
La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Guatemala rechazó el lunes 16 de noviembre las objeciones contra ocho de los 31 aspirantes a relatoores de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, por lo que todos los candidatos habilitados avanzaron a la etapa de calificación para elegir seis cargos durante los próximos cinco años.
Solo quienes superen 70 puntos en la evaluación de sus antecedentes podrán pasar a una entrevista y presentar un plan de trabajo ante los diputados. La comisión comenzó esa revisión el miércoles 18 de noviembre y analizó 15 expedientes durante la primera jornada.
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El umbral de 70 puntos antes de entrevistas y planes de trabajo
La selección comenzó con 55 expedientes, pero 24 postulantes quedaron excluidos por no cumplir los requisitos establecidos en la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el Decreto 40-2010 y la Ley de Comisiones de Postulación.
El listado de los 31 candidatos que superaron ese filtro fue publicado el 29 de octubre en el Diario de Centro América. La convocatoria abrió entonces un plazo para recibir objeciones y para que quienes habían sido excluidos presentaran aclaraciones.
La sesión extraordinaria para resolver las tachas no incluyó la lectura pública de los argumentos. Los diputados solo identificaron cada expediente, al aspirante cuestionado y a la persona que había promovido el señalamiento antes de votar.
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Varias legisladoras de las bancadas Winaq, Unidad Nacional de la Esperanza y Nosotros calificaron algunas objeciones como “espurias”. Entre ellas figuraban cuestionamientos contra relatores que buscaban la reelección por haber ocupado ya el cargo, pese a que la normativa no impide una nueva postulación.
El exjuez y relator en funciones Lesther Castellanos Rodas recibió cuatro objeciones, la misma cantidad que Jennifer Alejandra Aldana García, también integrante en ejercicio del organismo. Ambos continuaron en la contienda después de que los diputados descartaran los señalamientos por mayoría.

La organización Alianza por las Reformas objetó la candidatura de Castellanos al sostener que había sido ineficiente durante su gestión y que participó en procesos de criminalización contra operadores de justicia.
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Freddy Noé Orellana Orellana acumuló dos señalamientos. Rita Magnolia Sandoval Rodríguez, Brian Iván Cruz Gómez, Luis Fernando de León Laparra, Hilda Margarita Franco Hernández y Silvia Violeta de León Santos de Miranda recibieron una objeción cada uno.
Tres ternas para elegir seis relatores por cinco años
Entre los candidatos que siguen en carrera también están Juan Carlos Humberto García Rosales, Cecilia Araceli Méndez Chicas de Galiardo, Christian Giovanni Orellana Castillo, Karen Yanira Palma Recinos, Dennis Waldemar Cisneros Torres, Xiomara Argentina Barillas Peláez, Pablo Adolfo Leal Olive, Eva Rocío Herrera Ramírez, José Fernando Roca Guinea y Marlon Javier Juárez Mejicano. Los postulantes provienen de distintas disciplinas vinculadas con los derechos humanos.
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La presidenta de la comisión, Carolina Cerna, indicó que no estaba previsto por el momento un mecanismo de contrarrevisión para los expedientes ya calificados. El resto de las evaluaciones debía confirmarse en jornadas posteriores.
La comisión busca conformar tres ternas con nueve aspirantes. De esa nómina, el Pleno del Congreso deberá escoger a tres relatores titulares y tres suplentes para un período de cinco años.
Analistas consultados por eP Investiga advirtieron que el esquema de votación por bancadas puede favorecer a candidatos cercanos a los diputados. La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura ya había recibido cuestionamientos por su desempeño.
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Cerna prevé que la nómina final esté completa durante las primeras semanas de diciembre, cuando será trasladada a la Junta Directiva y a la Dirección Legislativa del Congreso para su votación en el Pleno.
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