras no estén usando esos dólares, los conviertan en pesos ajustados por dólar oficial y, en vez de estar depositados en cuentas comerciales, pasan a ser dólares de las reservas netas del Banco Central”, se explicó.
Eso habilitaría su utilización para intervenir en el mercado de cambios oficial mientras los dólares se encuentren “ociosos”. La norma emitida hoy, aseguraron en el equipo económico,” perfecciona ese mecanismo”: implica también que si algún organismo recibió un crédito y no lo gastó todo, por lo que quedó un saldo en pesos en la cuenta, pero hay que devolverlo, se puede reconvertir a dólares.
En ese sentido, en el equipo económico insistieron en que la norma que salió hoy es complementaria de la A7667, de enero pasado, pensada para los desembolsos de los préstamos de los organismos internacionales. Según se remarcó, ese proceso indica que una vez desembolsado el crédito, los fondos ingresan al país y el Tesoro los acredita en las cuentas en dólares de la unidad ejecutora. Esa unidad ejecutora va vendiendo los dólares en el mercado oficial a medida que ejecuta el programa.
Lo que se dispuso ahora es que las unidades ejecutoras pueden liquidar la totalidad del crédito y depositar los pesos en una cuenta remunerada al valor del dólar oficial. Esto permite mantener el valor del crédito en su moneda original mientras se van ejecutando los gastos que se pagan en pesos. La norma aclara que las unidades ejecutoras que liquidaron los créditos antes del 1° de diciembre de 2022 también pueden depositar el saldo que mantengan en pesos en estas cuentas remuneradas.
Más allá del impacto de la medida, que se dispone horas después de que el Gobierno obligara a los organismos públicos a vender en el mercado sus bonos en dólares, lo cierto es que las cifras son exiguas. Según cálculos del economista Fernando Marull, se trata de un monto menor a los USD 200 millones, lo que equivale a la intervención negativa del Banco Central en un mal día.
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