Los gobiernos de Costa Rica y Panamá acordaron reforzar su cooperación en materia de seguridad para combatir las amenazas del crimen organizado transnacional, mediante una estrategia conjunta que contempla el intercambio de información, la coordinación de acciones operativas y el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia en la frontera que comparten ambas naciones.
El compromiso fue reafirmado este jueves 12 de noviembre de 2026, durante una reunión de la Comisión Binacional Fronteriza (Combifron), celebrada en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, Panamá, con la participación de las principales autoridades de seguridad de los dos países.
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El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Gerald Campos Valverde, y su homólogo panameño, Frank Alexis Ábrego, quienes coincidieron en la necesidad de mantener una respuesta coordinada frente a las organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras nacionales.
Durante su intervención, Campos lanzó una advertencia a los grupos delictivos y aseguró que ambos gobiernos mantendrán una posición firme frente a sus actividades.
“Debemos mantenernos fuertes y unidos. Envío un mensaje claro a los criminales: no les tenemos miedo. Vamos a seguir trabajando unidos para anticipar y evitar que estos grupos criminales se lleven a nuestros jóvenes. Tenemos un deber de proteger a nuestros futuros líderes”, manifestó el jerarca costarricense.
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Una estrategia para cerrar espacios al crimen organizado
Uno de los principales objetivos de la alianza es impedir que las organizaciones criminales aprovechen las condiciones geográficas y operativas de la frontera para desarrollar actividades ilícitas.
Según el Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica, la cooperación estará enfocada en mejorar el intercambio de información entre las autoridades de ambos países, así como en fortalecer la coordinación de intervenciones policiales a lo largo de la zona fronteriza.
El trabajo conjunto busca facilitar la identificación anticipada de posibles amenazas y aumentar la capacidad de respuesta de las instituciones responsables de la seguridad.
La importancia de esta coordinación radica en que las organizaciones delictivas transnacionales pueden desarrollar actividades en diferentes territorios, lo que exige una comunicación constante entre las autoridades para prevenir y enfrentar sus operaciones.
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El acuerdo también contempla fortalecer las capacidades operativas de los cuerpos de seguridad.
Panamá reafirma su compromiso con Costa Rica
Por su parte, el ministro panameño Frank Ábrego reiteró la disposición de su Gobierno de profundizar los mecanismos de cooperación con Costa Rica, bajo principios de respeto a la soberanía nacional y al ordenamiento jurídico de cada Estado.
El funcionario destacó que las acciones de seguridad deben desarrollarse respetando las competencias de las instituciones de ambos países, con el propósito de garantizar que la colaboración resulte efectiva y se mantenga dentro de los marcos legales correspondientes.
Ábrego también señaló que la seguridad fronteriza no debe limitarse a la vigilancia territorial, sino que debe contribuir a proteger a las familias y brindar tranquilidad a las comunidades que viven cerca de la frontera.
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Desde esta perspectiva, la cooperación busca impedir que las organizaciones criminales encuentren condiciones favorables para establecer operaciones y poner en riesgo la seguridad de los habitantes.
La protección de los jóvenes, una de las prioridades
Durante el encuentro, las autoridades también destacaron la importancia de evitar que las organizaciones criminales incorporen a jóvenes en sus estructuras.
Campos insistió en que los esfuerzos policiales deben ir acompañados de una visión preventiva que permita proteger a las nuevas generaciones frente a las amenazas de la delincuencia organizada.
En ese sentido, la coordinación binacional pretende fortalecer la capacidad de ambos Estados para anticipar riesgos y evitar que las actividades criminales afecten a las comunidades fronterizas.
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Las autoridades consideran que una respuesta conjunta puede contribuir a reducir los espacios de operación de estas organizaciones y mejorar las condiciones de seguridad en ambos territorios.
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