
Numerosos documentos desclasificados, parte del paquete que el gobierno de los Estados Unidos entregó a Argentina en abril de 2019, se ocupan de las internas militares. Si bien la represión funcionó como un factor de unidad entre las fuerzas armadas que dieron el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, los analistas estadounidenses siguieron las disensiones en la estructura de la última dictadura.
El interés parece deberse en parte a las consecuencias diplomáticas que pudieran tener y en parte al asombro ante la falta de cohesión interna de las fuerzas militares. Muchas observaciones destacaron la gran capacidad de riñas e intrigas palaciegas del país.

Al margen del caso de las tensiones entre la Armada y el Ejército —y en particular entre el entonces almirante Emilio Massera y el presidente de facto Jorge Videla, que merecieron seguimientos específicos—, muchos de los documentos analizan los casos dentro del ejército desde el mismo año 1976, cuando el Departamento de Estado distinguió una "línea dura" y una "moderada" en la fuerza principal a cargo del poder. Los ejemplos principales de cada una de ellas se enfrentaron en 1979, cuando Luciano Benjamín Menéndez se levantó contra Roberto Viola, entonces a cargo del arma y amigo de Videla.

En el informe de inteligencia 76-090, con fecha del 9 de junio de 1976, los analistas de la División Hemisferio Occidental escribieron: "Argentina: los oficiales militares de la línea dura están tratando de obligar al presidente Videla a tomar una posición más dura sobre la subversión y una cantidad de otros temas. Esto podría confrontar a Videla con graves problemas de derechos humanos y con divisiones dentro de los militares".

Tras explicar que "algunos de los subordinados de Videla" intentaban "trabajar con líderes sindicales y políticos con la esperanza de construir eventualmente una base de apoyo popular para el gobierno militar", el cable consignó la oposición de "la línea dura", que tampoco veía con buenos ojos "otras propuestas gubernamentales, desde nombramientos de embajadores hasta revisión de las leyes sobre inversión extranjera". Fatalmente el texto mencionó al marino Massera, "un miembro de la Junta que empatiza" con estos militares anti-Videla.

El titular de la Armada y sus simpatizantes en el Ejército "no parecen inclinados a echar a Videla de la presidencia, sino que más bien están decididos a obligar a que los moderados salgan del círculo de asesores del presidente. Sólo entonces, parecen razonar, puede el gobierno imponer disciplina a la fuerza laboral, destruir la influencia de políticos corruptos e irresponsables y eliminar a los izquierdistas bien atrincherados".

A dos meses y medio del golpe del 24 de marzo, los analistas parecían creer en los excesos de la represión, una hipótesis que se les desdibujaría pronto, al punto de que la rechazaron expresamente en distintos cables de fechas posteriores. Pero, en el momento, todavía consignaba el texto: "La imagen de la junta ya sufre por su incapacidad de controlar el terrorismo de derecha". E insistió, en el cierre, con el acuerdo civil al golpe: "Los líderes sindicales y políticos están cada vez más preocupados por la incapacidad de Videla para implementar la línea moderada que prometió al asumir".
Menéndez, titular del III Cuerpo de Ejército en 1979, no considera que Videla tuviera dificultades para mostrarse moderado: al contrario, tenía la impresión de que se pasaba. A finales de septiembre de ese año, a modo de comentario sobre la expulsión del país del periodista Jacobo Timerman, hasta entonces detenido, y sobre la visita que haría la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH, que Augusto Pinochet había rechazado en Chile), se rebeló durante 36 horas.

Un cable del 12 de octubre de 1979, del encargado nacional de inteligencia estadounidense para América Latina, se tituló "Rebelión abortada en el ejército" y evaluó: "El fracaso del intento, el fin de semana pasado, del comandante del III Cuerpo de Ejército, Menéndez de la línea dura, por echar al moderado jefe del arma, Viola, debería hacer que Videla se pusiera más firme con la línea dura de oponentes a las políticas de su gobierno que todavía quedan".
El texto analizó que Viola —"primero en la línea de sucesión a la presidencia"— había sido elegido como objetivo de la rebelión "por su apoyo acérrimo a esas políticas". Por eso "la rebelión incruenta" había "pedido de la renuncia de Viola" al mando del ejército. Viola se había limitado a rodear a los rebeldes —sólo 800 entre los 15.000 integrantes del III Cuerpo— y, una vez controlado el levantamiento, envió a Menéndez a una sede militar en Curuzú Cuatiá, Corrientes, arrestado durante 90 días.

El documento de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) especuló que la rebelión "aparentemente se desencadenó por la libertad y la deportación, la semana pasada, del ex editor del periódico La Opinión, Jacobo Timerman". La decisión de liberar "a quien la línea dura veía como un colaborador cercano del movimiento guerrillero de izquierda alguna vez poderoso en Argentina, habría incrementado fuertemente las fricciones en la jerarquía militar".
Y detalló: "Menéndez y otros miembros de su facción, que han acusado a Videla y Viola de ser blandos con la subversión, se opusieron a la invitación, el mes pasado, de una misión de la OEA para investigar las generalizadas violaciones a los derechos humanos". Concluyó con una predicción para Menéndez, que tardó poco en cumplirse: "Su retiro forzado parece una certeza".
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