El gobierno porteño declaró la emergencia por el robo de celulares y endurece los controles en la venta de equipos usados

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires declaró la emergencia en la actividad de comercialización y reparación de celulares usados mediante un decreto firmado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, con vigencia de 90 días corridos. La medida apunta a desarticular las redes de reventa de equipos robados que operan en locales habilitados del territorio porteño y establece un esquema de control escalonado que incluye fiscalizaciones extraordinarias, suspensión de nuevas habilitaciones y la creación de un registro de trazabilidad.

El robo de teléfonos móviles y su posterior comercialización a través de negocios de reparación y venta de usados constituye uno de los circuitos delictivos más extendidos en la ciudad. Los equipos sustraídos ingresan al mercado formal desarmados y vendidos por partes, lo que dificulta su identificación y recupero. El decreto busca cortar ese flujo desde el eslabón comercial: los locales deberán acreditar el origen legítimo de cada equipo, componente y repuesto que tengan en su poder o en venta.

“Se terminó la mafia de los celulares robados. Declaramos la emergencia para caerles con todo el peso de la ley. Que quede claro, el que compra un teléfono robado para desarmarlo y venderlo por partes no es un comerciante: es un delincuente que forma parte de una red mafiosa”, afirmó Macri. El alcalde también advirtió que en las zonas designadas como de alta criticidad no se habilitará ningún local nuevo del rubro y que los existentes deberán demostrar la procedencia de cada pieza.

La Agencia Gubernamental de Control (AGC) y el Ministerio de Seguridad porteño llevarán adelante operativos coordinados sobre los comercios y ámbitos con mayores indicadores de riesgo durante la vigencia de la emergencia. La AGC quedó facultada para clausurar de manera inmediata los locales que no puedan acreditar el origen legítimo de los equipos o sus partes. Esos procedimientos extraordinarios de fiscalización se aplicarán en paralelo a la implementación del nuevo sistema de registro y trazabilidad previsto en el decreto 295/26.

El decreto establece cuatro zonas de alta criticidad para la primera etapa de intervención: Retiro–Microcentro, Balvanera–Once, Liniers–Límite Oeste y Chacarita–Villa Crespo. La delimitación de esas áreas se basó en la concentración territorial de delitos e infracciones vinculadas con la actividad, el volumen de secuestros y recuperos de equipos, las denuncias e investigaciones en curso, los resultados de operativos previos, la densidad de establecimientos del rubro y los antecedentes de incumplimientos registrados en cada zona.

Dentro de esas áreas, y mientras dure la emergencia, quedan suspendidos el inicio y la tramitación de nuevas autorizaciones de actividad económica para el rubro, las transmisiones por transferencia de habilitaciones existentes y las ampliaciones de superficie o de rubro destinadas a la comercialización o reparación de teléfonos usados. La restricción apunta a impedir que la red de locales vinculados al circuito ilegal pueda expandirse o reorganizarse durante el período de control intensificado.

El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, resumió el alcance de la medida en un mensaje publicado en sus redes sociales: “Si robaste un celular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, olvidate de revenderlo”. Tapia señaló que los controles sobre los locales de venta y reparación de usados se endurecerán y que la suspensión de habilitaciones para nuevos comercios del sector forma parte del mismo esquema. “Se terminó el negocio del robo y reventa”, escribió el funcionario.

El decreto se enmarca en una serie de acciones de ordenamiento urbano y seguridad que el gobierno de Macri viene ejecutando desde diciembre de 2023. Entre esas intervenciones, el comunicado oficial menciona el desalojo de vendedores ambulantes de 670 cuadras de parques, plazas y veredas comerciales; operativos de control en los límites de la Ciudad y en los grandes centros de transporte; la recuperación de más de 900 propiedades usurpadas devueltas a sus titulares; y el control sobre nuevas construcciones en barrios como la Villa 31 y La Carbonilla.