El Ministerio Público logró evitar la prescripción del denominado caso “Las Gardenias”, proceso vinculado al asesinato y secuestro de ocho personas de la comunidad LGTBIQ+ ocurrido el 31 de mayo de 1989 en Tarapoto, y solicitó cadena perpetua contra Víctor Polay Campos y otros integrantes de la cúpula del MRTA. La información fue confirmada por el fiscal adjunto superior Telmo Morales durante una entrevista con Exitosa.
Según explicó el representante de la Fiscalía, la acusación fiscal no solo abarca el caso “Las Gardenias”, sino también otros tres asesinatos ocurridos en 1990, 1991 y 1992. De acuerdo con la investigación, todos los hechos tendrían un mismo patrón: las víctimas pertenecían a la comunidad LGTBIQ+ y habrían sido atacadas como parte de una política de “limpieza social” impulsada por el MRTA.
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“Advertimos que existe un patrón violatorio de los derechos humanos”, sostuvo Morales para el citado medio. El fiscal añadió que los hechos fueron cometidos “de forma sistemática” y que las víctimas habrían sido sometidas a ejecuciones extrajudiciales mediante disparos de arma de fuego.
Terrorismo no puede prescribir
Durante la entrevista, Morales explicó que la defensa de Polay Campos buscaba que el delito de terrorismo agravado fuera considerado un delito común para lograr su prescripción. Sin embargo, el Ministerio Público argumentó que este tipo de actos no puede quedar impune debido a la gravedad de las violaciones cometidas.
“Hemos sustentado que el terrorismo como tal no puede ser considerado como un delito común”, afirmó el fiscal. Añadió que estos hechos vulneran “derechos inderogables” como la vida, la libertad, la integridad y la identidad de género, razón por la cual la Fiscalía defendió que el caso continúe en proceso judicial pese al tiempo transcurrido desde los hechos.
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En ese contexto, el Ministerio Público solicita cadena perpetua para Víctor Polay Campos y los miembros del Comité Central del MRTA. “Para este hecho concreto del caso Gardenias y los otros tres asesinatos más, la pena de cadena perpetua para el señor Víctor Polay Campos y los integrantes del Comité Central del MRTA”, declaró Morales para Exitosa.
Juicio oral iniciará en junio
El fiscal recordó que el líder terrorista ya cumplió una condena previa de 35 años por terrorismo y homicidio calificado en el denominado megaproceso contra el MRTA. No obstante, precisó que el exlíder terrorista continúa recluido debido a una medida de prisión preventiva de 18 meses dictada específicamente por el caso “Las Gardenias”.
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“Él actualmente se encuentra cumpliendo una medida de prisión preventiva por dieciocho meses, la misma que vencerá en junio del próximo año”, indicó Morales. Asimismo, confirmó que el juicio oral comenzará el próximo 17 de junio.
El representante del Ministerio Público señaló además que las investigaciones continúan recopilando pruebas documentales y testimoniales para acreditar la existencia de una política de persecución contra personas LGTBIQ+. Entre las evidencias analizadas figura una publicación atribuida al MRTA en un semanario de 1988, donde se hacía referencia a un supuesto plan de “limpieza social”, el cual luego habría sido ejecutado en los asesinatos investigados.
Fiscalía recopila testimonios
Morales indicó que la Fiscalía también viene reuniendo testimonios de personas que conocieron a las víctimas, así como documentos que acreditan las circunstancias de sus muertes. “Estamos recopilando medio de prueba documental relacionada justamente a demostrar y acreditar la existencia de esta política, de este plan de limpieza social”, explicó.
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Asimismo, sostuvo que el patrón identificado en los cuatro casos investigados muestra similitudes en la forma de ejecución. Según precisó, todas las víctimas habrían sido asesinadas con proyectiles de arma de fuego en ataques atribuidos a integrantes del MRTA.
Finalmente, el fiscal se refirió a la denuncia presentada por Víctor Polay Campos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado peruano por una supuesta vulneración de sus derechos fundamentales. Morales afirmó que el exlíder emerretista ha tenido acceso pleno a su defensa y participación en los procesos judiciales. “En ningún momento se ha advertido algún tipo de arbitrariedad o irregularidad”, aseguró.
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