Luego de la trágica explosión en la escuela de Moreno, que dejó a dos personas fallecidas, el directorio de Enargas ordenó a las empresas distribuidoras a que lleven adelante inspecciones de seguridad en las instalaciones de gas "de todos los establecimientos educativos, oficiales y privados, en todos los niveles existentes en su área, con el objetivo de prevenir accidentes".
La resolución 201/2018, publicada hoy en el Boletín Oficial por el ente regulador, instruye a todas las licenciatarias del servicio de distribución de gas por redes, incluyendo a las subdistribuidoras, a diseñar de forma coordinada con las autoridades educativas "un protocolo de verificación y un plan de acción" para realizar dichos controles.
Según se desprende del texto de la norma, la medida estará "a cargo y costo" de las empresas distribuidoras. Tendrán como plazo máximo el 31 de octubre y "será independiente" del programa "Revisión Técnica Obligatoria", que se efectua de manera periódica.
La decisión, aprobada por los directores Daniel Perrone, Carlos Casares, Diego Guichón y Mauricio Roitman, fue resuelta después de la crisis derivada por la voladura de la Escuela Primaria N°49 Nicolás Avellaneda ocurrida el 2 de agosto pasado. El hecho ocasionó que la vicedirectora Sandra Calamano, de 48 años, y el portero Rubén Rodríguez, de 45, fallecieran cuando encendieron las luces de la sala de profesores y se desató la explosión.
Los docentes culparon a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal por el fatal accidente y lo atribuyeron a la falta de presupuesto para la infraestructura escolar. Los gremios realizaron una movilización a la Gobernación en reclamo de Justicia y amenazaron con 72 horas de paros.
Uno de los apuntados en la investigación judicial es el gasista Cristian Javier Ricobene, quien había concurrido un día antes al establecimiento por la pérdida de gas en una estufa.
El hombre quedó detenido luego de que se presentara a declarar espontáneamente ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°8 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez, a cargo de la fiscal Gabriela Urrutía.
También está imputado por "incumplimiento de deberes de funcionario" Sebastián Nasif, el ex interventor del Consejo Escolar de Moreno que renunció a su cargo tras la explosión en la escuela.
Una revisión integral
La resolución de Enargas afecta a todas las distribuidoras del país y se aplicará a todos los niveles educativos. Así, se espera que haya inspecciones también en salas de primera infancia, escuelas técnicas, establecimientos del nivel terciario y universidades, tanto de enseñanza privada como pública.
Una vez iniciadas estas revisiones, las distribuidoras tendrán que poner en conocimiento al Enargas, de forma periódica, el grado de avance de las tareas desarrolladas.
Según se desprende de los considerandos, la última vez que se hizo una iniciativa de estas características fue en el año 2005, cuando se registraron 18.701 establecimientos. En aquella supervisión se detectaron "diversas irregularidades que motivaron cortes de suministro y clausura de artefactos", pero se logró que las escuelas queden "en condiciones de seguridad".
La intención de entonces, como en la resolución publicada este miércoles, fue "investigar fugas de gas y otros eventos relacionados con la seguridad".
"Las estadísticas demostraron que los accidentes ocurren como consecuencia de artefactos con inadecuada ubicación, falta de mantenimiento –en especial ventilaciones obstruidas o desacopladas-, o con modificaciones no autorizadas en el mismo artefacto o en su instalación", señala la normativa en uno de sus fundamentos.
Además, se instruye que, como en una gran cantidad de escuelas funcionan comedores, se realicen los trabajos de manera coordinada con las autoridades educativas, a fin de "causar los menores inconvenientes posibles a su actividad normal".
La resolución establece que se adopten "los mecanismos de información a la población para comunicar sobre la realización de las inspecciones".
Clases suspendidas
La inspección generalizada es oportuna. A comienzos de este mes, al menos 26 escuelas bonaerenses debieron suspender todas las actividades en los edificios educativos para resguardar la integridad física de los chicos y los trabajadores. La interrupción de las clases derivados por temas de infraestructura se extendieron hasta esta semana, en establecimientos tanto de distritos de Moreno como de otros partidos, como Quilmes y Tigre, denunciaron los docentes.
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