
La jueza federal María Servini rechazó la excarcelación de Tomás Natenzon, el joven detenido por infiltrarse en el operativo de seguridad dispuesto durante la visita del papa León XIV a la Argentina. La resolución a la que accedió Infobae, responde al pedido presentado por su defensor, Juan Manuel Dragani, quien había solicitado la libertad mientras avanzaba la investigación en su contra.
Sin embargo, la magistrada consideró que persiste el riesgo de que obstaculice la causa y entendió que, por los equipos electrónicos y de comunicación secuestrados y las pericias todavía pendientes, el imputado podría interferir en la producción de pruebas.
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Asimismo, de manera provisoria, le atribuyó a Natenzon los delitos de usurpación de autoridad, supresión de numeración registral y falsificación de documento público. En conjunto, esas figuras prevén una pena máxima superior a ocho años de prisión.
El joven había sido detenido el domingo pasado en las inmediaciones del Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires, mientras se realizaban preparativos para las actividades del pontífice. Llevaba una credencial vaticana apócrifa que lo identificaba como supuesto “director de infraestructura y trunking”, además de dispositivos de comunicación que fueron sometidos a peritajes.

En este sentido, uno de los fundamentos centrales de la decisión judicial está vinculado con los informes preliminares sobre esos equipos de radiocomunicación incautados. La División Operaciones Telefónicas Especiales de la Policía Federal Argentina informó que tres de los aparatos analizados eran transceptores Motorola con canales identificados como bomberos, protección civil, seguridad y fuerzas policiales.
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En particular, uno de esos equipos tenía programados los canales “PF-1”, “PF-2”, “PF-3” y “Qta. Olivos”, que, de acuerdo con el informe incorporado al expediente, corresponden a comunicaciones de la Policía Federal. El canal PF-1, indicó la resolución, es de acceso restringido y encriptado y es utilizado para informar órdenes de servicio, desplazamientos de móviles, tareas investigativas y operativos de prevención.

Para la jueza, los conocimientos técnicos que le atribuyen distintos testigos al detenido y el material bajo análisis conforman un cuadro que, por ahora, “no puede ser neutralizado a través de otros medios menos lesivos” que mantener la restricción de su libertad.
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La causa también espera el informe encargado al Cuerpo Médico Forense, que debe responder los puntos de pericia vinculados con la salud mental del acusado. La medida había sido ordenada tras el hallazgo de un certificado médico vencido durante el allanamiento.

Servini resolvió que los plazos del incidente de excarcelación impedían postergar una definición hasta contar con ese estudio. Por eso, notificó a las partes de la denegatoria y ordenó que Natenzon sea informado a través del lugar donde permanece alojado.
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