Les vendían terrenos en El Caracol, Costa Bonita y El Bonete, todos cerca de Laguna Garzón, al este de Uruguay. Se los vendían por 50 o 70 dólares el metro cuadrado. Les decían que tenían, en promedio, unos 1.000 metros cuadrados y que estaban frente al mar o a la laguna.
Un grupo de extranjeros, en su mayoría argentinos, denunció a tres escribanos que vendían terrenos ilegalmente, según informó FM Gente. Las operaciones se realizaban desde Maldonado por actores locales a los que hoy se investiga como una posible organización delictiva.
La mayoría de las maniobras comenzaron en 2011, aunque hay algunas de años previos. Algunos de los denunciantes son personas mayores de 80 años. Algunos de ellos fallecieron durante la investigación. Lo mismo pasa con los escribanos: varios de los que figuran en la documentación han fallecido.
Según el noticiero de FM Gente, están implicadas alrededor de cincuenta escrituras.
Tras las denuncias, la Justicia uruguaya imputó a tres escribanos de Maldonado, dos mujeres y un hombre que ya poseía antecedentes penales. Semanas atrás, se había formalizado a otro hombre cuyo rol en la operación consistía en figurar como apoderado de los documentos falsificados. Esos eran los que se utilizaban para las negociaciones con los terrenos.
Una de las mujeres fue condenada por un delito de asociación para delinquir, reiterados delitos de falsificación ideológica de documento público por un funcionario público, todos en régimen de reiteración real entre sí.
La otra fue formalizada por la presunta comisión de un delito de asociación para delinquir, un delito de uso de documento público falso, un delito de falsificación ideológica por un funcionario público y presunta co-autora de un delito de estafa, todos en régimen de reiteración real.
Mientras tanto, el hombre fue procesado por presunta comisión de un delito de asociación para delinquir, un delito de falsificación ideológica por un funcionario público, un delito de uso de documento público falso y un delito de estafa, también todos en régimen de reiteración real.
Los cuatro deberán cumplir prisión domiciliaria como medida cautelar y presentarse, una vez por semana, en la comisaría de su jurisdicción. Será por un período de 180 días en tanto que la investigación continúe.
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