ACILA, desde su propio discurso, llenaba un vacío crucial en la sociedad: se proponía como un servicio de salud accesible para personas de comunidades migrantes. “Acción Comunitaria para la Igualdad de los Latinoamericanos en Argentina”, significa su sigla.
Su misión, según la organización misma, consiste en “llevar mejor calidad de vida a todos los latinoamericanos, fomentando respeto, no discriminación por ser extranjero, con la convicción esencial de concientizar sobre la prevención, atención y educación en el área de la salud”.
Ayer por la tarde, ACILA fue allanada por la división Delitos contra la Salud de la Policía de la Ciudad con una causa a cargo del fiscal penal y contravencional Sebastián Pedullo, con un operativo en uno de sus consultorios en la calle Larrea al 900. En los últimos tiempos, habían comenzado a anunciar otro servicio crucial: ofrecían hisopados y tests PCR para detectar coronavirus.
Los ofrecían a través de una línea de WhatsApp, a domicilio, en sus sedes, “o en tu coche”, “sin turno, sin espera, resultados en el día”, con pruebas realizadas en un laboratorio de Sarandí. Según sus redes sociales, los hacían desde hace, al menos, mediados del año pasado. El precio era particularmente elevado: 6800 pesos.
Pero había un problema, o varios. Para empezar, no tenían habilitación del Ministerio de Salud para realizar estos tests, según confirmaron fuentes del caso a Infobae.
Con una base en Avellaneda y planes con cuotas familiares de hasta 10 mil pesos, ACILA ofrecía servicios de médico a domicilio, ambulancia, hasta una supuesta central de turnos según su sitio web y sus redes sociales, con eventos a beneficio de hogares y merenderos. ACILA también está registrada ante la AFIP desde 2014 según registros comerciales, no en los rubros de medicina, sino en la categoría de servicios de asociaciones.
Un informático argentino con domicilio en Ezpeleta y una mujer de 54 años registrada como empresaria y que cobró beneficios como el IFE a pesar de estar vinculada a más de 375 mil pesos en cheques sin fondo son sus personas relacionadas ante el Banco Central de acuerdo a los mismos registros. Sus aportes a empleados aparecen impagos desde 2019. Hay diversas empresas relacionadas a la Asociación, también registradas en el rubro de salud, vinculadas a través de esta empresaria y de domicilios en común. Algunas de este estas firmas, que sí están registradas en el rubro de salud, enfrentan juicios fiscales en La Plata o en municipios del Conurbano. Esas empresas controlan, por ejemplo, un hospital comunitario en Barracas, sobre la calle Jorge.
De vuelta a la calle Larrea, se encontró incluso una ambulancia. Tres mujeres fueron detenidas en el lugar: dos exhibieron carnets de auxiliares de enfermería, pero no tenían habilitación alguna. La ambulancia Ford Transit tampoco tenía habilitación.
La tercer detenida, por su parte, dijo ser la “presidenta” de ACILA. Todas fueron imputadas del delito de ejercicio ilegal de la medicina. Por lo pronto, se desconoce si los resultados de los hisopados eran falsificados o no. La investigación del fiscal Fedullo continuará en los próximos días tras las indagatorias de las acusadas.
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