La asesora jurídica de Fuerza Popular, Giulliana Loza, rechazó las denuncias penales anunciadas por el equipo legal de Juntos por el Perú contra dirigentes fujimoristas y otras autoridades por una presunta conspiración para retirar del cargo al expresidente Pedro Castillo antes de su vacancia en diciembre de 2022 tras el fallido golpe de Estado. La defensa legal calificó las acusaciones como “absurdas” y aseguró que no existe sustento jurídico para imputar delitos relacionados con un supuesto quebrantamiento del orden constitucional.
En declaraciones ante la prensa, Giulliana Loza afirmó que Fuerza Popular aún no ha sido notificado formalmente sobre las denuncias y que tomaron conocimiento del caso a través de los medios de comunicación. “Es absurda y ridícula jurídicamente”, sostuvo la abogada al referirse a las acusaciones impulsadas por el equipo legal de Juntos por el Perú, integrado por José Domingo Pérez y Roy Mendoza. “Sabemos de dos denuncias que se habrían presentado contra integrantes de Fuerza Popular. Nosotros no hemos sido notificados aún”, agregó.
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Cuestionan acusaciones de JP
La representante legal de Fuerza Popular cuestionó especialmente que se pretenda vincular a miembros del partido con un supuesto delito relacionado con alzamiento en armas. Según indicó, las acusaciones carecen de coherencia jurídica y no existirían elementos que acrediten una participación en hechos de esa naturaleza durante la crisis política ocurrida en 2022.
“¿Se prestaron para alzar en armas? ¿Fomentaron el alzamiento en armas? ¿En qué momento?”, expresó Loza ante los medios. También cuestionó la intervención de la Policía Nacional durante la detención de Pedro Castillo tras el intento de disolución del Congreso. “¿En qué momento la PNP que detuvo a una persona en flagrancia estuvo fomentando el alzamiento en armas y el quebrantamiento del orden constitucional? Como verán, es ridícula a todas luces”, añadió.
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El equipo legal de Juntos por el Perú anunció que presentará denuncias penales contra diversas figuras políticas y autoridades que habrían participado, según su versión, en una conspiración para retirar del poder a Castillo antes de la vacancia presidencial. Entre los mencionados figuran Miguel Torres, la congresista Rosangella Barbarán, el legislador José Williams, el excomandante general de la PNP Raúl Alfaro y la fiscal suprema Patricia Benavides.
Fuerza Popular evalúa acciones legales
Giulliana Loza sostuvo además que las denuncias responderían a una utilización política del sistema de justicia y consideró que se busca afectar la imagen de dirigentes vinculados al fujimorismo. En ese sentido, señaló que Fuerza Popular evaluará iniciar acciones legales si consideran que existe una imputación falsa o maliciosa.
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“Si aquí cabe la posibilidad de denunciarlos por denuncia calumniosa, pues lo haremos”, declaró en entrevista con Exitosa. Añadió que el partido hará respetar “los derechos de cada uno de ellos y la imagen y la honra de los integrantes de Fuerza Popular”.
La abogada insistió en que primero revisarán formalmente las denuncias cuando sean notificadas por las autoridades correspondientes. No obstante, adelantó que ejercerán la defensa legal de todos los involucrados y reiteró que, desde su perspectiva, las acusaciones presentadas carecen de fundamento penal y constitucional.
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