A principios de este mes, la Justicia uruguaya condenó por estafa a un escribano y a un operador inmobiliario y ex funcionario público acusados de haber vendido de forma fraudulenta un terreno en las playas de Punta del Este, en Uruguay. La víctima de esa usurpación fue una ciudadana argentina.
La investigación comenzó hace dos años, en diciembre de 2019, cuando la mujer viajó hasta el balneario José Ignacio, en el departamento de Maldonado, para definir los detalles finales de una operación inmobiliaria.
En esa zona, más precisamente en el barrio La Juanita -un paraje ubicado frente a la playa que en el último tiempo atraviesa un proceso de edificación- ella había heredado dos lotes de un tío fallecido en el año 2015, que en ese momento buscaba vender. Allí, los precios de las tierras oscilan entre los USD 70.000 y los USD 140.000, según informó el diario El País de Uruguay.
Cuando fue a ver los terrenos, ubicados sobre la calle República Oriental del Uruguay, la mujer se encontró con que alguien había instalado ahí carteles de venta, que ella no había ordenado ni consentido, y lo denunció.
La investigación llegó así hasta Ángel Teodoro Ferraz Techera, un escribano de 75 años oriundo de Montevideo, quien -de acuerdo con la pesquisa llevada a cabo por los investigadores de la Zona Operacional II- había vendido los terrenos en 2018 mediante un poder confeccionado por él mismo donde el tío de la propietaria, que estaba muerto desde hacía tres años, entregaba las propiedades a un ciudadano argentino, que luego vendió los inmuebles a un precio al menos seis veces menor que su valor de mercado.
“El escribano falsificó la firma de esta persona y lo vendió. Pero el adquirente, a quien nosotros también estamos denunciando, obtuvo un terreno que en ese momento rondaba aproximadamente los USD 100.000 a sólo USD 10.000 y luego los volvió a vender obteniendo un beneficio mayor pero a un precio que también es irrisorio”, explicó en diálogo con Infobae Eduardo Sasson, el abogado penalista que representa en Uruguay a la propietaria de los terrenos usurpados.
Tras un acuerdo con la la Fiscalía de San Carlos, Ferraz Techera fue considerado autor de tres delitos de falsificación material de documento público y un delito de estafa, en régimen de reiteración real, y condenado el 3 de febrero pasado a una pena de tres años a cumplir en el régimen de libertad a prueba con condiciones.
El escribano, sin embargo, no había actuado solo. Para la Justicia, Ferraz Techera había efectuado la maniobra junto a un operador inmobiliario identificado como José Francisco Pablo Gallo, un ex edil del Partido Colorado en la Junta de Maldonado, de 60 años, que fue condenado a 12 meses de prisión bajo el régimen de libertad a prueba con condiciones como autor del delito de uso de documento o certificado falso.
Para el abogado de la propietaria argentina, la investigación no debería terminar con las dos “condenas simbólicas” y debería hacerse extensiva como mínimo al primero de los compradores, y sus respectivos escribanos que, según su criterio, actuaron de forma “muy llamativa” al desconocer que el valor del predio era mucho menor a su precio real y al no visualizar los antecedentes públicos de las personas involucradas en los negocios.
Ferraz Techera y Gallo, según informó el sitio FM Gente, contaban con denuncias y antecedentes por certificaciones falsas y violencia, contrabando y encubrimiento, respectivamente.
“Si los adquirentes y sus escribanos hubieran hecho los controles que la normativa de lavado de activos les impone hubieran notado que tenían antecedentes. Y ellos hicieron las compra-venta sin tener los títulos de las propiedades ni las segundas copias”, expresó Sasson, que también pidió a la Fiscalía que intime a las escribanas actuantes a presentar documentos que respalden las operaciones y a investigar el accionar de esos mismos individuos en la zona.
El abogado, además, instó a la Justicia a continuar la investigación de maniobras similares con apoyo de funcionarios públicos. Según la información publicada por El País, al menos otros seis propietarios argentinos habrían denunciado usurpaciones similares en terrenos ubicados a poca distancia de la playa en la zona de La Juanita. “A nosotros se nos ha hecho información de que estos sujetos son parte de una red que proceden con este tipo de operaciones”, agregó Sasson.
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