Quizás fue una desinteligencia. ACILA, el servicio de medicina prepaga para comunidades migrantes allanado ayer por la mañana en sus consultorios de la calle Larrea al 900, fue acusado de ofrecer tests de COVID, PCR y anticuerpos, sin habilitación del Ministerio de Salud. Lo hacían, según la acusación en su contra a cargo del fiscal penal y contravencional Sebastián Fedullo, en diversas sedes, o como ofrecía ACILA misma con arreglos previos por WhatsApp, “en el auto”, “sin turno” y con “resultados en el día”. Dos enfermeras fueron detenidas en el consultorio de la calle Larrea. Exhibieron carnets pero en los papeles reales del Ministerio de Salud no tenían habilitación alguna. También tenían una ambulancia, una Ford Transit, a simple vista equipada, tampoco habilitada para operar, que fue incautada en la redada a cargo de la división Delitos Contra La Salud de la Policía de la Ciudad.
Así, las enfermeras fueron imputadas por el delito de ejercicio ilegal de la medicina, a la espera de ser indagadas por la ironía triste de ofrecer un servicio esencial a personas vulnerables y tomar su dinero sin garantía alguna. Un test PCR costaba $3500 según su tarifario, un test de anticuerpos un poco más, y $6800 un certificado “para viaje”
Por lo pronto, se desconoce si ACILA falsificaba los resultados de estos hisopados y tests de anticuerpos o PCR, o si siquiera se procesaban esas muestras. La empresa, registrada comercialmente en la AFIP desde 2014 con una larga lista de aportes impagos a empleados, promocionaba su análisis de detección de COVID desde sus redes sociales, con una línea de WhatsApp para comunicarse.
El local de la calle Larrea, que solía ser una verdulería, hacía lo propio con un banner para peatones plantado en su esquina, con el mismo número que en la web.
Infobae se comunicó a ese número hoy por la mañana, un día después del allanamiento. Alguien respondió. La oferta sigue en pie. Esta fue la comunicación que ocurrió:
La charla continuó, con el autor de esta nota del otro lado del teléfono. Incluso aseguraron que podría aceptan tarjetas, con un 10 por ciento de recargo via Mercado Pago. La dirección en Sarandí, La Blanqueada 3501, es la clave de toda la trama: es el domicilio que ACILA anuncia como el de su sede en su sitio web oficial, aunque no es una clínica, sino lo que parece un laboratorio barrial, Sarandí Lab dice su placa de cerámica. Es el mismo nombre que está en el banner del local investigado ayer como parte del esquema de testeos de COVID sin licencia. También es el principal domicilio fiscal de Stella Maris Fernández, de 54 años, empresaria según sus registros.
Stella estuvo presente en el allanamiento de ayer: dijo ser la presidenta de ACILA mientras la Policía de la Ciudad le revisaba los cajones. Fue detenida ayer junto con las dos enfermeras, según fuentes de la causa. Su portfolio es por lo menos variado de acuerdo al Boletín Oficial: en los últimos 15 años conformó empresas dedicadas en los papeles al negocio de los caballos o de la construcción. También, conformó otras registradas en el negocio de la salud.
Los rastros abundan. Stella Maris aparece como vinculada ante el Banco Central en los múltiples cheques sin fondo librados por ACILA. También se mostró en varias ocasiones en sus redes con la ambulancia que fue incautada, insólitamente radicada en Zapala, provincia de Neuquén. El negocio, mientras tanto, se extiende. Todo parece ser una red.
“Acción Comunitaria para la Igualdad de los Latinoamericanos en Argentina”, significa la sigla de ACILA.
Su misión, según la organización misma, consiste en “llevar mejor calidad de vida a todos los latinoamericanos, fomentando respeto, no discriminación por ser extranjero, con la convicción esencial de concientizar sobre la prevención, atención y educación en el área de la salud”. Desde su web, ofrecía planes con cuotas familiares de hasta 10 mil pesos, ACILA ofrecía servicios de médico a domicilio, ambulancia, hasta una supuesta central de turnos según su sitio web y sus redes sociales, con eventos a beneficio de hogares y merenderos.
Las otras empresas vinculadas a Stella Maris como Movimiento de Acción Comunitaria o Vale Salud Latinoamericana controlan, por ejemplo, un hospital comunitario en Barracas, sobre la calle Jorge. Los hisopados también eran ofrecidos en los sitios web de estos “hospitales comunitarios”, con un link a la línea de WhatsApp a la que se comunicó Infobae.
Esas mismas empresas, de acuerdo a registros consultados, enfrentan juicios fiscales en La Plata y en municipios del Conurbano, con más aportes impagos y cheques sin fondo. Un informático de Ezpeleta también figura como ligado a los cheques de ACILA junto a Stella Maris. La “presidenta”, por su parte, según fuentes policiales, tiene un histórico antecedente por falsificación de documento público que data de 2002, sin condena.
Un miembro del entorno más cercano de Stella Maris se comunicó con el autor de esta nota. Las respuestas fueron pocas. Su voz se congeló un poco cuando oyó que los hisopados todavía se ofrecían. Se espera la indagatoria de la “presidenta” en la Justicia.
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