La publicación del más reciente informe de la Contraloría General de la República abrió una nueva controversia sobre el desarrollo de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026 en Perú. El documento identifica presuntas responsabilidades penales y administrativas en funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales por decisiones vinculadas a la contratación del servicio de transporte y a la distribución de equipos informáticos electorales en Lima Metropolitana.
La investigación de la Contraloría expone una cadena de acciones dentro de distintas áreas de la ONPE que, según el órgano de control, afectó el funcionamiento del proceso electoral del 12 de abril. Entre las consecuencias detectadas figura la demora en la instalación de mesas de sufragio y la afectación del derecho al voto de más de 55 mil ciudadanos.
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El informe también describe observaciones en la fase de contratación del servicio logístico para el despliegue y repliegue de materiales electorales. La Contraloría sostiene que existieron modificaciones de criterios durante la evaluación de propuestas, además de aprobaciones económicas sin respaldo técnico suficiente.
El Informe de Control Específico n.° 8536-2026-CG/JUSPE-SCE detalla que funcionarios de la Subgerencia de Producción Electoral y de la Gerencia de Gestión Electoral formularon términos de referencia sin precisar la cantidad real de vehículos necesarios para el traslado de material electoral y equipos informáticos.
Según la Contraloría, las áreas responsables conocían que el proceso requería al menos 68 vehículos propios y una disponibilidad total de 400 unidades. Sin embargo, esa información no apareció de manera exacta en la documentación técnica utilizada para la contratación.
El órgano de control también detectó irregularidades durante la evaluación de propuestas. Evaluadores de la ONPE aplicaron un criterio no contemplado en los términos de referencia al reducir en dos metros la longitud de los vehículos ofertados por uno de los postores. Esa decisión alteró el cálculo de la capacidad mínima exigida.
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La Contraloría sostiene que esa evaluación permitió adjudicar la buena pro por S/ 6 368 332.75 a una propuesta económica superior en S/ 168 148.19 frente a otra oferta participante. El informe agrega que seis vehículos del postor ganador recibieron una valoración favorable pese a consignarse información inexacta sobre su capacidad de carga.
El documento precisa que el proveedor adjudicado ejecutó el servicio principalmente con unidades de terceros. De acuerdo con la investigación, 437 vehículos utilizados correspondieron a terceros, equivalentes al 92 % del total empleado, mientras solo 40 unidades eran propias.
Reprogramación de rutas y retrasos en la entrega
La Contraloría también examinó las decisiones tomadas durante los días previos a la jornada electoral. El informe señala que funcionarios de la Subgerencia de Infraestructura y Seguridad Tecnológica, la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral, la Subgerencia de Producción Electoral y la Gerencia de Gestión Electoral autorizaron el traslado de equipos utilizados en una capacitación electoral realizada el 5 de abril de 2026.
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Según el órgano de control, esos equipos fueron destinados posteriormente al proceso electoral como medida de contingencia, aunque no existieron acciones suficientes para cubrir la demanda restante ni observaciones frente al impacto que esa medida tendría sobre el cronograma operativo.
El informe indica que el 11 de abril, a las 16:28 horas, funcionarios responsables aprobaron la reprogramación de 43 rutas vinculadas a 553 locales de votación y 8261 mesas de sufragio. Esa operación involucraba a 2 453 791 electores de Lima Metropolitana y Callao.
La Contraloría determinó que el tiempo asignado para cada ruta se ecnontraba entre tres horas y media y cuatro horas, pese a que el traslado requería al menos ocho horas. El documento sostiene que los responsables conocían que la reprogramación no garantizaba la entrega puntual del material electoral.
Como resultado, el despliegue de equipos y materiales llegó tarde a 3605 mesas de sufragio. Además, 187 mesas no lograron instalarse durante la jornada electoral del 12 de abril. La Contraloría concluye que esa situación afectó el derecho de sufragio de 55 261 electores de Lima Metropolitana.
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Prestaciones adicionales bajo observación
Otro punto examinado por la Contraloría corresponde a prestaciones adicionales aprobadas entre el 7 y el 9 de abril de 2026. El informe atribuye responsabilidad a funcionarios de la Subgerencia de Producción Electoral, la Gerencia de Gestión Electoral, la Subgerencia de Logística, la Gerencia de Asesoría Jurídica y la Gerencia de Administración.
La investigación señala que dichas áreas tramitaron y aprobaron prestaciones adicionales por S/ 650 205.94 vinculadas al contrato principal de transporte electoral sin sustento técnico ni legal suficiente.
Entre las modificaciones observadas figura el incremento de rutas y de unidades vehiculares de contingencia. El informe también cuestiona la variación del precio unitario para el servicio de repliegue de equipos informáticos.
La Contraloría precisa que el valor pasó de S/ 0.60 por kilogramo a S/ 6.00 por kilogramo para el traslado de 5441 equipos informáticos desde locales de votación hacia el local de Lurín. El órgano de control indica que esa diferencia representó un aumento de 900 % respecto del contrato original.
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Tras identificar presuntas responsabilidades en diez funcionarios y servidores públicos de la ONPE, la Contraloría recomendó al titular del organismo electoral iniciar las acciones necesarias para determinar responsabilidades administrativas y funcionales.
El informe también recomienda a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios el inicio de acciones penales contra los involucrados.
Asimismo, la Contraloría dispuso comunicar los hallazgos a la Junta Nacional de Justicia para que evalúe las medidas correspondientes dentro de sus competencias institucionales.
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