Alejandro Vandenbroele, acusado de ser el testaferro de Amado Boudou en la causa Ciccone, pidió este lunes ingresar al Programa de Protección de Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia de la Nación, en donde se espera que brinde detalles de las operaciones en las que participó.
A partir de esto, el Ministerio de Justicia, a cargo de Germán Garavano, informó que "se dispusieron las medidas de seguridad pertinentes para brindarle protección (a Vandenbroele) de acuerdo a las particularidades del caso". Sin embargo, advirtieron que no se brindarán "más detalles para no poner en riesgo la integridad del testigo".
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En diálogo con Infobae, Juan José Benítez, subsecretario de Política Criminal, explicó que están en "una etapa provisoria" del Programa porque se "está evaluando el riesgo y las posibilidades de adaptación" de Vandenbroele a los dispositivos de seguridad.
Si bien no quiso dar detalles de qué medidas se tomarán, contó cuáles son las opciones posible en estos casos: "Se pueden aplicar desde relocalizaciones hasta otra identidad, custodias personales fijas o móviles, monitoreos satelitales. Hay un abanico que fuimos desarrollando en estos años que tomamos la gestión del programa".
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En un comunicado, la cartera judicial también aclaró que "el ingreso al programa es voluntario y la permanencia en el mismo exige el cumplimiento de las condiciones fijadas por las autoridades". Vandenbroele fue a la fiscalía federal N°1, a cargo de Jorge Di Lello, y el juez federal Ariel Lijo le hizo lugar a su pedido.
En esta dependencia están radicadas las causas en las que Vandenbroele está imputado: el caso Ciccone, la asociación ilícita por la que fueron detenidos Boudou y José María Núñez Carmona hace unos días, y el negocio entre la empresa The Old Fund y la provincia de Formosa.
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Esta última causa sería en la que hablaría el supuesto testaferro. Podría complicar a un empresario y a funcionarios de la provincia norteña involucrados en la trama. La cadena de responsabilidades termina en el gobernador Gildo Insfrán, un "enemigo" del Gobierno. Lo que se investiga es el pago de $7.667.161 a The Old Fund.
Las primeras reacciones de los involucrados llegaron por el lado de José María Núñez Carmona: "Alejandro va a escupir para arriba", dicen en su entorno.
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El sistema de Protección, creado por ley 25.764, se encuentra dirigido a testigos e imputados que hubiera realizado un aporte trascendente a una investigación judicial de competencia federal vinculada a delitos de delincuencia organizada o de violencia institucional, y que como consecuencia de él, se encuentren en una situación de riesgo.
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