La publicación del más reciente informe de la Contraloría General de la República abrió una nueva controversia sobre el desarrollo de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026 en Perú. El documento identifica presuntas responsabilidades penales y administrativas en funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales por decisiones vinculadas a la contratación del servicio de transporte y a la distribución de equipos informáticos electorales en Lima Metropolitana.
La investigación de la Contraloría expone una cadena de acciones dentro de distintas áreas de la ONPE que, según el órgano de control, afectó el funcionamiento del proceso electoral del 12 de abril. Entre las consecuencias detectadas figura la demora en la instalación de mesas de sufragio y la afectación del derecho al voto de más de 55 mil ciudadanos.
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El informe también describe observaciones en la fase de contratación del servicio logístico para el despliegue y repliegue de materiales electorales. La Contraloría sostiene que existieron modificaciones de criterios durante la evaluación de propuestas, además de aprobaciones económicas sin respaldo técnico suficiente.
El Informe de Control Específico n.° 8536-2026-CG/JUSPE-SCE detalla que funcionarios de la Subgerencia de Producción Electoral y de la Gerencia de Gestión Electoral formularon términos de referencia sin precisar la cantidad real de vehículos necesarios para el traslado de material electoral y equipos informáticos.
Quiénes son los funcionarios comprendidos en el informe
De acuerdo con el Apéndice N.° 1 del informe de la Contraloría, las personas comprendidas en los hechos observados y con responsabilidad penal son:
- Piero Alessandro Corvetto Salinas, exjefe de la ONPE;
- José Edilberto Samamé Blas, gerente de Gestión Electoral;
- Juan Antonio Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral;
- Roberto Carlos Montenegro Vega, gerente de Informática y Tecnología Electoral;
- Jesús Alberto Félix Atúncar, subgerente de Infraestructura y Seguridad Tecnológica;
- Yuvitza Milagros Aquila Ticona, subgerenta de Logística;
- Juan Enrique Pesarán Uribe, gerente de Asesoría Jurídica; y
- Edward Eloy Alvarado González, gerente de Administración.
La relación también incluye a Lilia Flores Bancho y William Martín García Velásquez, quienes participaron como evaluadores en la fase de selección del proceso de contratación.
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Tras identificar presuntas responsabilidades en diez funcionarios y servidores públicos de la ONPE, la Contraloría recomendó al titular del organismo electoral iniciar las acciones necesarias para determinar responsabilidades administrativas y funcionales.
El informe también recomienda a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios el inicio de acciones penales contra los involucrados.
Asimismo, la Contraloría dispuso comunicar los hallazgos a la Junta Nacional de Justicia para que evalúe las medidas correspondientes dentro de sus competencias institucionales.
ONPE anuncia acciones internas
Mediante un comunicado, la ONPE confirmó que ha recibido el informe de la Contraloría sobre la contratación del servicio de transporte y distribución de material electoral en Lima Metropolitana y Callao para las Elecciones Generales 2026.
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Ante los hallazgos, la Gerencia General de la ONPE dispuso que la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios inicie las acciones correspondientes para determinar las responsabilidades de los funcionarios y servidores públicos mencionados. El informe, compuesto por 5.578 hojas en 14 tomos, fue recibido por la entidad el pasado 25 de mayo.
Reprogramación de rutas, retrasos y prestaciones adicionales bajo observación
En el informe de la Contraloría también se examinó las decisiones tomadas en los días previos a la jornada electoral, vinculadas al traslado de equipos informáticos, la reprogramación de rutas y la aprobación de prestaciones adicionales para el servicio logístico.
Según el informe, el 11 de abril, a las 16:28 horas, funcionarios responsables aprobaron la reprogramación de 43 rutas asociadas a 553 locales de votación y 8261 mesas de sufragio, operación que involucraba a 2 453 791 electores de Lima Metropolitana y Callao.
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El órgano de control determinó que el tiempo asignado para cada ruta era de entre tres horas y media y cuatro horas, pese a que el traslado requería al menos ocho horas. Como resultado, los equipos y materiales llegaron tarde a 3605 mesas de sufragio y otras 187 no lograron instalarse durante la jornada electoral del 12 de abril. Según la Contraloría, esta situación afectó el derecho al voto de 55 261 electores.
Según el órgano de control, esos equipos fueron destinados posteriormente al proceso electoral como medida de contingencia, aunque no existieron acciones suficientes para cubrir la demanda restante ni observaciones frente al impacto que esa medida tendría sobre el cronograma operativo.
El informe también observa prestaciones adicionales aprobadas entre el 7 y el 9 de abril de 2026, entre ellas el incremento de rutas, unidades vehiculares de contingencia y la variación del precio unitario para el repliegue de equipos informáticos.
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En ese punto, la Contraloría precisa que el valor pasó de S/ 0.60 a S/ 6.00 por kilogramo para el traslado de 5441 equipos informáticos desde locales de votación hacia el local de Lurín, lo que representó un aumento de 900 % respecto del contrato original.
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