La Oficina Anticorrupción (OA) realizó una presentación ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 para que no se demore el inicio del juicio oral contra Cristina Kirchner, previsto para el próximo 21 de mayo. La medida tuvo lugar luego del requirimiento por parte de la Corte Suprema de Justicia de revisar el expediente principal de la causa conocida como "Vialidad".
Según el organismo que conduce Laura Alonso, la decisión de la Corte Suprema "no es un obstáculo" para el inicio del proceso contra la ex presidenta, acusada por el redireccionamiento de la obra pública, junto al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y Lázaro Báez, entre otros ex funcionarios y empresarios.
Por otro lado, el ministro de Justicia, Germán Garavano, opinó sobre el pedido del máximo órgano judicial. "Es un fallo inusual, tiene un condimento político muy grande; preocupa porque puede impedir la realización de un juicio oral", señaló el funcionario en declaraciones a radio Mitre.
"Frente al requerimiento de remisión de la causa principal a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con motivo de recursos de queja planteados por las defensas por apelaciones extraordinarias denegadas, esta querella acude a solicitar que se adopten los recaudos necesarios para que la remisión al máximo tribunal no comprometa el inicio del debate oral y público, tantas veces postergado, previsto para la semana entrante", se expresa en el escrito de la OA, al que tuvo acceso Infobae.
Según el organismo, "una nueva postergación del inicio del juicio de un gravísimo caso de corrupción administrativa como el que aquí se ventila rayaría con un injustificado incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino de proceder al efectivo juzgamiento y dictado de fallo en casos de corrupción".
La decisión de la Corte Suprema radica en la necesidad de poner orden en una causa llena de recursos y planteos que podrían derivar en distintos pedidos de nulidad a lo largo del juicio.
El caso de la obra pública tiene todavía algunas cuestiones pendientes de resolución. Una de ellas podría tener incidencia directa en el inicio del juicio. Se trata de la demanda civil que el gobierno de Mauricio Macri presentó en 2016 junto con la denuncia penal en la que pidió que los acusados indemnicen al estado nacional por las irregularidades cometidas. El Tribunal Oral ya dijo que ese planteo se debe tramitar en la Justicia Civil y Comercial Federal. Pero la jueza de ese fuero, Alicia Pérez, dijo que en rigor corresponde a la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal y le devolvió la causa al Tribunal Oral que ahora debe volver a decidir.
Pero paralelamente la defensa de Cristina Kirchner llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que la demanda civil se trate en el juicio oral. El máximo tribunal todavía no resolvió, pero el caso ya pasó por algunos de sus jueces.
"La celebración del juicio oral, rodeado de todas las garantías para que los justiciables ejerzan sus defensas, lejos de generarles un perjuicio, no hará más que redundar en beneficio de ellos, en tanto les asegurará, además, su derecho a obtener un pronunciamiento judicial que, definiendo su situación frente a la ley y a la sociedad, ponga término del modo más pronto posible a la situación de incertidumbre y restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal", finaliza el texto de la Oficina Anticorrupción.
En tanto, Germán Garavano consideró que "cuando la Corte pide los expedientes pareciera que no quiere que se realice el juicio".
"Ella (por la ex presidenta Cristina Kirchner) está involucrada, y lo que tiene que hacer es dar explicaciones. Es llamativa la resistencia del kirchnerismo a dar explicaciones. Cuando el presidente (Macri) fue llamado se presentó, dio explicaciones públicas. En este caso, nadie ha explicado qué pasaba con los hoteles, con los proveedores de la obra pública. Lo importante sería dar explicaciones en la Justicia", aseguró el ministro de Justicia.
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