En la antesala de la Marcha del Orgullo, la discusión sobre las terapias de conversión volvió a instalarse en Buenos Aires. Se trata de prácticas que buscan modificar la orientación sexual, la identidad o la expresión de género y que, pese a los cuestionamientos de organismos de derechos humanos, aún se ofrecen en ámbitos médicos, religiosos y privados.
El analista Emmanuel Ferrario y Cristian Alarcón, periodista y escritor de Testosterona, pusieron el foco en esos procedimientos y reclamaron una prohibición expresa, junto con sanciones para quienes los impulsen. Para ambos, el punto de partida de esas intervenciones es la presunción de que ser gay, lesbiana, trans o travesti supone una condición que debe corregirse. “No existe nada que curar”, planteó Ferrario en Infobae A las Nueve al cuestionar que integrantes de profesiones de la salud intervengan en este tipo de tratamientos.
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Las prácticas pueden adoptar formas médicas, psicológicas, psiquiátricas o religiosas. Aunque sus métodos varían, ambos advirtieron que comparten el propósito de alterar aspectos de la identidad de las personas LGBT y que operan, muchas veces, bajo presiones que no resultan visibles desde el exterior.
La investigación de Anfibia, relató Alarcón, registró la actividad de iglesias evangélicas que ofrecen programas para personas atraídas por otras de su mismo sexo. El trabajo reunió, además, testimonios de sobrevivientes que atravesaron esas experiencias y permitió reconstruir parte de sus consecuencias.

Una encuesta registró intentos de modificación en el 26% de las personas consultadas
Alarcón citó una encuesta hecha en Argentina en 2024 entre 839 personas: el 26% afirmó haber pasado por algún intento de modificar su orientación sexual, su identidad de género o su expresión de género. El dato dimensiona un fenómeno que suele permanecer en ámbitos privados, familiares o religiosos.
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Entre quienes atravesaron esas situaciones, el 44% tuvo ideación suicida, de acuerdo con los resultados que presentó el periodista. También indicó que una parte de ese grupo intentó suicidarse, aunque no precisó la proporción durante la exposición.
El 75% sufrió depresión después de un intento de corrección, señaló Alarcón. A esas secuelas sumó la culpa, la vergüenza y el rechazo de la propia identidad, efectos que, sostuvo, pueden prolongarse más allá de la experiencia concreta.
Ferrario vinculó esos recorridos con mandatos familiares, religiosos y sociales. “La participación de un adulto no siempre expresa una decisión libre”, advirtió el analista en Infobae A las Nueve, al señalar que muchas personas llegan a esos espacios dentro de entornos que rechazan su identidad.
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Alarcón sostuvo que el temor al rechazo forma parte de la vida de muchas personas LGBT incluso antes de cualquier intervención. Esa anticipación, explicó, condiciona el modo en que cada una procesa su orientación sexual y busca pertenencia o aceptación.
La pesquisa de Anfibia incluyó el envío de un periodista actor a un retiro espiritual en Benavídez. El reportero se presentó como una persona con conflictos respecto de su orientación sexual, se inscribió en la actividad y registró el funcionamiento del programa desde adentro.

Según el relato de Alarcón, el participante pagó $200.000 por los tres días de retiro, al que asistieron 144 personas. Parte de los concurrentes había llegado por consumos problemáticos o cuadros de depresión, mientras que al menos dos pabellones alojaban a personas que buscaban cambiar su orientación sexual.
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El periodista precisó que el lugar no funcionaba como una internación y que los asistentes tenían entre 18 y 30 años. Por eso, durante esa experiencia no identificaron menores de edad dentro del retiro.
De acuerdo con la investigación, las iglesias que organizan estas instancias mantienen vínculos con congregaciones de la ciudad de Buenos Aires. Alarcón mencionó convocatorias difundidas en redes sociales y desde sedes religiosas de distintos barrios, una red que amplía el alcance de las propuestas.
Los grupos reemplazan la palabra pecado por la idea de “antidiseño de Dios”
Alarcón explicó que algunos de estos espacios dejaron de usar la noción de pecado para referirse a las personas LGBT y apelan a la categoría de “antidiseño de Dios”. La expresión, indicó, encuadra la diversidad sexual y de género como un apartamiento de un modelo determinado.
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Ese modelo, según describió, remite a una pareja heterosexual que convive y tiene hijos. Bajo esa lógica, una persona homosexual, trans o sin pareja queda situada fuera de un mandato presentado como deseable o correcto.
La investigación fue publicada por Anfibia con el título Putos antidiseño. El nombre busca exponer el vocabulario con el que esos grupos describen a las personas y experiencias que no encajan en su concepción de familia y sexualidad.
El trabajo también detectó una estrategia de contención emocional dirigida a quienes atraviesan soledad, culpa o conflictos familiares. “Política del susurro” fue el término que utilizó Alarcón para describir un mecanismo que evita los exorcismos abiertos y se presenta mediante canciones, ceremonias y discursos de pertenencia.
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El proyecto prevé multas, clausuras e inhabilitación profesional
Ferrario informó que presentó junto con Alarcón y otras organizaciones un proyecto para prohibir de forma explícita las terapias de conversión en la ciudad de Buenos Aires. La iniciativa busca establecer un marco que permita identificar y sancionar las prácticas que procuren modificar la orientación sexual, la identidad o la expresión de género.
La propuesta contempla trabajo comunitario, multas, clausuras y días de arresto para quienes las promuevan. Además, prevé la inhabilitación de la matrícula de profesionales que participen en esos procedimientos, una medida que Ferrario consideró necesaria para fijar un límite institucional.
El analista recordó que distintos países recurrieron a mecanismos diversos para restringir estas intervenciones, entre ellos normas de protección al consumidor. También mencionó documentación de Naciones Unidas sobre prácticas de conversión en más de 70 países y cuestionamientos en algunas jurisdicciones por publicidad fraudulenta o engaño a consumidores.
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Alarcón añadió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos prepara una investigación que incluye casos de Argentina. Anfibia entregó material publicado y documentación adicional para ese informe, indicó el periodista.
Entre los antecedentes mencionó el caso de un sobreviviente que recibió durante cinco años un tratamiento en una fundación de Recoleta, luego de una derivación vinculada con el Opus Dei. Según Alarcón, esa persona intentó suicidarse tras atravesar esa experiencia.
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