La Corte de Constitucionalidad ordenó mantener abierto el vertedero de AMSA ubicado en el municipio de Amatitlán en Guatemala, pese a que se tenía previsto el cierre definitivo próximo el 31 de agosto.
El vertedero está ubicado a unos 45 minutos de la ciudad y recoge los desecho sólidos de 34 municipios de Guatemala, Escuintla y hasta Sololá, se ha convertido en un foco de contaminación, donde constantemente se reportan incendios debido a que ha sobrepasado su capacidad desde hace más de una década.
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Tras el anuncio de cierre, alcaldes de los municipios de Villa Nueva, Amatitlán y San Miguel Petapa promovieron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, la cual resolvió por unanimidad por los cinco magistrados titulares mantener abierto el vertedero que recibe cada día entre 300 y 400 camiones y más de 2.200 toneladas de basura.
El fallo de la Corte dispone que las autoridades del vertedero “deberán de abstenerse de disponer o ejecutar el cierre del vertedero, mientras no se haya emitido la sentencia definitiva del presente amparo”.
La orden alcanza al presidente Bernardo Arévalo, al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y a la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA). Con ello, las municipalidades podrán seguir utilizando el depósito mientras continúa el proceso constitucional.
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La CC mantuvo la operación del depósito y exigió planes municipales para la basura
La resolución no solo impide la clausura inmediata. También ordena garantizar el manejo adecuado y el resguardo de los desechos sólidos que permanezcan en el lugar, con condiciones de salubridad y protección ambiental.
Además, la CC exhortó a las municipalidades que usan ese vertedero a coordinar políticas y planes para la recolección, tratamiento y disposición final de los residuos. El fallo también les pide destinar espacios dentro de su propia circunscripción territorial para disponer la basura.
Ese punto responde a una discusión de larga data entre el MARN y las comunas sobre quién debe resolver el destino final de los desechos. Según AMSA, el artículo 68 del Código Municipal establece que el manejo y tratamiento de los residuos corresponde a las municipalidades, que deben crear sus propios mecanismos, políticas y planes.
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La directora de AMSA, Enma Díaz, había explicado en una reunión en el Congreso que la presión sobre el sitio aumentó con fuerza: antes de 2024 ingresaban alrededor de 180 camiones y desde ese año la cifra subió a unos 400. La entidad también reportó que ha identificado cerca de 170 basureros ilegales en los alrededores de la cuenca del lago de Amatitlán.
El cierre seguía en análisis y el proceso técnico podía durar años
El cierre había sido anunciado en marzo y, según AMSA, respondía a que el sitio alcanzó su capacidad total y cumplió su vida útil. Edwin Castellanos, viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático, dijo que la fecha había sido fijada en 2024 y seguía vigente para el 31 de agosto.
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Antes de la intervención de la CC, el ministerio analizaba estudios técnicos entregados por AMSA para definir si autorizaba una prórroga de dos años. Esos documentos, según esa institución, mostraban mejoras en el manejo y la compactación de la basura durante los últimos dos años.
Entre las opciones evaluadas por las autoridades ambientales figuraba un cierre gradual que comenzara el 31 de agosto y se extendiera durante varios meses o incluso un año. Esa alternativa contemplaba supervisar la evolución de las fases del vertedero mientras se ejecutaban las acciones de clausura.
El proceso técnico no consistía solo en dejar de recibir basura, debido a que el problema del vertedero incluye el control de lixiviados, de los gases producidos por la descomposición de los residuos y de otros focos de contaminación.
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La clausura también requiere cubrir de forma progresiva los desechos con material inerte y favorecer la recuperación de la cobertura vegetal. La recuperación total del área podría tomar al menos tres años.
AMSA opera desde 2024 con un presupuesto aproximado de Q4 millones, aunque estima que necesitaría unos Q15 millones para funcionar de manera adecuada. Mientras no exista sentencia definitiva sobre el amparo, el vertedero del kilómetro 22 deberá seguir recibiendo desechos.
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