Este lunes pasado el mediodía había una serie de situaciones extrañas en la fiscalía federal a cargo de Jorge Di Lello. La gente que trabaja allí iba y venía. Cuando terminó el horario de atención al público, a las 13:30, el movimiento en la fiscalía –que suele disminuir– no cesaba.
Empleados de otras fiscalías –están todas en el quinto piso del edificio de Comodoro Py– comenzaron a retirarse. Pero en la 1 no sucedía lo mismo. El fiscal, cuando fue consultado por este cronista, aseguró que no pasaba nada. Uno de sus colaboradores más cercanos dijo lo mismo.
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Pero algo fuera de la común estaba sucediendo. A las 13:45 ingresó a la fiscalía una pareja de jóvenes –que había llegado unos minutos antes– con equipos de filmación. Una cámara, un trípode y otros elementos necesarios para hacer una grabación en video. Esa era un señal inequívoca de que algo poco habitual estaba por pasar.
Faltaban diez minutos para las dos de la tarde cuando, de traje azul y acompañado por tres personas, llegó hasta la fiscalía de Di Lello nada menos que el jefe de la Policía Federal Argentina, comisario general Néstor Roncaglia. El arribo de la máxima autoridad policial era otro indicio de que iba a suceder algún hecho inusual.
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Roncaglia salió de la fiscalía, se dirigió a los ascensores y volvió minutos después. Lo acompañaban Gonzalo Cané, secretario de Cooperación del Ministerio de Seguridad de la Nación y un jefe de la Unidad Federal de Investigaciones Especiales de la policía. Junto a los hombres de traje caminaba un hombre de camisa rosada y jeans que portaba una carpeta negra en sus manos. Era Alejandro Vandenbroele.
Investigado como testaferro de Amado Boudou en la causa por el enriquecimiento ilícito del ex vicepresidente, Vandenbroele había sido citado a indagatoria por formar parte de una asociación ilícita. Esa organización estaba comandada por Boudou, su amigo y socio José María Núñez Carmona y uno de sus integrantes es Vandenbroele. Así lo determinó el viernes 3 de noviembre el juez Ariel Lijo, quien tiene a su cargo ese expediente.
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Di Lello es fiscal de ese caso y también de la parte del Caso Ciccone que aún no fue a juicio oral y público y de la investigación del millonario negociado entre la provincia de Formosa y la empresa The Old Fund que para la justicia es de Boudou. En todos esos expedientes interviene Lijo, quien ayer hizo lugar al pedido de Vandenbroele de ingresar al Programa de Protección de Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia de la Nación. El equipo de grabación había llegado porque los testimonios de los arrepentidos deben ser registrados para evitar posibles tergiversaciones de los testimonios.
Exactamente a las 14 de ayer Vandenbroele llegó a la fiscalía de Di Lello. Pero antes hubo un pequeño paso de comedia judicial. La puerta de la fiscalía de Di Lello está separada por una columna de la entrada a la fiscalía a cargo de Carlos Rívolo.
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Rívolo había ido al baño y cuando regresaba a su oficina vio venir a un grupo de gente. Saludó a Roncaglia y a Cané y también a Vandenbroele.
Rívolo fue el primer fiscal que tuvo el Caso Ciccone cuando comenzó allá por 2012. Al fiscal lo desplazaron de la investigación luego de haber pedido el allanamiento del departamento propiedad de Boudou y que ocupó Vandenbroele en el edificio River View de Puerto Madero. Luego de un virulento soliloquio de Boudou en la Semana Santa de 2012 fueron desplazados de la investigación Rívolo y el juez Daniel Rafecas que había ordenado aquel allanamiento. Producto de los dichos de Boudou en su defensa, la por entonces presidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner echó a Esteban Righi, a quien Néstor Kirchner había puesto al frente de la Procuración General de la Nación.
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El cruce entre Rívolo y Vandenbroele duró segundos. Pero al finalizar a ambos se les dibujó una sonrisa. El fiscal, que dedujo que Vandenbroele iba a colaborar como arrepentido con las investigaciones judiciales en curso, le extendió la mano y le dijo, palabras más palabras menos: "Esto debió haber sucedido antes, conmigo".
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