
Darío Ippolito, el titular de la tabacalera de Rosario Bronway Technology S.A., investigado por los delitos de evasión impositiva, contrabando, robo y asociación ilícita, fue citado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón a declarar el próximo 27 de mayo a las 10 de la mañana vía Zoom.
La tabacalera, que emplea a unas 300 personas, fue allanada por la Policía de la provincia de Buenos Aires realizara en diez oportunidades en distintos puntos de Rosario, en el marco de una investigación sobre sus operaciones, que se disparó a raíz de un llamado anónimo.
En aquel entonces tomó intervención la Fiscalía Federal de Hurlingham, a cargo de Santiago Marquevich, y los investigadores establecieron la adulteración, el acopio y la venta fraudulenta de cigarrillos (evasión a la AFIP).
En los operativos, efectivos de la Jefatura Departamental de San Nicolás secuestraron 2.081.275 atados de 20 cigarrillos, 4.680.000 estampillas fiscales de cigarrillos de la empresa y 90 toneladas de policarbonato, además de 40 computadoras y casi 90 mil pesos y documentación varia.

También incautaron un revólver calibre .38, una pistola calibre .22 (ambas con numeración suprimida), cinco cartuchos y un camión con pedido de secuestro por estar involucrado en un robo de mercadería.
A un año y medio de los allanamientos, luego de las pericias del caso y diversos planteos procesales en el expediente, y a la luz de las pruebas recogidas, el juzgado resolvió citar al titular de la firma a prestar declaración indagatoria. De esta manera, el acusado tendrá derecho a ser escuchado y ejercer el derecho de defensa del caso.

La firma Bronway Technology, con sede en Rosario, comenzó a funcionar como tal en 2017, aunque antes se dedicaba a la fabricación y comercialización de soportes de lectura como CDs y DVDs.
Ya se había ubicado en el centro de la polémica a mediados del 2019, cuando el diputado provincial Héctor Cavallero presentó un pedido de informes a la Legislatura santafesina a partir del decomiso de dos cargas de tabaco en Misiones, cuyo destino era Rosario. El fin era realizar controles para verificar la legalidad de las operaciones de la empresa.

“Las respuestas a todo eso se las dimos personalmente al diputado, entregándole toda la documentación de nuestra firma y nuestra actividad. Y él mismo nos dijo que solo solicitó una investigación del tema y quedó satisfecho con las explicaciones que le brindamos”, dijo al diario La Capital Ippolito en aquel entonces.
Previamente, en 2015, el hombre había sido vinculado a Mario Roberto Segovia, el condenado Rey de la efedrina, quien por entonces planeaba instalar una fábrica idéntica a la suya en Alvear.
Desde hace ya varios años el triángulo Santa Fe, Rosario y Entre Ríos se ha convertido en una zona de máxima atención por parte de la Justicia y del periodismo. La inusitada violencia de asesinatos; el modus operandi del “sicariato” (homicidio por precio o promesa remuneratoria- artículo 80, inciso 3, del Código Penal Argentino); el crecimiento exponencial del tráfico de drogas; el incremento de actividades ilícitas ligadas comercio de cigarrillos ilegales, detrás del cual existe un amplio listado de procesos judiciales en materia penal por falsificación de marcas, contrabando y evasión impositiva; además de supuestos vínculos con bandas narcos, sumando a todo esto la presunta connivencia de autoridades y la inactividad policial, han llevado a declarar este área como presunta “zona liberada”.
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