El contrato de transporte utilizado por la ONPE durante la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026 vuelve a quedar bajo observación. Un informe de la Contraloría General de la República cuestiona la aprobación de prestaciones adicionales vinculadas al repliegue de material y equipos informáticos electorales, al advertir que estas fueron tramitadas sin sustento técnico, legal ni económico suficiente.
Según el Informe de Control Específico N.° 8536-2026-CG/JUSPE-SCE, funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales aprobaron modificaciones al contrato principal suscrito con Servicios Generales Galaga S.A.C. entre el 7 y el 9 de abril de 2026, en plena etapa final del proceso electoral. El punto más sensible es el incremento del precio unitario para el traslado de equipos informáticos: de S/ 0,60 por kilogramo a S/ 6 por kilogramo.
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La Contraloría sostiene que ese cambio representó un incremento de 900 % respecto de lo previsto en el contrato original y que no se acreditó de manera suficiente la estructura de costos ni el sustento presentado por el contratista.
El repliegue de 5.441 equipos informáticos
El informe detalla que la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral había solicitado el repliegue de 5.441 equipos informáticos electorales asignados a una jornada de capacitación. Estos equipos debían ser trasladados desde locales de votación hacia la sede de la Gerencia de Gestión Electoral en Lurín, para luego ser preparados y utilizados en la jornada electoral.
El requerimiento original estaba asociado a equipos empleados en actividades previas al día de votación. Sin embargo, la Contraloría advierte que parte del servicio de repliegue ya se había ejecutado antes de que se tramitara formalmente la prestación adicional.
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De acuerdo con el documento, el contratista realizó el repliegue desde el 5 de abril de 2026, mientras que la solicitud de prestación adicional fue impulsada mediante un informe del 7 de abril y tramitada posteriormente. Para el órgano de control, ello evidencia que no se trató de una necesidad sobreviniente, sino del reconocimiento económico de un servicio que ya había sido prestado.
La observación es clave porque las prestaciones adicionales, según la normativa de contratación pública, deben responder a necesidades indispensables para cumplir la finalidad del contrato. En este caso, la Contraloría considera que la ONPE no justificó adecuadamente por qué correspondía modificar las condiciones contractuales ni por qué el nuevo precio era razonable.
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Lea el informe de la Contraloría AQUÍ
De S/ 0,60 a S/ 6 por kilogramo
Uno de los hallazgos centrales está en la variación del precio unitario. El contrato original contemplaba un costo de S/ 0,60 por kilogramo para el repliegue de material, equipos informáticos e implementos desde oficinas descentralizadas y locales de votación hacia las sedes correspondientes.
Sin embargo, en la prestación adicional vinculada al traslado de los 5.441 equipos informáticos, se consideró un precio de S/ 6 por kilogramo. La Contraloría indica que este cálculo se hizo sin adjuntar la estructura de costos, el sustento del contratista ni las coordinaciones necesarias para acreditar el nuevo valor.
El informe señala que el requerimiento incluyó un archivo con el detalle de rutas y el cálculo del peso total de los equipos, estimado en 27.950,99 kilogramos, además de un volumen de 167,33 metros cúbicos. Con esos datos, se calculó un precio total de S/ 167.705,94 para el repliegue.
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Para el órgano de control, el problema no está solo en el monto, sino en la ausencia de justificación. La Contraloría sostiene que el cálculo del costo de la prestación adicional no acreditó una razón objetiva que explicara por qué el precio debía multiplicarse por diez frente al contrato principal.
Rutas, camiones y contingencias sin sustento
El informe también cuestiona otras prestaciones adicionales aprobadas en el mismo periodo. Entre ellas, la incorporación de dos camiones de 60 metros cúbicos por 20 días para labores de carga y descarga, así como la adición de 25 rutas a las 400 ya programadas para la etapa de despliegue y repliegue de material electoral.
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Además, se solicitó sumar 10 unidades vehiculares de contingencia, cinco de pasajeros y cinco de carga, para el periodo del 10 al 13 de abril de 2026. La Contraloría advierte que estos requerimientos no contaban con análisis técnico ni documentación que acreditara su necesidad indispensable.
El informe atribuye participación en este bloque a funcionarios de la Subgerencia de Producción Electoral, la Gerencia de Gestión Electoral, la Subgerencia de Logística, la Gerencia de Asesoría Jurídica y la Gerencia de Administración. Según el órgano de control, estas áreas intervinieron en la tramitación, opinión legal y aprobación de las prestaciones adicionales.
La Contraloría concluye que la ONPE aprobó modificaciones que alteraron las condiciones originales del contrato y generaron un beneficio económico al contratista sin que exista sustento suficiente. Por ello, este tercer bloque del informe no apunta al retraso visible en las mesas ni a la licitación inicial, sino a lo que ocurrió después: decisiones administrativas que elevaron costos y ampliaron servicios en medio de una operación electoral que ya venía bajo presión.
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