Detienen a un hombre por hacerse pasar durante 12 años por estudiante para evitar pagar el impuesto municipal: utilizaba documentos falsos para reclamar descuentos por valor de 17.880 euros

El sistema de exenciones para estudiantes existe en el Reino Unido para aliviar la carga económica de quienes cursan estudios a tiempo completo y no perciben ingresos regulares

Ilustración de un hombre que sella papeles en un escritorio con pilas de documentos, un saco de dinero, un calendario y una ventana al fondo.
Una ilustración recrea el caso de Vishal Kumar Gandhi, condenado en Londres tras falsificar certificados estudiantiles entre 2013 y 2025 para eludir el impuesto municipal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un hombre de Hayes, en el oeste de Londres, ha sido condenado por falsificar documentos durante casi 12 años con el fin de evitar el pago del impuesto municipal mediante exenciones destinadas a estudiantes. Vishal Kumar Gandhi, de 40 años, presentó certificados fraudulentos entre mayo de 2013 y marzo de 2025 para reclamar descuentos que ascienden a cerca de 17.880 euros (15.000 libras esterlinas).

El caso se ha hecho público después de que el Ayuntamiento de Hillingdon iniciara una revisión contra el fraude centrada en las propiedades que recibían exenciones para estudiantes. Tal y como ha informado The Standard, durante ese proceso, el equipo examinó durante cuánto tiempo se habían solicitado esos descuentos en distintas viviendas del municipio y detectó inconsistencias en los certificados justificativos presentados por Gandhi.

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Según la investigación municipal, Gandhi proporcionó información falsa en la que afirmaba que tanto él como sus compañeros de casa eran estudiantes, una condición que en el Reino Unido permite acceder a exenciones total o parcial del impuesto municipal. El fraude se mantuvo de forma ininterrumpida durante casi 12 años, un periodo lo bastante extenso como para que las autoridades lo calificaran de “deliberado y sostenido”.

El sistema de exenciones para estudiantes existe en el Reino Unido para aliviar la carga económica de quienes cursan estudios a tiempo completo y no perciben ingresos regulares. Para acceder a él, los solicitantes deben presentar certificados que acrediten su condición de alumno matriculado. Y fue precisamente en esa documentación donde los investigadores del ayuntamiento hallaron las irregularidades que destaparon el caso.

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24 semanas de cárcel y 140 horas de trabajo no remunerado

Gandhi reconoció los delitos una vez que le mostraron las pruebas recopiladas por el ayuntamiento. El tribunal escuchó que el acusado se mostró “arrepentido” y que ya había comenzado a devolver el importe adeudado antes de conocerse la sentencia, un gesto que las autoridades valoraron en el proceso judicial.

Entrevista a Óscar Vara, economista y profesor de Teoría Económica e Historia Económica de la Universidad Autónoma de Madrid.

La condena impuesta contempla 24 semanas de prisión, con suspensión de la pena durante 12 meses. Además, el fallo incluye un requisito de control de alcohol, la obligación de completar 140 horas de trabajo no remunerado y el pago de un recargo para las víctimas de 154 libras esterlinas. A esto se suma el reembolso de las costas procesales del ayuntamiento, que ascienden a 8.970,52 libras esterlinas, una cifra que se añade a la deuda original por las exenciones indebidamente reclamadas.

“Abusar del sistema mediante el engaño perjudica las arcas públicas”

El concejal Eddie Lavery, responsable de Finanzas en el gabinete del Ayuntamiento de Hillingdon, calificó el caso como un ejemplo de abuso prolongado del sistema de ayudas públicas. “Se trató de un fraude deliberado y sostenido que se prolongó durante varios años, y me complace que este infractor haya sido llevado ante la justicia”, declaró Lavery.

Además, el concejal subrayó el propósito original de este tipo de exenciones. “Las exenciones del impuesto municipal existen para proporcionar una valiosa protección y el apoyo adicional necesario a quienes más lo necesitan. Abusar cínicamente del sistema mediante el engaño perjudica las arcas públicas y desperdicia un tiempo valioso que podría haberse dedicado a tramitar solicitudes legítimas”, afirmó.

Lavery insistió también en que el municipio mantendrá una política de persecución activa contra este tipo de conductas. “El ayuntamiento seguirá tomando las medidas más severas que permita la ley contra quienes abusan del sistema y buscan obtener una ventaja mediante el fraude y, cuando sea posible, recuperará los costes”, sostuvo.

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