El Congreso debate un proyecto de segunda oportunidad para personas con sobreendeudamiento que permitiría a un juez revisar deudas tomadas con más de un prestador. La intención es frenar tasas abusivas, prácticas de cobranza agresivas y una situación que, según el diputado nacional de Provincias Unidas Pablo Juliano, se agravó al punto de exigir una respuesta judicial sin costo fiscal.
Uno de los datos que el legislador puso en el centro de la discusión es la edad de los deudores: más del 38% son menores de 25 años. En diálogo con Infobae Al Amanecer marcó una diferencia entre los niveles de mora de los bancos, que ubicó en torno al 7%, y los de las fintechs, donde ese porcentaje, dijo, puede triplicarse.
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La iniciativa apunta a cualquier persona que tenga más de una deuda, ya sea con bancos, fintechs o tarjetas de crédito. En esos casos, el expediente ingresaría a un procedimiento judicial simple para que un magistrado examine la situación y determine si hubo abuso, intereses desproporcionados o fallas en la forma en que se otorgó el crédito.
Juliano sostuvo que el proyecto toma como referencia modelos aplicados en España y Alemania. Al explicar el alcance de la propuesta, afirmó: “Se puede hacer un montón de cosas y reconocer el problema”.
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Revisión judicial de deudas con más de un prestador
El punto central de la iniciativa es que no busca que el Estado absorba pasivos privados ni que los traslade a organismos públicos. “Nuestro proyecto no tiene costo fiscal”, dijo Juliano, y agregó: “No buscamos que la gente le termine debiendo al ANSES”.
El diputado planteó que el juez no solo podrá observar el monto adeudado. También tendrá margen para revisar cómo se otorgó el crédito, si la contratación respetó la buena fe y si los intereses “terminan siendo abusivos, por más que lo haya contratado la gente”.
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Ese enfoque, según Juliano, pone el acento en el crédito responsable. En sus términos, la pregunta de fondo es: “¿Se prestó realmente a sabiendas de que esa gente no lo iba a poder devolver?”.
El legislador rechazó que el sobreendeudamiento pueda explicarse por falta de educación financiera. “No estamos ante un problema de falta de educación financiera, estamos ante una soga en el cuello de estas personas que realmente no encuentran otra manera que salir a pedir prestado”, aseguró.
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Falta de intervención
Para Juliano, el Gobierno nacional trata el problema como una cuestión privada y no como un fenómeno social. “El Gobierno pareciera tener vendados los ojos y acelera a fondo en la negación”, afirmó.
El diputado añadió que el Estado ya interviene en muchas relaciones entre privados y que en materia crediticia no debería “mirar para el costado”. Desde esa lógica, defendió la intervención judicial como un mecanismo de control sobre situaciones de abuso y desconocimiento por parte de los tomadores de deuda.
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La propuesta también incorpora restricciones frente al hostigamiento digital. Juliano relató que recibieron en redes sociales capturas de casos en los que familiares de deudores reciben mensajes de reclamo, una práctica que vinculó con créditos concedidos por billeteras virtuales y fintechs con acceso a datos personales.

Sobre ese punto, marcó una exigencia de simetría regulatoria. “Si te querés comportar como un banco, portate como banco y cumplí con las reglas del banco y esto no tiene costo fiscal”, sostuvo.
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El proyecto de segunda oportunidad está en la Comisión de Usuarios y Consumidores y en la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados. Juliano aseguró que hubo interés de bancadas como U-UP y La Libertad Avanza para abordar el tema.
Según el diputado, en el Congreso existen alrededor de 30 proyectos vinculados con la misma problemática. “Lo que estamos pidiendo es no queremos tener razón, queremos que se pueda abordar”, señaló.
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También relativizó la autoría política de la propuesta. “El verdadero dueño de esta iniciativa no somos nosotros en particular, no es ningún partido, es el sentido común”, afirmó.
Juliano advirtió que la cantidad de personas endeudadas creció y que aguardan datos actualizados del Banco Central para medir la magnitud del problema. Mientras ese debate sigue en comisión, insistió en que el objetivo es frenar el deterioro de quienes ya no pueden afrontar sus compromisos financieros y evitar que esa carga se convierta en una marca duradera para los deudores más jóvenes.
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