El Gobierno, ante su primer desafío en Comodoro Py: un funcionario recibirá su veredicto en un juicio penal la semana próxima

El gobierno de Alberto Fernández afrontará la semana que viene una suerte de primera prueba en los tribunales de Comodoro Py, donde se juzgan los casos de corrupción. El martes, uno de sus funcionarios tendrá veredicto en un juicio penal. Se trata de Martín Sabbatella, a cargo de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), que está siendo juzgado por presunto abuso de autoridad cuando estuvo al frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales (AFSCA) durante el gobierno de Cristina Kirchner.

La situación de Sabbatella es la primera pero no la única. Hay otros funcionarios que pasaron por los gobiernos de la actual vicepresidenta y que fueron elegidos por Fernández para ocupar cargos que deberán afrontar juicios orales que todavía no tienen fecha.

En los casos en los que se juzgan hechos ocurridos durante la función pública, los acusados además de una pena de prisión pueden ser condenados a una inhabilitación para ejercer cargos. Infobae consultó a fuentes del oficialismo si hay una posición adoptada sobre qué harán en caso que un funcionario sea condenado. “No hay una postura tomada. No hay una decisión de manual por lo que se verá cada caso teniendo en cuenta el proceso penal”, contestaron. La última referencia apunta a que si una persona es considerada penalmente responsable en un juicio oral, aún tiene instancias para apelar y evitar que haya sentencia firme.

El veredicto a Sabbatella llega en un momento de tensión entre el Gobierno y el Poder Judicial. Jueces, fiscales, funcionarios y empleados están enojados con la reforma al régimen de jubilación que aprobó el jueves la Cámara de Diputados y que deberá tratar el Senado. A eso se suma que Fernández anunció que mañana dará a conocer en la Asamblea Legislativa los lineamientos del proyecto para reformar la justicia federal de la ciudad de Buenos Aires, la más cuestionada por sus vínculos políticos, con actores de la inteligencia y por el manejo de las causas políticas. Nadie tiene dudas de que con esa iniciativa los jueces de Comodoro Py perderán poder.

Durante la campaña, el Presidente fue muy crítico con algunos de los jueces de esos tribunales. Dijo que varios de ellos iban a tener que dar explicaciones por “las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno”, en referencia al gobierno de Mauricio Macri, y por los fallos contra Cristina Kirchner.

Sabbatella y otros siete acusados, ex directores y responsables de áreas técnicas del AFSCA, comenzaron en noviembre pasado a ser juzgados por una denuncia que presentó el Grupo Clarín por un presunto abuso de poder por el modo en que la entidad aplicó la ley de servicios de comunicación audiovisual.

El fiscal Eduardo Taiano pidió que Sabbatella sea condenado a un año de prisión en suspenso y a dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Los abogados del Grupo Clarín, que interviene como querellante, solicitaron una condena de prisión de dos años y una inhibición de cuatro para ejercer cargos. Para el resto de los acusados pidieron penas que van del año y medio a los ocho meses de cárcel. Las defensas reclamaron las absoluciones de los acusados.

Ex intendente del municipio de Morón y diputado nacional, Sabbatella supo convertirse en un incondicional de Cristina Kirchner. Desde ese sector llegó al Gobierno como titular de ACUMAR, un órgano autónomo que trabaja en el saneamiento del Riachuelo.

El veredicto estará a cargo del juez federal Ariel Lijo ya que se trata de un caso unipersonal. El martes la audiencia comenzará a las 10 cuando los imputados tengan la posibilidad de decir sus últimas palabras en el cierre del juicio, informaron a Infobae fuentes judiciales. Luego, en un horario que el juez dará a conocer, será el veredicto. El primero que afrontará un funcionario del gobierno nacional.

Otros casos

Pero no será el único. Hay otros miembros del gabinete nacional que tienen causas elevadas a juicio en los Tribunales Orales Federales de Comodoro Py y que todavía no tienen fecha de inicio.

En el caso de la firma del memorándum de entendimiento con Irán están acusados el actual procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini –ex secretario de Legal y Técnica del kirchnerismo–, y el funcionario del Ministerio de Justicia Juan Martín Mena, quien fue subjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). También Cristina Kirchner y el senador nacional Oscar Parrilli.

Por el expediente de dólar futuro además de la actual vicepresidenta están imputados el titular de la Anses, Alejandro Vanoli, quién era presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), y quien está ahora en ese cargo, Miguel Ángel Pesce. En ese mismo caso será juzgado el gobernador de la provincia de Buenos Aires y ex ministro de Economía, Axel Kicillof.

Desde el peronismo, y también en algunos sectores de la Justicia, siempre sostuvieron esos dos expedientes son los menos comprometedores y que terminarán en absoluciones ya que se juzgan decisiones políticas que no son judicializables y que llegaron a esta instancia por una persecución a los funcionarios.

Además de dólar futuro y el memorándum con Irán, la vicepresidenta tiene otras tres causas en juicio oral. Uno de los proceso comenzó en mayo del año pasado y es el caso de las presuntas irregularidades en las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez. Los otros son los casos “Los Sauces” y “Hotesur”, que se tramitan juntos, y los llamados “cuadernos de la corrupción”. Tampoco tienen fecha de juicio.

Aníbal Fernández, actual interventor en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y ex jefe de Gabinete, tiene tres juicios. Uno por el Plan Qunita, en el que también están acusados el actual ministro y viceministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán y Nicolás Kreplak, respectivamente; por los fondos del programa “Fútbol para Todos”; y por la implementación de un programa de recolección de residuos en la provincia de Buenos Aires.

En la misma situación se encuentra Ricardo Echegaray, ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos que a principio de febrero volvió a la Aduana, organismo en el que ya había estado. Echegaray ya afrontó un juicio oral en el que en octubre pasado fue absuelto. Actualmente está siendo juzgado por el expediente “Oil Combustible” que comenzó en junio. Echegaray tiene otras tres causas elevadas a juicio: por la presunta autorización irregular para que ingrese al país un auto diplomático, por la contratación de un servicio de limpieza en AFIP, y por el encubrimiento al empresario Báez.

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