Los movimientos sociales ya preparan medidas de fuerza en reclamo de más planes y alimentos para los comedores

En el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a cargo de Victoria Tolosa Paz, se encendieron luces de alerta. Los movimientos sociales oficialistas preparan medidas de fuerza si en las próximas semanas el Gobierno no anuncia una suba en el valor de los programas sociales, una mayor asistencia para las familias más vulnerables y un significativo refuerzo en los bolsos de alimentos que llegan a los comedores y merenderos. Identifican a la inflación como la causa principal del “ajuste” en las políticas sociales de la administración de Alberto Fernández.

Hasta el momento organizaciones como el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie, el Frente Popular Darío Santilla, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), no anunciaron si aplicarán medidas de fuerza directas, como movilizaciones y cortes. Algunos dirigentes sociales, aunque no todos, piden mesura entre sus filas ante el comienzo de la campaña electoral y el intenso debate interno abierto en el Frente de Todos.

Juan Grabois, el referente del MTE, y líderes del Evita consultados por este medio, desestiman que los ajustes sobre los planes sociales sean por pedido del FMI, como denuncian las organizaciones de izquierda. “Hay un ajuste en los planes, pero por la inflación”, destaca Grabois y recuerda que el Salario Básico Universal que propone podría ser un paliativo. “Tenemos un problema de diseño. La mitad de la economía es informal, por eso pedimos un refuerzo para los cuatro millones de trabajadores informales, de la economía popular”, dice.

Grabois entiende que, con el Salario Básico Universal, contenido en el proyecto de ley Tierra, Techo y Trabajo, se eliminarían estos programas, pero, destaca: “Muchas organizaciones trotskistas y oficialistas no apoyan esta iniciativa porque no quieren dejar de manejar los padrones”.

El reclamo de mayor asistencia social por parte de los movimientos que forman parte de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) no es una novedad para el Gobierno.

En diciembre pasado, los dirigentes de Somos Barrios de Pie le entregaron un puntilloso informe a la ministra de Desarrollo Social en el que se revelaba que la malnutrición en los barrios populares ya alcanza a casi a la mitad de los niños y jóvenes.

El coordinador nacional de esa organización es Daniel Menéndez, además subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, funcionario de Tolosa Paz, la ministra a la que se le hacen los reclamos para que no solo se incrementen las raciones de alimentos, sino la calidad. Menéndez pide que se incremente la cantidad de proteínas, como carnes rojas, pollo, verduras y frutas; productos indispensables que escasean en las canastas de alimentos que llegan a los más vulnerables.

El informe, publicado por Infobae, destaca que: “La situación nutricional entre los niños, niñas y jóvenes que viven en los barrios populares del país es cada vez más grave”.

El estudio médico realizado por los profesionales de la Universidad Popular del Movimiento Barrios de Pie y ya en manos del Gobierno, refleja que la “malnutrición global” es del 48,6%; un 4,5% más alto que en 2019. Las alteraciones más frecuentes fueron: el sobrepeso, detectado en el 20,9% de los casos; y la obesidad, en el 24,5%. El déficit de peso en cambio se ubica en un 3,2% global. Por otro lado, la baja talla, que suele ser producida por desnutrición crónica, alcanza el 6,7%, con un fuerte predominio en menores de 2 años (20,2%) y niños y niñas de 2 a 6 años (8,9%).

La propia dinámica interna de las organizaciones sociales que observan con expectativa las próximas elecciones generales, lleva a que, al menos hasta fines de marzo, no definan medidas de fuerza en conjunto.

El 11 de ese mes, el Evita, con los funcionarios nacionales Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro a la cabeza, pero alineados con dirigentes como Gildo Onorato, y Juan Manuel Abal Medina, entre otros, lanzarán su partido político propio, La Patria de los Comunes, con el cual competirán en las PASO del Frente de Todos con candidatos propio.

Por ahora, para la precandidatura presidencial apoyan la reelección de Alberto Fernández. Mal podrían organizar una medida de fuerza contra la administración que apoyan y de la cual forman parte. Por otro lado, desde Desarrollo Social aseguran que lo refuerzos alimentarios están garantizados.

Grabois y el MTE, en cambio, transitan por un carril diferente. El también referente del Frente Patria Grande, no apoya la precandidatura de Fernández. Es más, se postuló para enfrentarlo si el kirchnerista Eduardo “Wado” de Pedro, y ministro del Interior, no se anota para hacerlo.

Por esa razón, desde su espacio, esperarán a ver cómo devienen los reclamos alimentarios, pero sobre todo las bajas en el programa Potenciar Trabajo que se definirán en marzo, y la posibilidad de que el Congreso trate el Salario Básico Universal, o alguna medida similar para los cuatro millones de personas que se desempeñan en la economía popular.

Desde la izquierda, la Unidad Piquetera, en cambio, ya definió que la próxima medida de fuerza contra la administración Fernández será el próximo martes. El principal reclamo es que se dé marcha atrás con las casi 160.000 suspensiones del Potenciar Trabajo por no haber validado su identidad y pertenencia al plan.

Esas personas, este mes, cobrarán el 50% del beneficio y lo perderán de manera completa si en marzo, no completan el trámite.

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