Mientras mandaba a Cristina Kirchner a juicio oral como jefa de una asociación ilícita que hacía recaudaciones de dinero ilegal registradas en los cuadernos del remisero Oscar Centeno, el juez Claudio Bonadio sobreseyó en el caso a los principales líderes de La Cámpora: el diputado Máximo Kirchner –hijo de la ex presidente– y el diputado Eduardo "Wado" de Pedro –representante de la oposición en el Consejo de la Magistratura y uno de los nombres que se mencionan para un futuro gabinete en el gobierno de Alberto Fernández–.
En su escrito, el juez Bonadio sostuvo que no formaron parte de la asociación ilícita que, a su criterio, comandó Cristina Kirchner y por eso firmó el sobreseimiento por ese delito. Hay de todas maneras abierta una investigación en el fuero electoral para analizar los fondos que recibió La Cámpora.
Hace un año la Cámara Federal había instado a Bonadio a resolver sobre la situación procesal de Máximo Kirchner y otros dirigentes de La Cámpora, que habían desfilado por Comodoro Py en octubre del año pasado. Un pendrive que se encontró en la casa de un secretario del ex jefe de Gabinete Juan Abal Medina y la declaración como "arrepentido" de José López –ex secretario de Obras Públicas– abrieron la puerta para investigarlos como sospechosos de la asociación ilícita por el dinero que recibió La Cámpora para financiar la campaña y distintas actividades que habría salido de la recaudación ilegal de los viajes de Centeno.
Así fueron llamados a desfilar por Comodoro Py 2002 José María Ottavis, Eduardo de Pedro, Andrés Larroque, Julián Álvarez, Máximo Kirchner, el empresario Sergio Szpolski y los intendentes Ricardo Ivoskus y Enrique García.
Cuando se presentó a su indagatoria, Máximo Kirchner aseguró: "Desde una visión de conjunto, hacerme partícipe de una asociación ilícita integrada por decenas de personas, a muchas de las cuales no conozco, e incluso por familiares directos del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, y empresarios que le resultan afines, ingresa a un terreno tan ridículo que me exime de mayores comentarios".
Primero "Wado" de Pedro y después Julián Alvárez recusaron a Bonadio. Dijeron que como ambos habían motorizado denuncias contra el juez en el Consejo de la Magistratura cuando ocuparon cargos públicos en el gobierno kirchnerista, el juez podría ver afectada su imparcialidad.
Alvárez fue más allá y agregó entre los fundamentos una denuncia penal que luego Bonadio radicó en su contra. Si Álvarez hubiera tenido éxito en su intento, el juez hubiera quedado afuera del caso.
Usando las palabras de Máximo Kirchner, el juez Bonadio decidió desprenderse de la causa del financiamiento de la campaña de La Cámpora porque esa fuerza solo recibió “dinero para destinarlo a actividades de naturaleza política y electoral, de modo irregular y fuera de la normativa vigente“. Y, tras un paso por otro juzgado, el tema terminó en manos de la jueza electoral María Romilda Servini.
"No es posible afirmar que los nombrados (Máximo y el resto) hayan tenido una participación en la asociación ilícita comandada por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, que resulta objeto de investigación en la presente causa, sino que su conducta se habría circunscripto a la recepción de parte del dinero ilegal para destinarlo a actividades de naturaleza política y electoral, de modo irregular y fuera de la normativa vigente, suceso por el cual se dispuso la incompetencia. Respecto a su participación en la asociación ilícita investigada, corresponde señalar que los nombrados no surgen de la prueba que fue incorporada en el marco de la presente causa, ni tampoco en sus conexas", escribió Bonadio.
Y agregó: "Corresponde adoptar un temperamento desincriminatorio y disponer el sobreseimiento de Ottavis, De Pedro, Larroque, Álvarez, Máximo Kirchner, Szpolski, Ivoskus y García respecto de su participación en la asociación ilícita investigada en la presente" causa.
El sobreseimiento por asociación ilícita incluyó también a otros ex funcionarios que llegaron a estar imputados por ese delito y que no fueron procesados como Oscar Parrilli o Jorge Mayoral; y a ex funcionarios que estuvieron presos y que fueron desvinculados de la banda como Hernán Gómez o Martín Larraburu. Y también a empresarios a los que la Cámara Federal sacó de la asociación y solo les dejó el delito de cohecho. "No pudo acreditarse el acuerdo criminal, por el que asumieran un rol determinado dentro de la organización y que sirva para alcanzar sus fines, lo cual debe tener además cierta proyección en el tiempo", se afirmó.
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