
Una pareja de ciudadanos argentinos fue detenida el martes en la pequeña localidad española de Azuara, Zaragoza, debido a la producción y comercialización clandestina de pizzas en al menos dos decenas de provincias de ese país.
Según informó el medio local El Periódico de Aragón, el operativo de seguridad fue comandado por la Guardia Civil. El martes al mediodía allanó un domicilio de Azuara, en la comarca del Campo de Belchite, donde se fabricaban y se iniciaba la distribución de pizzas de diferentes gustos.
Durante el procedimiento, los efectivos detuvieron a un hombre argentino de 46 años de iniciales G.P.S. y una mujer de 45, de iniciales C.E.C. Ambos formaban un matrimonio; el hombre figuraba como director comercial de la empresa y la señora, como elaboradora.

La investigación surgió a raíz de una denuncia de una empresa que alertó sobre el uso de su nombre para la venta de productos gastronómicos que ellos no realizaban.
Así, después de varias semanas de investigación, las fuerzas de seguridad española allanaron un garaje en Azuara, una pequeña población de apenas 540 habitantes y ubicada a unos 60 km de Zaragoza, donde se encontraron con un local preparado para la producción industrial de pizzas.
El operativo fue comandado por la cartera del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, la que corroboró que la preparación del alimento no contaba con los parámetros mínimos de seguridad y conservación marcadas por la normativa vigente en España.
La empresa de los argentinos vendía sus productos por internet y por teléfono. Se pudo comprobar que en algunos de los envíos se recurría a una empresa conocida de transportes de paquetería. Contaba con una desarrollada cadena de distribución y se estima entre enero de 2019 y febrero de 2020 la empresa distribuyó sus pizzas a 50 establecimientos de al menos 21 provincias de todo el país ibérico.

Las regiones en las que la Guardia Civil pudo comprobar que llegaban los productos de esa empresa fueron Alicante, Asturias, Almería, Barcelona, Burgos, Cádiz, Castellón, Gerona, Guadalajara, Huesca, Jaén, Lérida, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Salamanca, Soria, Teruel, Valencia, Zamora y Zaragoza.
Establecimientos como hoteles, pizzerías pequeñas, servicios de cátering, campings u organización de eventos particulares eran los destinatarios más recurrente de la empresa de los argentinos detenidos.
La Guardia Civil pudo comprobar además que la compañía distribuyó nada menos que 12.000 kilos de mercadería en transportes que no respetaban las condiciones de mantenimiento mínimo del alimento (isotermo o frigorífico).
En tanto, la Justicia también sospecha que los argentinos realizaban sus actividades comerciales a espaldas del fisco, por lo que la denuncia que pesa sobre ellos no solo contempla un delito contra la salud pública sino también contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social de España.

Los dueños de la compañía de pizzas no pudieron presentar la documentación que acreditase el origen autorizado del producto ni contaba con las condiciones higiénicas necesarias para su producción.
De tal manera, durante el allanamiento se hallaron, de acuerdo a El Periódico, un horno de grandes dimensiones, una máquina amasadora, dos mesas de trabajo dos envasadoras de vacío, dos congeladores, cuatro frigoríficos, numerosos rollos de etiquetado, bandejas de trabajo, útiles para la elaboración de pizzas, bolsas de envasado de pizzas, bolsas isotérmicas para transporte, materia prima, así como equipos electrónicos e informáticos.

En tanto, según pudo averiguar Infobae, la pareja de G.P.S. y C.E.C había creado en 2003 en la Argentina una empresa dedicada a los productos gastronómicos, mientras que en 1998 habían formado, también juntos, una compañía dedicada a la compra y venta de productos informáticos y de computación.
Ambos vivían en pareja desde hace más de 20 años y su última residencia en la Argentina fue en un departamento en el barrio porteño de Belgrano.
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