La tabacalera de Rosario Bronway Technology S.A., presidida por Darío Ippolito, suma acusaciones en su contra. En la mañana de este jueves, Gendarmería, junto a personal de la AFIP, realizó 10 allanamientos en distintos puntos en la Ciudad de Buenos Aires, Rosario y la ciudad de Santa Fe en el marco de una causa que investiga el presunto lavado de activos y evasión fiscal por medio de maniobras de contrabando de tabaco cometidos por la firma.
El caso lo lleva adelante el Juzgado en lo Penal Económico Nº 2 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Pablo Yadarola. El magistrado sospecha que en realidad la tabacalera, que ya había sido clausurada en 2019, estaría vinculada con el contrabando de tabaco para la fabricación de cigarrillos originales, utilizando sellos apócrifos. De esa maniobras, se presume que la empresa haría un desviamiento de importaciones del tabaco, y luego, lavaría el dinero negro que ingresa vinculado al negocio ilegal utilizando la estructura de la firma.

De este modo, en paralelo, agentes de Gendarmería y de la AFIP ingresaron a dos fábricas de cigarrillos ubicadas en las ciudades de Rosario y Santa Fe, tres oficinas comerciales en la Capital Federal, un estudio jurídico, dos depósitos fiscales y dos domicilios particulares.
De acuerdo a los investigadores, en los allanamientos se secuestró documentación vinculada a importación de cigarrillos y dinero en efectivo. Por el momento no se concretaron detenciones.
En los operativos hallaron varias cajas, en las que encontraron una importante suma de dinero en efectivo, en pesos y en dólares. De los lugares se llevaron documentación relacionada con la causa y se espere que luego de los distintos peritajes se ordenen detenciones sobre los presuntos imputados en las maniobras.

Ippolito, por su parte, en un viejo conocido para la Justicia. En 2019 la tabacalera había sido clausurada por los delitos de evasión impositiva, contrabando, robo y asociación ilícita. Y él quedó detenido, al igual que otros seis empleados. Bronway Tecnologhy S.A., con sede en la ciudad santafesina, comenzó a funcionar como tal en 2017 aunque antes se dedicaba a la fabricación y comercialización de soportes de lectura como CD’s y DVD’s.
Así, Ippolito luego salió en libertad y en mayo pasado fue llamado a prestar declaración indagatoria por esa causa investigada en aquel entonces por la Fiscalía Federal de Hurlingham, a cargo de Santiago Marquevich. En los allanamientos que terminaron con él tras las rejas, los efectivos habían secuestrado: 2.081.275 atados de 20 cigarrillos, 4.680.000 estampillas fiscales de cigarrillos de la empresa y 90 toneladas de policarbonato, además de 40 computadoras, casi 90 mil pesos y documentación varía.

También incautaron un revólver calibre 38, una pistola calibre 22, ambas con numeración suprimida, cinco cartuchos y un camión con pedido de secuestro por estar involucrado en un hecho de robo de mercadería, causa que se tramita en la Unidad Fiscal de Instrucción N° 2 y el Juzgado de Garantías N° 8 de Cañuelas.
La firma de Ippolito ya se había ubicado en el centro de la polémica a mediados del 2019, cuando el diputado provincial Héctor Cavallero presentó un pedido de informes a la Legislatura santafesina a partir del decomiso de dos cargas de tabaco en Misiones, cuyo destino era Rosario. El fin era realizar controles para verificar la legalidad de las operaciones de la empresa.
“Las respuestas a todo eso se las dimos personalmente al diputado, entregándole toda la documentación de nuestra firma y nuestra actividad. Y él mismo nos dijo que solo solicitó una investigación del tema y quedó satisfecho con las explicaciones que le brindamos”, dijo al diario La Capital Ippolito en aquel entonces.
Previamente, en 2015, el hombre había sido vinculado a Mario Roberto Segovia, el condenado Rey de la efedrina, quien por entonces planeaba instalar una fábrica idéntica a la suya en Alvear.
De este modo, el juez Yadarola sumó nuevas imputaciones sobre esta firma que se encuentra en el foco de las sospechas por distintos delitos.
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