Hoy por la mañana, efectivos de la Policía Federal realizaron un allanamiento en el Hotel Plaza Central Canning de Ezeiza, donde se encuentran alojados los 19 tripulantes del avión venezolano-iraní que permanece retenido desde el pasado viernes en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.
El procedimiento a cargo del juez federal Federico Villena estuvo a cargo de la DUIA, el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la PFA y concluyó poco después de las 9:30. Estuvo presente el secretario del juzgado federal, así como el comisario a cargo de la DUIA, con más de 25 agentes y participación de la Policía de la Ciudad. Los pasajeros fueron identificados y se tomaron sus huellas dactilares con juegos de ficha completos. Fueron también formalmente notificados de la causa.
Luego, hubo medidas más firmes: a todos se les secuestraron sus pasaportes y celulares. También, se les decretó el impedimento de salida del país, según confirmaron altas fuentes de la investigación a Infobae.
La Policía Federal llegó en la noche del lunes al Hotel Plaza cerca de las 12 e inició un procedimiento que se extendió durante casi 10 horas. No sólo revisó los dormitorios de la comitiva del viaje sospechado: también ingresó a las habitaciones de todas las personas que pasaron la noche en ese hotel.
Tanto los iraníes como los venezolanos se mostraron tranquilos durante todo el operativo y no mostraron resistencia. Se quedaron callados, casi sin hacer comentarios. César Giuiggioloni, uno de los propietarios del Hotel Plaza Central Canning, dialogó esta mañana con radio La Red y precisó que los tripulantes del avión venezolano-iraní llegaron al lugar por medio de una agencia de turismo que suele trabajar con el complejo hotelero. Asimismo, aclaró que el allanamiento no es al hotel, sino que se trata de un procedimiento sobre las personas que están alojadas.
“El hotel tiene 19 habitaciones y se revisó todo”, aseguró Giuiggioloni sobre el operativo.
La aerolínea estatal venezolana, dueña del avión inmovilizado en el aeropuerto de Ezeiza, arrastra una sanción del gobierno de Estados Unidos desde febrero de 2020. En aquel entonces, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que depende del Departamento del Tesoro, emitió un alerta y publicó un listado con 40 aviones. La aeronave, que llegó el lunes pasado a Buenos Aires, no estaba en esa nómina porque fue adquirida por Conviasa recién en febrero de este año.
Ayer, la fiscal Cecilia Incardona inició una investigación que tiene en la mira la actuación de las autoridades argentinas. También se investigan los antecedentes del avión y de sus tripulantes. La causa está bajo secreto de sumario para resguardar todas las medidas de prueba, algunas de ellas pedidas por la DAIA.
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