Videos Twitter: @LuisCarlosDDHH y @LuOrozco5
Como desoladora calificaron las comunidades de Antioquia los bajos niveles del río Cauca -el segundo más grande de Colombia- aguas abajo de Hidroituango, luego del cierre de las compuertas de la casa de máquina de esa construcción. La situación se convirtió en una emergencia ambiental por la mortandad de miles de peces, principal fuente de alimentación e ingresos de las poblaciones ribereñas.
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El proyecto de la hidroeléctrica, ubicado en el departamento de Antioquia, ha presentado graves inconvenientes técnicos, ambientales y políticos desde su inicio en 2010. El mayor se registró en mayo del año pasado, cuando un problema generó riesgo de que la presa se rompiera, amenazando con la inundación en 12 municipios de 4 departamentos del país, lo que causó el desplazamiento masivo de la población, muchas de las cuales no han podido regresar a sus hogares.

Ahora, el cierre inminente de las compuertas de la casa de máquina de la hidroeléctrica, el pasado martes 5 de febrero, redujo un 10% el caudal del río Cauca, algo nunca antes vistas. De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), para el 4 de febrero el nivel del afluente en Puerto Valdivia era de 1.96 metros, pero este 6 de febrero alcanzaba apenas 42 centímetros.
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Los efectos ambientales y sociales de este cierre ya habían sido pronosticados por expertos. Pero Empresas Públicas de Medellín (EPM), quienes llevan a cabo la construcción, desestimaron la información, aunque ahora la mortandad de peces es evidente. EPM dispuso 800 trabajadores para rescatar unos 137 mil peces, pese a la medida ya han muerto 35.000 especies.

La preocupación se extiende por todas las comunidades de Puerto Valdivia y otros municipios del norte de Antioquia que dependen de ese río y están afectados con la sequía. Entre ellos hay cerca de 700 indígenas Senú que habitan las zonas ribereñas, que se encuentran sin agua ni acceso a los principales alimentos de su dieta.
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Richard Sierra, representante regional de las comunidades indígenas del Bajo Cauca, dijo a La FM que por la sequía los animales son inconsumibles por el acelerado grado de descomposición de los miles de peces muertos, que el río era su principal acueducto, por lo que escasea el agua para beber, bañarse y regar los cultivos agrícolas.

El Ministerio de Ambiente había ordenado a Hidroituango tomar medidas necesarias para prevenir impactos ambientales y sociales en las maniobras anunciadas, pero estas al parecer no fueron suficientes. Por lo que el jefe de la cartera, Ricardo Lozano, calificó la situación como la emergencia ambiental más grave que ha vivido el país.
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"Además de sobrevolar la zona, pudimos bajarnos en Caucasia y comprobar lo que está pasando en el territorio. Los niveles bajaron 1,5 metros desde Puerto Valdivia, la reducción está ya llegando a Nechí y eso es un hecho que nunca había pasado en el río", dijo el ministro según cita El Tiempo.
Robinson Miranda, Director social y ambiental del #ProyectoItuango, nos cuenta cuál es el proceso que se ha llevado a cabo para la preserva de la vida de los peces, en cada uno de los tramos del #RíoCauca. pic.twitter.com/aaj2VHkb3u
— EPM estamos ahí (@EPMestamosahi) 6 de febrero de 2019
Por su parte, Robinson Miranda, director social y ambiental de Hidroituango, aseguró a través de Twitter que se han salvado 30 mil peces desde el cierre de la primera compuerta, el pasado 16 de enero, y que solo han muerto 747 especies. Aunque la cifra de otros organismos estatales y sociales es mucho mayor.
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Según el funcionario, dividieron el río en 14 tramos donde asignaron pescadores, biólogos y auxiliares ambientales para salvar a los peces. "En solo pescadores tenemos a más de 500 que están capacitados para sacar los peces e incorporarlos al cauce del río", afirmó Miranda.

Ante la situación, el director de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), Rodrigo Suárez, hizo nuevos requerimientos a EPM para establecer las sanciones correspondientes luego de presentar su reporte en una audiencia el próximo lunes.
"Nosotros le hemos pedido a EPM que nos entregue información de manera tal que nos permita identificar si hubo o no modificación en la prestación de servicios ambientales. Como resultado de eso estableceremos cuáles serán las sanciones", dijo Suárez a El Tiempo.
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