Detuvieron a ocho trapitos con 346 antecedentes contravencionales durante el partido de la selección argentina en La Bombonera

La Policía de la Ciudad detuvo a ocho trapitos con un total de 346 antecedentes contravencionales durante el operativo de seguridad desplegado en el partido entre Argentina y Uruguay, disputado en el estadio de Boca Juniors. Siete de los ocho imputados tienen domicilio en la provincia de Buenos Aires, y todos registran hechos previos vinculados al artículo 92 del Código Contravencional, que prohíbe el cuidado de vehículos sin autorización.

El procedimiento estuvo a cargo de la División Contravenciones y Faltas, que detectó a personas que ofrecían servicios de cuidado de autos en las inmediaciones del estadio. En total, 70 trapitos fueron identificados y demorados: 62 de ellos recibieron una notificación y recuperaron la libertad en el acto, mientras que los restantes ocho quedaron detenidos por reiterancia, dado que ya habían sido sorprendidos realizando la misma actividad dentro de un plazo de 72 horas.

El número que concentra la atención es el de los antecedentes acumulados. Entre los ocho detenidos suman 346 registros, todos encuadrados en la misma figura contravencional. El más comprometido del grupo acumula 77 antecedentes, seguido por otro con 65 y un tercero con 59. Los cinco restantes registran 46, 34, 26, 25 y 14 casos, respectivamente.

En cuanto a los domicilios, siete de los imputados residen en localidades del conurbano bonaerense: Avellaneda, Monte Chingolo, Quilmes y Ezpeleta. Solo uno de ellos tiene domicilio dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

Fue la Oficina Central Receptora de Denuncias, a cargo de Bruno Dibenedetto, la que dispuso formalmente la detención de los ocho por desobediencia. Tras la resolución, los imputados fueron trasladados a la Oficina Central de Identificación (OCI) para completar el trámite de identificación.

La Ley Anti Trapitos aprobada este año por la Legislatura porteña

En junio, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó con 36 votos a favor la Ley 6961, impulsada por el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, que reforma el Código Contravencional y endurece sustancialmente las penas contra trapitos y limpiavidrios que operan en la vía pública. Por primera vez, la norma habilita la detención efectiva de quienes se apropien del espacio público con fines extorsivos, con condenas de entre 10 días y dos meses de cárcel de acuerdo con la gravedad del caso.

El contexto y el nivel de organización de la actividad determinan la escala de sanciones. Para los cuidacoches ilegales que actúen en cualquier calle o espacio de la Ciudad, la ley fija detenciones de entre 10 y 30 días. La pena será de entre 20 y 50 días cuando la actividad tenga lugar durante eventos masivos y se acredite la existencia previa de una banda u organización. En cualquiera de las dos situaciones, la Policía porteña está expresamente autorizada a detener a los infractores al constatarse la falta.

Hasta 60 días de cárcel podrán recibir quienes encabecen, organicen o promuevan estas redes. La ley incorpora además una cláusula que agrava las situaciones de violencia o acoso: el artículo 1° establece que “cuando la conducta esté basada en la desigualdad de género o sea realizada con intimidación y/o persistencia y/o cometida aprovechando la vulnerabilidad del conductor o del entorno, la pena se elevará al doble”. La disposición apunta directamente a las prácticas más intimidatorias registradas en las inmediaciones de estadios y grandes concentraciones de personas.

También fueron reformuladas las sanciones económicas y alternativas. Los trabajos comunitarios, llamados “utilidad pública” por la norma, dejan atrás el máximo de dos días y pasan a una escala de entre 20 y 45 días. Las multas, que hasta ahora iban de $50.000 a $285.000, registran una fuerte actualización: el mínimo nuevo comienza en $1.139.988 y la escala abarca entre 1.200 y 7.000 Unidades Fijas (UF). Cada Unidad Fija vale al día de hoy $949,99, de modo que la multa máxima asciende a $6.649.930.

Quienes actúen organizadamente en eventos masivos también podrán ser inhabilitados por hasta dos años para acceder a programas sociales, subsidios o beneficios estatales del gobierno de la Ciudad.