Puede resultar paradójico desde el sentido común pero, de cumplirse las premisas que se anunciaron el presidente y el ministro de Economía en la mañana del viernes, para el acuerdo que busca resolver el problema de los vencimientos con el Fondo Monetario, el nivel de endeudamiento registraría este año un aumento cercano a los USD 10.000 millones.
Ese número surge porque fue el propio organismo de crédito multilateral que admitió una pauta de déficit fiscal de 2,5% del PBI para 2022, en línea con lo que pretendía el ministro Martín Guzmán, pero exige un fuerte ajuste en la emisión monetaria, más severo de lo que proponía Economía.
El propio Guzmán informó en rueda de prensa que el Gobierno podrá financiar el desequilibrio de las cuentas públicas con el equivalente a sólo 1% del PBI de emisión monetaria -versus los 3,7% del PBI de emisión el año pasado-, lo que significa que Economía deberá buscar financiamiento adicional en el mercado de capitales local. Es decir, incrementar la deuda.
La cuenta es, en definitiva, bastante sencilla. Las necesidades financieras de 2022, siempre de acuerdo a las pautas con las que trabaja ahora el Gobierno para alcanzar el acuerdo definitivo con el FMI, representarán 3% del PBI, es decir, unos USD 14.000 millones. Ese sería el monto necesario para cubrir el rojo fiscal y también pagar los intereses de la deuda en moneda extranjera, que representan apenas 0,5% del PBI en virtud del cronograma de pago a los acreedores privados en la última reestructuración de la deuda que, igual que con el Fondo Monetario, concentrará los vencimientos fuertes a partir de 2025.
De la cifra total a reunir para cubrir las necesidades, se proyecta el ingreso de USD 4.000 ,millones en créditos que provendrían de organismos internacionales como el BID y Banco Mundial. El resto debería obtenerse principalmente del mercado local. Se trata, según un breve cálculo que realizó la consultora en finanzas 1816, de una cifra levemente superior a la que el Banco Central deberá girar al Tesoro en concepto de Adelantos Transitorios.
Esas definiciones iniciales, sin embargo, no despejan por completo la cuestión del impacto del financiamiento del déficit sobre la expansión monetaria y, por ende, la presión sobre los precios, el tipo de cambio y la brecha.
Esto porque, de acuerdo a la estrategia para financiarse en el mercado de capitales que se aplicó durante el año pasado, aun cuando Economía logró captar recursos del mercado, ese financiamiento resultó en gran medida monetariamente expansivo. Fue lo que ocurrió a partir de mayo, cuando el Banco Central habilitó a las entidades financieras a integrar encajes bancarios con bonos del Tesoro. Eso liberó mayor liquidez y aseguró la demanda de los títulos que emitía Economía.
No se conocen al respecto los detalles pero, presumiblemente, eso vuelva a ocurrir este año. A menos que el FMI, cuando se profundice en la letra chica del acuerdo, imponga metas respecto de la expansión monetaria más allá de la emisión de moneda “nueva”.
“El 95% de la deuda neta obtenida por el Tesoro en 2021 fue contra liquidez bancaria, que tiene un efecto expansivo. Seguramente eso vuelva a ocurrir”, opinó el economista Gabriel Caamaño, director de la consultora Ledesma, quien advirtió que el punto es uno de los detalles que falta definir. “En realidad, lo que falta es el acuerdo. Hay un entendimiento de políticas con el staff pero ahora hay que armar el acuerdo en sí mismo. Lo importante es que nos alejamos de la irracionalidad de no pagar y hacernos los duros”, agregó.
Para el economista Nery Persichini, las diferencias en lo fiscal se zanjaron a mitad de camino ya que del sendero que pretendía Guzmán de déficit 0% en 2027, se acordó adelantarlo a 2025 como quería el FMI, pero el ministro logró mantener su pauta de 2,5% para 2022. En lo monetario, sin embargo, el Fondo fue inflexible. “El recorte del financiamiento al Tesoro por parte del Banco Central es mucho más acelerado que el de la gestión anterior”, sostuvo. La contrapartida de ese recorte será, entonces, un nuevo aumento de la deuda pública.
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