
El 92% de los médicos cubanos consultados evita publicar críticas en redes sociales “frecuentemente” o “siempre”, según el informe “Vigilancia digital en el entrenamiento y servicio médico cubano”, elaborado por la Asociación Raíces de Esperanza en España.
El estudio vincula ese nivel de autocensura con un sistema de control que combina normas administrativas, vigilancia de comunicaciones, restricciones durante las misiones internacionales y amenazas de represalias contra familiares que permanecen en Cuba.
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La investigación se basa en encuestas encriptadas y testimonios de profesionales de la salud, estudiantes de Medicina y médicos que participaron en misiones en el exterior. El informe sostiene que las restricciones no se limitan a las publicaciones en Facebook, Instagram o WhatsApp, también alcanzan las conversaciones en grupos privados y las interacciones con contenidos críticos.
De acuerdo con el documento, los encuestados identificaron como factores de preocupación las consecuencias de publicar cuestionamientos políticos, denunciar carencias en hospitales o expresar desacuerdo con las condiciones de trabajo. Todos los participantes clasificaron su preocupación ante esas posibles consecuencias como “elevada” o “extrema”.
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El informe coloca al Decreto-Ley 370 de 2018 entre las normas que inciden en esa autocensura. La legislación sanciona la difusión, mediante redes públicas de transmisión de datos, de información que se considere contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres o la integridad de las personas.
Según el análisis de Raíces de Esperanza en España, la amplitud de esos conceptos permite que una crítica sobre la falta de medicamentos, las condiciones de un hospital o las demoras en la atención sea interpretada como una infracción. La sanción prevista en el artículo 68, inciso i, incluye una multa de 3,000 pesos cubanos (USD 124) y el decomiso del teléfono, computadora u otro dispositivo empleado para la supuesta falta.
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La posibilidad de perder el celular o la computadora se suma a la multa económica, en un escenario donde los dispositivos son además la principal vía de comunicación con familiares, especialmente para quienes integran misiones médicas fuera de Cuba.
El informe también señala que las sanciones administrativas quedan sujetas a mecanismos de apelación internos, ante autoridades de la misma estructura que impone la medida.
Las quejas sobre hospitales pueden llegar a chats privados

Los testimonios recopilados describen un control que comienza durante la formación universitaria. Estudiantes consultados indicaron que evitaban debatir asuntos políticos en grupos de Telegram o WhatsApp por temor a que capturas de pantalla llegaran a la dirección docente o a la Unión de Jóvenes Comunistas.
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El informe identifica el parámetro de “Integralidad” como una herramienta de evaluación que, según los testimonios, puede afectar calificaciones, residencias y el acceso a especialidades médicas. También recoge casos de estudiantes cuestionados por seguir páginas críticas o por no participar en actividades políticas.
Tras la graduación, el estudio sitúa la vigilancia en policlínicos y hospitales. Un médico citado en el reporte afirmó que recibió orientaciones para no divulgar imágenes ni comentarios sobre las condiciones de trabajo. Otro testimonio refiere que una enfermera compartió en redes sociales fotografías de largas filas de pacientes y luego fue citada por la administración.
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Incluso un “Me gusta” a una publicación crítica sobre la situación hospitalaria puede generar una amonestación, según uno de los relatos incluidos en la investigación. En otro caso, profesionales que comentaron en Telegram cómo los apagones afectaban la atención médica recibieron luego una advertencia sobre el uso responsable de las redes.
El informe también analiza el Decreto-Ley 35 y la Resolución 105 de 2021, que regulan las telecomunicaciones y la respuesta estatal ante incidentes de ciberseguridad. Según el documento, esas normas contemplan figuras como la “difusión dañina” y el “eco mediático de noticias falsas”.

El Decreto-Ley 35 habilita la suspensión o interrupción de servicios de internet para usuarios que publiquen contenidos considerados falsos o lesivos. Raíces de Esperanza en España advierte que este marco puede trasladar una queja laboral, como la falta de guantes o insumos en un centro sanitario, al terreno de la seguridad nacional.
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Durante las misiones médicas internacionales, el informe recoge denuncias sobre controles más estrictos. Algunos profesionales relataron que debieron entregar sus teléfonos al llegar al país de destino o que solo pudieron usarlos bajo supervisión. Otros mencionaron acceso limitado a internet, revisión de mensajes y temor a que las publicaciones propias o de sus familiares.
Un médico en misión, citado de forma anónima, resumió ese clima de cautela: “Muchos comenzaron a pedir también a sus familiares en Cuba que evitaran comentarios en redes sociales para no buscarse problemas”.
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