
El Ministerio de Justicia destituyó a la encargada de dos registros automotores de Lomas de Zamora después de concluir que no transfirió al Estado remanentes de recaudación. El perjuicio fiscal fue actualizado a $117.246.510,53, sin contar los intereses que puedan sumarse hasta el recupero efectivo.
La medida alcanzó a Marta Elena Castañón, titular del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Lomas de Zamora N° 5 y del Registro Seccional con Competencia Exclusiva en Motovehículos Letra A. La sanción fue dispuesta en la Resolución 551/2026, firmada el 12 de noviembre y publicada este lunes en el Boletín Oficial.
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El expediente administrativo estableció que Castañón incumplió la obligación de depositar en favor de la Administración Central los fondos remanentes de las liquidaciones de emolumentos. Se trata de una porción de los aranceles que perciben los registros por los trámites y que, según la normativa, pertenece al Estado Nacional desde el momento de su cobro.
La investigación se originó por depósitos pendientes registrados entre julio de 2024 y febrero de 2025. De acuerdo con el detalle incluido en la resolución, los montos mensuales no transferidos oscilaron entre $858.587 y casi $19 millones.
El mayor saldo identificado fue el de agosto de 2024, con $18.994.258,14. En julio de ese año se registró una deuda de $10.365.253,33; en septiembre, de $10 millones; y en enero de 2025, de otros $10 millones.
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También se consignaron faltantes por $7.539.315,27 en octubre, $7.349.674,10 en noviembre y $8.459.372,65 en diciembre de 2024. Para el período comprendido entre el 1° y el 17 de febrero de 2025, la suma pendiente fue de $858.587,17.
La instrucción sumarial había estimado en $73.566.460,66 el daño patrimonial en concepto de capital. Luego, la SIGEN actualizó el cálculo al 15 de septiembre de 2026 y estableció que el monto ascendía a más de $117 millones, al considerar intereses y otros componentes de la deuda.
Durante el sumario, Castañón presentó su descargo y sostuvo que la falta de depósitos no había respondido a una maniobra para apropiarse o desviar recursos. Según su planteo, los registros a su cargo atravesaban un cuadro de desfinanciamiento que le impedía cumplir con los pagos.
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La entonces encargada también cuestionó la falta de respuesta de las autoridades a los reclamos que les había presentado. Uno de ellos consistía en solicitar la cancelación de la deuda mediante pagos escalonados.
Además, argumentó que otros registros seccionales enfrentaban problemas similares y que algunos contaban con condiciones de funcionamiento más favorables, como mejoras arancelarias, beneficios impositivos o diferentes esquemas de gastos.
La instrucción rechazó esa defensa. El Ministerio sostuvo que la recaudación mensual de un registro se divide en dos conceptos: por un lado, los emolumentos que recibe el encargado para su retribución y para afrontar gastos operativos; por otro, los remanentes que deben ser depositados al Estado.
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La resolución señaló que los problemas económicos de un registro no habilitan a usar los fondos estatales para compensar desequilibrios operativos. También indicó que esos gastos forman parte del riesgo asociado a la función asumida por cada encargado.
El Ministerio de Justicia respondió además al argumento de que el caso de Castañón no era aislado. La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios informó que, dentro de un universo de aproximadamente 1.400 seccionales, había 14 con deudas.
De ese grupo, 10 ya se encontraban bajo sumario administrativo. El organismo agregó que los registros administrados por interventores pertenecientes a la Dirección Nacional tienen un esquema de gastos distinto, en especial por los alquileres y el mobiliario, por lo que no podían ser comparados en igualdad de condiciones con los registros a cargo de titulares externos.
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En su decisión, el Ministerio declaró la responsabilidad disciplinaria de Castañón y aplicó la sanción de remoción. La medida se basó en incumplimientos a normas que regulan la obligación de depositar los remanentes de recaudación dentro de los dos días hábiles posteriores al cierre de cada mes.
La resolución ordenó a las áreas competentes del Ministerio de Justicia que impulsen las acciones administrativas y judiciales necesarias para recuperar el dinero. El monto reclamado deberá incorporar los intereses calculados al momento de un eventual cobro.
La resolución aclara que la vía administrativa no está agotada. Castañón podrá presentar, a su elección, un recurso de reconsideración dentro de los 20 días hábiles administrativos posteriores a la notificación o un recurso jerárquico dentro de los 30 días hábiles.
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