
Cuatro integrantes del Grupo de Intervención Rápida (GIR)de la Policía de Corrientes fueron condenados a 10 años de prisión por su responsabilidad en la muerte de Lautaro Alexander Rosé, un joven de 18 años que se ahogó en el río Paraná durante una persecución policial ocurrida en noviembre de 2021.
Según comunicó el Poder Judicial de esa provincia, el fallo, dictado por el Tribunal Oral Penal 1 de Corrientes, sentenció a los policías Carlos Alberto Prieto, Sergio Iván Barberán Robledo, Omar Guillermo Aguirre y Maximiliano Leonel Romero por el delito de "abandono de persona agravado por el resultado de muerte".
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Hasta tanto la sentencia adquiera firmeza, el Tribunal ordenó a los condenados a cumplir medidas de conducta, entre ellas: fijar domicilio, presentarse mensualmente ante los estrados y abstenerse de salir de la provincia sin autorización judicial.
Todo ocurrió en la madrugada del 8 de noviembre de 2021. Ese día, la víctima y su amigo Ismael Meza se habían acercado a la zona de la Costanera por los festejos del Día del Empleado Municipal. Después de la medianoche, tras varios incidentes y peleas, un grupo de policías fue enviado al lugar.
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La llegada de la policía del GIR provocó que muchos presentes escaparan, incluidos los dos amigos, quienes fueron perseguidos por los oficiales. Durante la huida, ambos se dirigieron a la playa Arazaty, treparon el alambrado del Club Boca Unidos y alcanzaron una zona de barrancas y escombros. Allí, nuevamente interceptados por los efectivos, recibieron disparos con postas de goma, lo que los llevó a lanzarse al río.
Lautaro, que no sabía nadar, pidió auxilio en reiteradas ocasiones. Su acompañante también solicitó ayuda, pero los policías continuaron disparando y apuntando con linternas hacia el agua. Meza logró llegar a la costa, donde fue golpeado por los agentes y amenazado para que no contara lo que había ocurrido.
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Los policías lo entregaron posteriormente a otra patrulla, pero los jefes de guardia de la comisaría se negaron a recibirlo sin un acta y un examen médico debido a los golpes que presentaba. Finalmente, Meza fue liberado.
En el lugar donde Lautaro desapareció, se encontraron sus zapatillas y cartuchos de postas antitumultos, señalados como evidencia del accionar de la Policía. La muerte de Lautaro desencadenó manifestaciones de familiares y amigos que exigieron justicia durante más de cuatro años.
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El proceso judicial concluyó de manera controvertida debido a que el fiscal Carlos Lértora se negó a acusar a los seis policías que habían sido procesados, lo que permitió la absolución de dos de ellos de los delitos de apremios ilegales e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
De acuerdo con el comunicado de la Justicia correntina, el Tribunal resolvió absolver al agente Juan Daniel Aveiro del mismo delito por el que había sido acusado, al considerar que existía insuficiencia probatoria.
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También fue absuelto Vicente Manuel Pruyas Suárez, quien estaba imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por el mismo motivo.
“En igual sentido, se dispuso la absolución de los condenando en relación a los delitos de apremios ilegales e incumplimiento de los deberes de funcionario público, debido a la falta de acusación fiscal”, indicó la Justicia.
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Durante la audiencia, la querella, representada por el abogado Hermindo González, solicitó penas de 20 años de prisión para los otros cuatro agentes y la detención inmediata de los acusados.
González sostuvo que “la decisión del fiscal Lértora de no acusar impidió que los policías fueran condenados por los delitos de apremios ilegales e incumplimiento de los deberes de funcionario público” y remarcó que, de no haber intervenido la familia como querellante, el caso habría quedado impune.
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Finalmente, se estableció que los fundamentos del fallo estarán disponibles el 27 de marzo.
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