Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta, fue el primero en convertirse en arrepentido. A él se le sumaron Juan Carlos de Goycoechea (ex gerente de Isolux), Javier Sánchez Caballero (ex CEO de Iecsa), Angelo Calcaterra (primo hermano del presidente Mauricio Macri y ex dueño de Iecsa), Héctor Zabaleta (ex directivo de Techint) y Armando Loson (presidente del Grupo Albanesi). Esta lista se ampliará en las próximas horas.
Según pudo saber Infobae, otro empresario pedirá ser alcanzado por la figura de arrepentido, en busca de reducir una eventual condena a cambio de aportar información verídica –y contrastable con las anotaciones en los cuadernos de las coimas K– que sea útil para el avance de la investigación sobre los bolsos con dinero que terminaban en el domicilio de Néstor y Cristina Kirchner y en la Quinta de Olivos además del ministerio de Planificación y otros departamentos particulares.
Se trata de un poderoso empresario del sector de la construcción que conoce parte del circuito de recaudación y entrega –que realizaba Centeno– de los bolsos con millones de dólares que acababan en poder del matrimonio Kirchner en concepto de coimas para financiar campañas electorales. Y está dispuesto a dar información clave.
Aunque aún no fue citado por el juez federal Claudio Bonadio, sus abogados comenzaron a negociar con la fiscalía a cargo de Carlos Stornelli un acuerdo para acogerse a la figura de imputado colaborador. Una vez ultimados los detalles, los representantes del empresario le acercarán el escrito a Bonadio, quien en las próximas horas deberá definir si acepta o no los términos del entendimiento.
Con la presentación de este empresario, sumarían seis los arrepentidos. El último fue Armando Loson, presidente del Grupo Albanesi, quien está acusado de formar parte del circuito de recaudación que comandaba Baratta –ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación y mano derecha de Julio De Vido, detenido– y que fue descubierto gracias a las anotaciones de Centeno.
La ley del arrepentido, sancionada en 2016 después del episodio de los bolsos de José López, establece básicamente que una persona imputada por la comisión de un delito, junto con su abogado defensor, se siente a negociar con el fiscal el intercambio de información (pruebas) que permita ir a los eslabones superiores de la organización criminal, de forma tal de poder vincularlos con el delito.
A cambio de eso, lo que puede suceder es un posible acortamiento de la pena, o de la expectativa en caso de ser condenado. Pero la información que brinde el imputado tiene que ser comprobada dentro del año.
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