Después de las Taser, el gobierno porteño cruzó a Nación por las cámaras de reconocimiento facial en Rosario

A raíz de la amenaza a Lionel Messi en Rosario, el Gobierno acordó con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, la implementación de 600 cámaras de vigilancia con reconocimiento facial en la ciudad asolada por la violencia narco. Se trata de un mecanismo similar que fue suspendido y declarado inconstitucional en la ciudad de Buenos Aires por la Justicia porteña, tras un amparo colectivo presentado a fines de 2020.

Tras este anuncio, desde el gobierno porteño cuestionaron la “doble vara” de los funcionarios nacionales. “Llevamos años dando la pelea y defendiendo el uso del sistema de reconocimiento facial: en la Ciudad, nos permitió detener a casi 1700 delincuentes, entre ellos asesinos y violadores. Son años de lucha contra el kirchnerismo, que hizo todo lo posible por prohibirlo”, indicó Marcelo D´Alessandro, ministro de Seguridad en uso de licencia tras la filtración de supuestos chats, a través de las redes sociales.

“Con fallos partidarios y excusas ridículas para la tribuna lograron suspender el uso de esta herramienta, clave dentro de nuestro Sistema Integral de Seguridad Pública, con el que logramos los mejores índices de los últimos 28 años”, detalló.

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Por último, señaló “ahora que Rosario se prende fuego por la guerra narco, el mismo kirchnerismo apela al reconocimiento facial como solución mágica para dar vuelta una tragedia que nunca les interesó. Odian a la Ciudad e improvisan para los demás. El verdadero peligro son ellos”.

La acción para frenar el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) de la administración de Horacio Rodríguez Larreta, que había sido en funcionamiento en abril de 2019 para dar con personas con orden de detención, fue presentado por el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) y fue acompañado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la fundación Vía Libre, entre otras organizaciones.

Roberto Gallardo, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en los Contencioso Administrativo y Tributario N°2, tildado de “ juez kirchnerista” por las filas de JxC- decidió suspender su uso tras la comparación de la información aportada por los dos organismo de los que se nutre el SRFP: la base de datos de la Co.Na.R.C (Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas) que tenía entre 35 mil y 40 mil registros, y las más de 9 millones de consultas que se hicieron desde la Ciudad al Registro Nacional de las Personas (ReNaPer).

En el fallo, el magistrado destacó que se solicitaron datos de de figuras públicas como Alberto Fernández y Cristina Kirchner y otros políticos del oficialismo y de la oposición como Patricia Bullrich, Myriam Bregman; Juan Grabois y Estela De Carlotto y Hebe de Bonafini. También de empresarios como Marcos Galperín y Hugo Sigman, entre otros.

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En síntesis, el magistrado consideró que la Ciudad tuvo acceso a datos biométricos de personas que no se encontraban en las nóminas de buscados, aunque el Ministerio de Justicia y Seguridad bajo la órbita de Marcelo D´Alessandro explicara en una conferencia de prensa que esas consultas a la base nacional se trataron de “validaciones de identidad” vinculadas a trámites realizados ante la Ciudad como la certificación del domicilio o de supervivencia, una denuncia; o en el marco del programa “Tribuna Segura” en las canchas de fútbol. Incluso, permisos para circular por el COVID.

La Ciudad recusó a Gallardo y logró apartarlo, pero Elena Amanda Liberatori, cargo del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario 14, volvió a frenar la medida.

Más allá de esta situación, fuentes del gobierno nacional destacaron la implementación de este sistema, y el acuerdo político en Diputados y Senadores para avanzar con el fortalecimiento de la Justicia penal y los nombramientos de fiscales. También mencionaron la firma de un convenio entre la UIF y Santa Fe para instalar la sede de la unidad antilavado en Rosario.

Dos semanas atrás, Ciudad había señalado al Gobierno por la imposibilidad de adquirir pistolas Taser, tras el homicidio de la policía Maribel Zalazar en el subte c. De acuerdo a D´Alessandro, un trámite de importación en la ANMAC (Agencia Nacional de Materiales Controlados), a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos frena la compra. Luego, se conoció que el Ministerio de Seguridad a cargo de Aníbal Fernández había autorizado la compra de 100 unidades de las armas de electrochoque para las fuerzas especiales.

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